Los cortijos de los políticos

"Yo pedí licencia hace años para poder arrancar parras viejas y poder plantar nuevas y pese al tiempo transcurrido, muchos años, no se da una respuesta. Los agricultores, que además pueden acogerse a subvenciones para la ...


"Yo pedí licencia hace años para poder arrancar parras viejas y poder plantar nuevas y pese al tiempo transcurrido, muchos años, no se da una respuesta. Los agricultores, que además pueden acogerse a subvenciones para la ...

"Yo pedí licencia hace años para poder arrancar parras viejas y poder plantar nuevas y pese al tiempo transcurrido, muchos años, no se da una respuesta. Los agricultores, que además pueden acogerse a subvenciones para la reestructuración de los viñedos, no pueden esperar tanto". Estas palabras las pronunció el ex alcalde de San Bartolomé, Miguel Martín, en julio de 2008. Se quejaba de la espera que tenían que soportar los agricultores, pero él, en ese momento concejal y ex alcalde de San Bartolomé, y presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Vino de Lanzarote, había decidido no esperar.

De hecho, cuando hizo estas declaraciones, ya había realizado importantes obras en una de sus fincas, ubicada en el Espacio Protegido de La Geria, y también había sido ya denunciado por el Seprona, en un procedimiento que acaba de terminar en una condena de un año y cinco meses de prisión.

En su caso, ni siquiera se trataba de "arrancar parras viejas". Según denunció el Seprona, Miguel Martín realizó excavaciones, desmonte de colada volcánica y movimientos de tierra. Además, construyó un muro para el que ni siquiera había pedido licencia y que, según subraya la sentencia, tampoco respetaba la estética de este paisaje natural protegido. Es decir, que hizo lo que le pareció oportuno, mientras a otros agricultores no se les permitía mover una piedra. En definitiva, lo que muchos cargos públicos de esta isla han hecho durante décadas en Lanzarote.

Algunos, incluso, lo siguen haciendo, a juzgar por el precinto que ha tenido que ordenar el Ayuntamiento de Teguise, en unas obras que se estaban realizando en La Graciosa. En este caso, además, sorprende especialmente el nombre de la dueña de la vivienda. Y es que después de su detención en el caso "Unión", donde está imputada por graves delitos, llama la atención que la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, se pusiera a construir una casa a la orilla del mar graciosero, sin contar con todos los permisos.

Según la denuncia que formuló la Policía Local, Déniz había pedido licencia para rehabilitar una casa protegida, pero lo que hizo fue derribarla, y empezar a levantar una nueva. Y la duda es: ¿le faltan conocimientos sobre las normas urbanísticas, pese a sus años como alcaldesa, o le sobra osadía?

En cualquier caso, lo suyo no es una excepción. Son muchos los políticos que han hecho prevalecer su particular derecho a "una vivienda digna". Otro de ellos, fue el propio Dimas Martín. Y es que además de la lista de delitos que tiene ya a sus espaldas, entre condenas e imputaciones en causas pendientes, el líder histórico del PIL tampoco se resistió a construirse una casa con piscina, pero sin licencia municipal ni calificación territorial, en suelo protegido del municipio de Yaiza.

La titular de la vivienda, eso sí, era su mujer, también imputada en el caso "Unión". Y es que Dimas, aunque la UCO, la Fiscalía y el juez César Romero Parampacuatro no se lo crean, es "insolvente", faltaría más. O al menos, eso alegó para no devolver el dinero malversado en el complejo agroindustrial.

Afortunadamente, en los últimos años, los tiempos de la impunidad parecen estar llegando a su fin. No significa que se haya desterrado la corrupción, pero sí al menos el tiempo de los cortijos y el descaro. Y es que además de los delitos que se han probado con distintas sentencias contra políticos como el propio Dimas Martín, el ex alcalde de Haría, Juan Ramírez, o el de Yaiza, José Francisco Reyes, la intervención de la Justicia también ha mostrado la desfachatez con la que muchos actuaban incluso en temas menores, pero que les afectaban directamente.

En el caso de esta última sentencia contra Miguel Martín, como ex alcalde, y todavía cargo público en ese momento, sabía perfectamente que no podía realizar esas obras en su finca. De hecho, aunque en el juicio se quejó de que había pedido licencia al Ayuntamiento de San Bartolomé y no le habían contestado en cuatro años, lo sorprendente y paradójico es que él era en ese momento el alcalde. ¿Qué les decía a los vecinos mientras él acometía obras sin licencia? ¿Les decía que esperaran a la aprobación del Plan Especial de La Geria?? ¿O que cada cual hiciera lo que quisiera en el municipio, sin esperar a permisos ni otros engorrosos trámites?

Una vez más, lo que se ponía sobre la mesa en este juicio es el modo de actuar que han tenido muchos políticos en esta isla. No se trata de un muro, ni de unos baños en Los Dolores. Se trata de creer que alguien puede estar por encima de la ley. Que quienes más obligación tienen de conocer las normas, de respetarlas y de dar ejemplo, son los primeros en incumplirlas. Y luego, encima, se presentan como víctimas.

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