La problemática de la inmigración sin control no es nueva ni en Lanzarote ni en Canarias y, por tanto, no ahondaré en la cronología de la misma (pueden consultar el balance que, recientemente, hizo con bastante acierto mi compañera y secretaria general Migdalia Machín pero es indudable que el Estado debe atender de manera inmediata la que es su responsabilidad y competencia directa si realmente quiere evitar una situación que ya es del todo insostenible porque el problema de la inmigración no será nuevo, pero las circunstancias socio-económicas derivadas de la crisis del Covid-19 sí que lo son y, por tanto, estamos ante un polvorín social de imprevisibles consecuencias por la alarma que se está creando en toda Canarias ante la pésima gestión del problema por parte del gobierno central sin que podamos prever, con la bonanza del mar en estas fechas, cuántas personas continuarán arribando a nuestras costas en las próximas semanas.
No me voy a detener en qué cuota de corresponsabilidad habrán tenido los distintos gobiernos de Canarias por no exigir y lograr que el Estado hubiera dispuesto medidas y dotado a Canarias de los recursos necesarios como puerta de entrada a Europa para hacer frente a este problema con inmediatez, porque eso será siempre discutible y además no resuelve la urgencia, una vez desmantelados los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) que sí hubo. Lo que no es discutible es que, tanto la obligación de atender la primera acogida de estas personas como la de implementar medidas que eviten el problema en el medio y largo plazo, es indudablemente del Estado y, por tanto, de los sucesivos gobiernos, presididos ya sea por el PP o PSOE, que siempre han dispensando a Canarias un trato neocolonialista que parece preferir consolidarnos como una suerte de reserva de inmigrantes que aleje el problema del territorio continental. Por eso, hay que decir de una vez ¡basta ya!, como están haciendo Fernando Clavijo y Ana Oramas en el Senado y el Congreso de los Diputados, respectivamente. Por cierto, los únicos que han levantado la voz en este sentido.
Por descontado que quienes logran llegar a nuestras costas dejando su país y familia en busca de una vida mejor no han cometido más pecado que ese y debemos darles el trato más digno posible, sin alimentar el peligroso caldo de cultivo de la xenofobia y el racismo al que tan dadas son las redes sociales, pero en paralelo debemos evitar a toda costa esta inmigración irregular sin control alguno.
El Gobierno de Canarias debe zafarse de la sumisión en que está instalado, dar un golpe sobre la mesa y exigir sin paños calientes que el gobierno central ponga de una vez por todas este problema de Estado en lo más alto de la agenda política española y europea, o seguiremos parcheando soluciones de manera cíclica sin resolverlo. Claro que en el medio y largo plazo esto pasa por tomar muchas medidas, como la cooperación al desarrollo, desde luego, pero también la exigencia a Marruecos del control de sus costas, donde todos sabemos que pueden hacer muchísimo más, y por supuesto, el control de nuestras propias fronteras con un correcto funcionamiento del dichoso Sistema de Vigilancia Exterior (SIVE), entre otras medidas.
En lo que se refiere a Lanzarote –y mas allá de la necesidad de que el Estado practique algo de la solidaridad interterritorial de la que presume, asumiendo y agilizando el traslado de inmigrantes, tanto adultos como menores no acompañados, a otras comunidades del territorio nacional, cosa que ahora se nos niega mirando a otro lado– el punto caliente del problema está, en estos momentos, en cómo y dónde seguir atendiendo la imprevisible avalancha que está arribando y presumiblemente continuará haciéndolo en las próximas semanas a nuestras costas.
Como se ha dicho antes por tanta gente, juraría que en todos y cada unos de los repuntes inmigratorios que hemos tenido, el Estado, al menos en Lanzarote, es propietario y por tanto tiene a plena y libre disposición, aunque sea a modo de CIE provisional, un recurso que fácilmente se podría habilitar para esa primera acogida como es el Batallón de Infantería de Arrecife con capacidad para albergar a más de 600 personas y con apenas unas decenas de militares en la actualidad. Como cuartel que es, por descontado que reúne condiciones infinitamente mejores para la vigilancia y control de grandes grupos de personas, que una nave a pie de carretera en las afueras de Argana o instalaciones en zonas turísticas.
El pretexto utilizado, no sé si por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero sí por el sumiso PSOE local, de que las instalaciones no son compatibles con ese uso por la presencia de armamento, no se lo creen ni ellos. Primero, porque el cuartel es inmenso y es muy sencillo compartimentar sus usos y accesos, y segundo, porque el escaso armamento que allí pueda quedar, seguro que estará a buen recaudo. No decimos que el “CIE provisional” lo atienda el ejército, que igual podría arrimar el hombro, pero sí que lo haga el ministerio con los medios humanos que se supone dispone en un hotel, una nave, o un CIE.
Bien es verdad que Pedro Sánchez ya demostró su falta de sensibilidad en su visita a la isla en 2018 cuando, siendo yo presidente del Cabildo, tuve que declarar la emergencia humanitaria por similares razones y no fue capaz de concedernos diez minutos al entonces presidente del Gobierno de Canarias y a mí para abordar tan grave asunto. La misma sensibilidad que ha mostrado esta semana el ministro del ramo cancelando una reunión con el actual presidente autonómico, según ha denunciado él mismo, aunque el ministro niega haber confirmado visita alguna en el colmo del despropósito. Con expresar “malestar” en nota de prensa, por “profundo” que este sea no es suficiente, señor presidente.
Basta ya de desprecio de unos y sumisión de otros. Canarias no merece este trato y necesita soluciones con urgencia.
*Pedro M. San Ginés Gutiérrez es portavoz de Coalición Canaria-PNC en el Cabildo de Lanzarote
