CCOO Canarias alerta de que el acceso a la vivienda se ha convertido en una auténtica emergencia social para las personas trabajadoras del archipiélago. Los últimos datos del Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA) muestran que los nuevos contratos de alquiler continúan creciendo a un ritmo muy superior al de los salarios, dificultando cada vez más el acceso a una vivienda digna y agravando las desigualdades sociales y territoriales.
Según el estudio elaborado por el Gabinete Económico Confederal de CCOO, entre 2015 y 2024 el precio de los nuevos contratos de alquiler en Canarias aumentó un 37,5%, mientras que los contratos ya existentes subieron un 22,8%. En ese mismo periodo, el salario medio creció un 24,5%.
Estos datos reflejan una realidad preocupante: los nuevos alquileres han aumentado 13 puntos porcentuales más que los salarios, situando a Canarias entre las comunidades autónomas donde más capacidad adquisitiva han perdido las personas trabajadoras frente al mercado del alquiler.
Además, el informe constata que los mayores incrementos se producen cuando finaliza un contrato y se firma uno nuevo. Es en ese momento cuando las familias trabajadoras afrontan los mayores "saltos" de precio, una situación que afecta especialmente a quienes necesitan emanciparse, cambiar de vivienda o renovar su contrato de arrendamiento.
Para CCOO Canarias, esta evolución evidencia que el mercado de la vivienda está expulsando progresivamente a una parte creciente de la población trabajadora de la posibilidad de acceder a una vivienda adecuada sin comprometer una proporción excesiva de sus ingresos.
"El problema de la vivienda ya no afecta únicamente a los colectivos más vulnerables. Cada vez más trabajadores y trabajadoras con empleo tienen dificultades para encontrar una vivienda asequible en las islas", señala CCOO Canarias.
La presión del alquiler se agrava en las zonas más tensionadas
La organización sindical advierte de que esta situación resulta especialmente grave en las áreas urbanas y turísticas del archipiélago, donde la presión de la demanda residencial convive con una oferta insuficiente de vivienda asequible y con la expansión de otros usos residenciales y turísticos que reducen la disponibilidad de vivienda habitual.
Esta realidad está dificultando la emancipación juvenil, aumentando los desplazamientos obligados hacia zonas más alejadas de los centros de empleo y elevando el riesgo de exclusión residencial para numerosas familias trabajadoras.
Ante esta situación, CCOO reclama una actuación decidida de todas las administraciones públicas para incrementar de forma sustancial la oferta de vivienda asequible.
Entre las medidas propuestas destaca la creación del Fondo de Inversión Público para la Vivienda Asequible (FIVA), impulsado por CCOO para movilizar ahorro privado, inversión institucional y recursos públicos destinados a la construcción y adquisición de vivienda protegida permanente.
El objetivo del FIVA es promover la creación de 50.000 viviendas asequibles al año, hasta alcanzar dos millones de viviendas públicas y asequibles durante la próxima década. Estas viviendas tendrían alquileres situados entre 7 y 11 euros por metro cuadrado, aproximadamente un 30% inferiores a los precios actuales del mercado.
Asimismo, CCOO defiende la movilización de suelo público para vivienda protegida, el mantenimiento permanente de la protección de las viviendas financiadas con recursos públicos y el fortalecimiento del parque público de alquiler como instrumento fundamental para garantizar el derecho a la vivienda.
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