Recientemente, en el Parlamento de Canarias, salió adelante una proposición no de ley donde el Partido Popular y Coalición Canaria pedían al Gobierno central que suspendan las acciones ejecutivas en contra de las edificaciones ...
Recientemente, en el Parlamento de Canarias, salió adelante una proposición no de ley donde el Partido Popular y Coalición Canaria pedían al Gobierno central que suspendan las acciones ejecutivas en contra de las edificaciones ilegales en las costas canarias. ¡Toma ya, el parlamento pidiendo que no se cumpla la ley!
Cada día me asombra más que todavía alguien pueda hacerlo peor en Canarias en el cumplimiento, en este caso, el incumplimiento de la ley. El caso como el que me ocupa y preocupa es la desvergüenza que parecen tener los parlamentarios del PP y de CC cuando se atreven a solicitar el incumplimiento de la ley, cuando se supone, y es mucho suponer, que a estos señores se les ha elegido para regir desde sus poltronas los destinos de estas islas cumpliendo fielmente el mandato de la ley.
Es cierto, que de forma general las proposiciones de ley que salen de los parlamentos no sirven, a efectos prácticos para nada ya que los primeros en descartarlas son los mismos que las redactan y aprueban. Pero sí que supone un planteamiento político de quienes las realizan y en ésta los grupos políticos del PP y CC se retratan claramente con lo que realmente piensan en cuanto a la aplicación de las leyes en Canarias: si algo no me gusta no propongo un cambio en la normativa, con el consiguiente coste político, no, nada de eso, simplemente solicito al gobierno que no se aplique tal o cual ley, que el juego sucio lo hagan otros.
En la proposición, en este caso, indecente, hablan de salvar las edificaciones con valores de tipo etnográfico, arquitectónico o socioeconómico. Y es en este apartado, el socioeconómico, donde se me viene a la cabeza los grandes hoteles construidos muchos de ellos en las mismas playas y con enormes déficit de legalidad, cuando no con sentencias que los declaran totalmente ilegales, que vienen generando a sus dueños grandes fortunas y a los demás grandes quebraderos de cabeza. En el caso de los poblados tipo El Golfo, Los Ancones, Tenesera o el más famoso de Cho Vito, la realidad es que poco interés deben tener, tanto para la economía de Canarias como para la realidad social, a no ser claro está, la necesidad vital que tiene para sus moradores.
Es en esta palabra "socioeconómico" donde estimo que está el gran engaño, ya que escudándose como siempre en los pobres, quieren salvar a los ricos. No dijo yo que también tengan el derecho de salvarse, pero claro siempre pasando por el aro de la ley.
Que no es lo mismo haberse construido hace un porrón de años y, por supuesto, anteriormente a la Ley de Costas, una choza para vivir, que un hotel el otro día y para enriquecerse.
Ya se ha oído desde el bando de los responsables políticos, tanto de la derecha como nacionalistas, el cuento repetitivo y cansino del alto interés que tiene para nuestras islas el mantenimiento de establecimientos turísticos sin importarles el que estos estén dentro de la legalidad o no.
La misma marea es la que baña un poblado de casetas que la que toca a los centros comerciales y hoteles en primera línea de mar. La diferencia está en que en una se bañan los pobres y en otra veranean los ricos. Si lo que se quiere es salvar los poblados costeros tradicionales póngase claramente y déjense de subterfugios: no hay en toda la costa de Canarias un solo núcleo costero de los llamados al derribo que tengan ningún interés socioeconómico tal que pueda sacarnos de la crisis, cuando la realidad es que los únicos que tienen alto interés económicos son las urbanizaciones asentadas a la orilla de la marea.
Los parlamentarios, en caso de que lo que realmente quieran es salvar de la pica, los establecimientos turísticos, lo que tendría que haber realizado claramente es una solicitud para una modificación de las leyes y que a partir de ahora cada cual construya donde le venga en gana, con la única disculpa de que se tenga dinero para hacerlo bonito. Mejor aún y más brillante solicitar al Gobierno que incapacite a los jueces para que no puedan aplicar las leyes en Canarias cuando se trate de temas urbanísticos relacionados con sus amigotes o que les pueda reportar rédito electoral.
En este tema, el de los reductos de viviendas construidos en la misma marea en lo que en un primer momento se utilizaba por los marineros para guardar sus arneses de pesca, lo que los cuartos de apero en el campo, se puede ser muy demagógico, pero la realidad es que hoy día prima la legalidad por encima de todo y sobre todo, para todos: sean chozas de pescadores, sean hoteles de cinco estrellas; la realidad demuestra también que hay chozas de pescadores que parecen hoteles de cinco estrellas y claro está, hoteles de lujo que parecen chozas: a lo ilegal sólo se le debe aplicar la piqueta, derribo y multa.
