Tras la Resolución 2797, de 31 de octubre de 2025, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativa a la situación del Sáhara Occidental, se han producido una serie de informaciones que afectan directamente a nuestro archipiélago y que, a mi parecer, han pasado algo desapercibidas.
Por un lado, la meritada resolución introduce un cambio significativo en el tratamiento del conflicto del Sáhara Occidental, toda vez que, por primera vez desde los años 1975-76 del siglo pasado, el Consejo señala que una autonomía genuina bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible, respaldando así la propuesta de región autónoma para nuestra antigua provincia que Marruecos presentó en 2007. No obstante, la resolución mantiene una ambigüedad deliberada, ya que, aunque considera creíble la opción marroquí, renueva la MINURSO, insta a continuar negociaciones sin condiciones previas y reafirma el principio de libre determinación del pueblo saharaui, dejando abierta la interpretación de cuál debe ser la solución final. Marruecos interpreta esta resolución como el abandono definitivo de la vía del referéndum y como un apoyo internacional a la integración del Sáhara como región autónoma marroquí, postura respaldada por Donald Trump y Pedro Sánchez, sin el consentimiento de las Cortes españolas. En cambio, el Frente Polisario rechaza esta lectura y sostiene que el referéndum de autodeterminación sigue siendo obligatorio conforme al derecho internacional.
A nuestro parecer, esto ha desatado la euforia marroquí, y es por ello que el país alauí vuelve a su vieja intención de extender su zona económica exclusiva (ZEE) y plataforma continental (PC) desde el Sáhara Occidental para, de ese modo, entre otras cosas, proyectar derechos sobre el Monte Trópic, situado al suroeste de las Islas Canarias. Un enclave submarino cuya importancia no es menor: según un reciente informe científico elaborado en China, en él se concentra aproximadamente el 5% de las reservas de telurio del planeta, además de otros metales estratégicos esenciales para la industria tecnológica y la transición energética.
España siempre ha mantenido una postura respetuosa con el derecho internacional, hasta la llegada de Pedro Sánchez al poder y su decantación por los intereses de Marruecos que, en principio, chocarían de forma grave con los de España y Canarias. En esta línea, en el 38.º período de sesiones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), celebrado en Nueva York del 20 de julio al 4 de septiembre de 2015, España presentó su proyecto para ampliar la plataforma continental al oeste de las Islas Canarias hasta las 350 millas náuticas, conforme al artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, tratado internacional ratificado tanto por España como por Portugal y Marruecos. Nuestro país reconoció que esta ampliación podía generar dos solapamientos marítimos: al norte, con Portugal, por la proyección de Madeira; y al sur, con el Sáhara Occidental. El representante español, José Martín y Pérez de Nanclares, subrayó que el Sáhara Occidental es un Territorio No Autónomo en proceso de descolonización. Por ello, España declaró su disposición a negociar una solución equitativa con Portugal y con la entidad que ejerza la soberanía efectiva sobre el Sáhara Occidental una vez finalizado dicho proceso.
Desde Canarias resulta incomprensible que el presidente Pedro Sánchez adoptara la postura marroquí sobre el Sáhara Occidental sin debate previo en las Cortes, tratándose de una decisión de gran trascendencia nacional. Además, esta postura se toma en un contexto en el que Canarias afronta una fuerte presión migratoria y mantiene una excesiva dependencia del turismo, sector trascendental para nosotros y que además debemos seguir mimando y ciudadano, por así decirlo. Antes de asumir un cambio tan relevante, debió considerarse que recursos como el telurio del Monte Trópic podrían ofrecer a España y a Canarias una oportunidad económica estratégica, capaz de diversificar nuestra economía y reducir vulnerabilidades. Sea como fuere, independientemente de quien resulte finalmente la potencia soberana en el Sahara Occidental, el gobierno de España deberá pelear por mantener, dentro de la legalidad internacional, la explotación máxima de recursos. Recordar, como ya he propuesto en alguna otra ocasión, que siempre se puede optar por el condominio, o sea, por explotar los recursos conjuntamente entre España y Marruecos y/o el Sahara Occidental
