Tenía sólo cinco años cuando las instituciones entraron en su vida. Entendieron que había motivos graves como para retirarle la custodia a sus padres. Le "rescataron" de ese entorno y le enviaron a un centro de menores. ...
Tenía sólo cinco años cuando las instituciones entraron en su vida. Entendieron que había motivos graves como para retirarle la custodia a sus padres. Le "rescataron" de ese entorno y le enviaron a un centro de menores. En teoría, la administración había "cumplido" su misión. Trece años después, tras saltar de centro en centro, Iván ha puesto en evidencia a todo el sistema.
Tiene un 40 por ciento de discapacidad, problemas psiquiátricos y epilepsia. Sin embargo, el mismo día en que cumplió 18 años, donde otros jóvenes hubieran tenido una gran fiesta y planes de futuro, él se encontró una puerta abierta para marcharse y muy pocas esperanzas. Desde entonces, duerme en la calle. Primero, en Las Palmas de Gran Canaria. Después, en Arrecife. Por último, en La Graciosa, donde al menos ha encontrado la caridad de los vecinos de la octava isla.
Ya no será un niño para la administración, pero los gracioseros cuentan que le sigue teniendo miedo a la oscuridad, y que pasa mucho tiempo jugando con los más pequeños. Y sobre todo, sigue necesitando alguien que se haga cargo de él. Que vigile que toma su medicación y que le dé un techo y, al menos, algo parecido a una vida digna.
Sin embargo, Iván está solo, en la calle, como un espejo que nos muestra nuestra peor cara. La peor cara del sistema, incapaz de dar respuesta a cuestiones vitales. Primero, de los Servicios Sociales en Gran Canaria, que tenían a su cargo a un niño desde que tenía cinco años y esperaron al último momento para ver qué iba a ser de él cuando cumpliera los 18. Sólo unos días antes de su cumpleaños, se dirigieron a los Juzgados para que determinaran su incapacidad, lo que les permitiría mantenerle ingresado, aunque ya en un "centro adaptado".
Segundo, de la Justicia. Y es que los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, donde se inició ese trámite, tardaron meses en emitir una resolución. Y lo peor es que, además, esa resolución se limitaba a decir que como Iván se ha mudado a Lanzarote (algo que alegaban saber porque lo habían visto en los medios de comunicación), el tema ya no era de su competencia, y deberían resolverlo los Juzgados lanzaroteños. Es decir, después de medio año, no habían resuelto absolutamente nada.
Finalmente, con bastante mayor celeridad, el Juzgado de Arrecife ha entendido que no hay argumentos para declarar incapaz a Iván y obligarle a ingresar en un centro. Pero en cualquier caso, la lentitud de la Justicia, tan cuestionada también en muchos otros temas, se vuelve en este caso intolerable. ¿Hay un chico que quizá no está capacitado para vivir solo y, sin embargo, los Juzgados de Gran Canaria consistieron que llevara seis meses viviendo en la calle mientras tomaban una decisión?
El tema, desde luego, no es fácil, pero la burocracia, las leyes y la incapacidad o la desgana para dar respuestas ágiles lo complican aún más. Y lo peor es que el de Iván no es un caso aislado. Como él, hay otros chicos que han pasado por lo mismo. Y de poco sirve que la administración intervenga asumiendo la tutela de un niño, si después no va a ser capaz de darle una vida digna.
Además de dejar en evidencia la lentitud de la Justicia y la actuación de los Servicios Sociales, el drama de Iván refleja también la incapacidad para dar respuesta a este tipo de situaciones. ¿Hasta qué punto se puede obligar a un adulto, por más que sólo tenga 18 años, a ingresar en un centro? Y además, ¿es eso lo único que se le puede ofrecer? ¿Encerrarle?
Evidentemente, es un dilema. El mismo que se plantea, por ejemplo, y salvando las distancias, con los drogodependientes que habitan las calles de Arrecife. En ese caso, lo único que se ha hecho "por ellos" es ir "echándoles de un sitio a otro", como denunciaba Sor Ana en el reportaje que publicaba la pasada semana La Voz de Lanzarote. Eso, y la hipocresía de mantener la ilegalización de las drogas, pero no evitar que se vendan. De hecho, todos saben dónde se venden. Y si no lo saben, que les pregunten a los vecinos que lo sufren a diario.
En los últimos años, muchos drogodependientes han muerto en la isla. La última víctima, por sobredosis, este mismo año. La más sangrante, porque además fue brutalmente asesinada, sin que su crimen haya tenido hasta ahora respuestas, Expedita. Quizá no fuera previsible un final tan espeluznante para ella, pero lo que sí era evidente es que cada día le rondaba la tragedia. Lo mismo que ahora le sucede a Iván, aunque por distintos motivos, y lo mismo que les sucede a muchos otros, como las personas que ocupan el terrible solar, ubicado junto a El Charco de San Ginés, que mostró La Voz la pasada semana.
Algunos de los que allí malviven son drogodependientes. Otros, según contó también Sor Ana, tienen problemas psiquiátricos. ¿Realmente no se puede hacer nada por ellos? ¿Realmente no se pudo hacer nada por Expedita? Ésa es la pregunta que debería hacerse una sociedad que es capaz de conmoverse cuando conoce una historia, cuando se enfrenta al rostro y a los ojos de una tragedia, pero que en cuanto puede mira para otro lado, o celebra que alejen el problema de la puerta de su casa.
