Pedro San Ginés se ha vuelto "prudente" y escrupuloso con la "seguridad jurídica". Tanto que, incluso, ahora se adelanta a las decisiones de la Justicia. De hecho, se ha vuelto tan purista que "acata" providencias ...
Pedro San Ginés se ha vuelto "prudente" y escrupuloso con la "seguridad jurídica". Tanto que, incluso, ahora se adelanta a las decisiones de la Justicia. De hecho, se ha vuelto tan purista que "acata" providencias que supuestamente ni siquiera le han notificado aún y que, desde luego, no son firmes, ya que cabe recurso contra ellas. Y para colmo de paradojas, lo hace dejando claro que no está de acuerdo, pero luego se jacta de que la jueza "le ha dado la razón".
En el escrito en el que decidió apartar a dos técnicos de la Oficina del PIOT de la emisión de informes relacionados con Montaña Roja, en respuesta a una recusación presentada por los promotores, el propio presidente dice, en referencia a Leopoldo Díaz, que "queda acreditado que no tiene ningún tipo de vínculo ni relación con la Fundación César Manrique desde el 16 de diciembre del año 2000". Sin embargo, acto seguido, acepta su recusación por "prudencia".
Probablemente, la misma "prudencia" que le llevó a destituir hace unos meses al inspector de Patrimonio, o la que le hizo colocar a un jefe por encima de los técnicos de la Oficina del Plan Insular de Ordenación a finales de septiembre, en este caso sin que ningún promotor lo hubiera pedido, o al menos, no en los tribunales.
Algunos "malpensados" creen que todo responde a una caza de brujas para desmantelar los dos departamentos que se encargan de velar por la legalidad urbanística, y que se han vuelto más que incómodos para muchos poderosos empresarios de esta isla, pero nada más lejos de la realidad de Pedro San Ginés, por supuesto. Él, abnegado y responsable presidente, en realidad está haciendo todo esto por su profundo respeto a la ley.
De hecho, tras conocer esta nueva cara de San Ginés, muchos están esperando con interés sus siguientes pasos. ¿Habrá una nueva oleada de destituciones en el Cabildo? ¿Expulsará del grupo de gobierno a María José Docal, imputada por cohecho en el caso "Unión"? ¿Apartará a los técnicos de la Corporación que sí están imputados en esa misma causa por graves delitos? ¿Recomendará a su partido que rompa el pacto con el PIL, considerando que uno de cada cuatro cargos públicos que tenía en la isla también están imputados? ¿Le pedirá a su vicepresidente, Fabián Martín, también imputado, que no visite a su padre en prisión, o al menos que le mantenga totalmente al margen de lo que sucede en la primera institución de la isla?
¿Cambiará de asesor, dado que el que está guiando sus pasos formó parte del despacho de Ignacio Díaz de Aguilar, que es el que ha pedido la recusación de los técnicos de la Oficina del PIOT, y además es yerno de Felipe Fernández Camero, imputado como inductor de la conducta presuntamente delictiva de José Francisco Reyes? ¿Se planteará si otro de sus socios, el PNL, es un buen compañero de viaje, considerando que a través de José Francisco Reyes, este partido generó una auténtica debacle urbanística en Playa Blanca, que además ha dejado decenas de imputados por presunta corrupción?
Por si alguien lo dudaba, la respuesta es no. Y es que, al parecer, lo verdaderamente grave en esta isla es tener o haber tenido relación con la Fundación César Manrique.
Mientras Lanzarote está patas arriba, con decenas de hoteles ilegales; mientras hay compradores desesperados porque promotores sin escrúpulos les vendieron casas sin advertirles de su situación legal; y mientras tenemos decenas de imputados por los delitos más graves que se pueden cometer desde la administración pública, con quien hay que ser contundente es con la Fundación.
Los técnicos de la Oficina del PIOT que han sido apartados de su cargo ni siquiera están acusados de nada. Simplemente, a los promotores no les gustaban sus informes, y apelaron a su relación con la FCM para recusarles y pedir a otros técnicos. Y sin siquiera esperar a un pronunciamiento firme de la Justicia, San Ginés ha decidido aceptar los deseos de los empresarios, porque él es así de "prudente" y respetuoso de la "seguridad jurídica". Y una cosa es codearse y gobernar con imputados, y otra que alguien vaya a pensar que el Cabildo tiene siquiera simpatía por alguien cercano a la Fundación César Manrique, faltaría más.
Porque después de tomar una copa de Stratvs, acariciado por la brisa de Marina Rubicón, al parecer uno llega a la trascendental y peculiar revelación de que la Fundación es quien de verdad ha hecho daño a esta isla, y no la gente, por ejemplo, con la que está vinculado su omnipresente asesor, Ignacio Calatayud.
Y es que, por si alguien no lo ha entendido aún, en el manual de conducta de Pedro San Ginés, las premisas son claras. La primera es que no hay que estar orgullosos de los que velan por el cumplimiento de la ley, sino de los empresarios imputados por cohecho y con hoteles ilegales abiertos al público. La segunda, es que hay que respetar la presunción de inocencia de quien él considera oportuno. Y la tercera, es que para algo es presidente del Cabildo (aunque sea de rebote), y puede hacer lo que le venga en gana.
