Estamos a punto de cerrar, desde el punto de vista judicial, una de las piezas emblemáticas de la Operación Unión. Quedan algunas jornadas en las que se dilucidará la participación y, en su caso, la culpabilidad de los acusados que no han llegado a acuerdos con la Fiscalía pero el relato ha quedado establecido negro sobre blanco por boca de los propios actores.
Me reitero: se cierra desde el punto de vista judicial, pero quedan otros flancos abiertos, quedan consecuencias pendientes de reparar.
En primer lugar, la recuperación de las cantidades saqueadas del ayuntamiento. Dinero que debió utilizarse en mejorar la calidad de vida de la gente de Arrecife y que fue a parar a bolsillos particulares.
Pero, con ser importante este aspecto, quedan aún consecuencias de mayor calado de las que todavía no ha terminado de recuperarse la capital de la isla.
Durante la instrucción del procedimiento, la necesaria presión de los órganos judiciales sobre muchos de los empleados públicos ha sido altísima. Durante varios meses los requerimientos de información, de copias de expedientes, fueron constantes y, además y como debía ser, con plazos perentorios para atenderlos.
No se trata tan solo del retraso que puede suponer para el trabajo cotidiano la atención de tales peticiones de los juzgados. Las consecuencias van más allá. Son muchas las personas que trabajan en el ayuntamiento que a lo largo de estos años me han hablado de su sensación de vértigo por lo que sucedía, de una cierta inseguridad, de un temor a participar inadvertidamente en algún procedimiento que viniera viciado de origen o que se culminara de manera anómala.
Es ingenuo pensar que un ayuntamiento que ve apartados judicialmente a su secretario, a su interventor y al jefe de su oficina técnica, pueda seguir trabajando con total normalidad. Sin hablar de los concejales que salieron esposados tan pronto estalló la operación.
Por mi condición de secretaria general de mi partido, tanto durante la pasada legislatura, con Manuel Fajardo Feo de alcalde, como con esta con José Montelongo y, sobre todo, con Eva de Anta, he tenido que seguir muy de cerca la actividad del ayuntamiento. He sido conocedora de primera mano de sus dificultades para gestionar ese legado infame que salpicó no solo la actividad de la institución, sino la moral, la seguridad y la confianza de su personal.
Salir de ese marasmo no está siendo fácil y, por eso, quienes han estado al frente del Ayuntamiento de Arrecife han gozado de mi respeto y mi apoyo, pues ha sido muy dura la tarea que han debido afrontar.
Hoy, ya no estamos ante hechos a probar en un juicio, nos encontramos frente a confesiones que dibujan un relato estremecedor de saqueo de lo público y que, en cierta medida, permiten alumbrar lo que sucederá en otras piezas referidas a determinadas obras públicas y contratos de servicios.
Hoy, ante esas certezas confirmadas, es el momento de recordar que la corrupción no solo se lleva por delante el dinero público sino que destroza también la vida de las instituciones y, lo más grave, la confianza de la ciudadanía.
María Dolores Corujo Berriel
Secretaria General del PSOE de Lanzarote
