La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de la provincia de Las Palmas ha advertido de que tolerar por ley la residencialización de zonas turísticas de Canarias "es la peor política de vivienda posible".
En un comunicado, la patronal turística de Las Palmas ha aludido al "riesgo notorio y evidente" que entrañaría una reforma de la legislación sectorial turística que implicara la "voladura del principio del principio de unidad de explotación", lo que, a su juicio, sentaría "un precedente gravísimo capaz de provocar un daño irreparable a los complejos turísticos y al empleo en el archipiélago".
Como ejemplo del impacto de la residencialización para el turismo, la entidad empresarial se ha referido a un estudio elaborado por el Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que, en "estimaciones conservadoras", ha cifrado en 591 millones de euros la merma de ingresos que acarrearía este proceso sólo en complejos turísticos de San Bartolomé de Tirajana.
La FEHT considera que propuestas de esta naturaleza "instadas por propietarios de apartamentos turísticos en defensa de su exclusivo interés particular confunden objetivos legítimos y compatibles entre sí, como las necesidades de vivienda y el sostenimiento de la actividad económica, en perjuicio del interés general y la prosperidad colectiva".
Apoyo de CCOO y UGT
Junto a la Asociación de Empresarios Turísticos de Las Palmas (AEAT), la FEHT asegura que "apoya todas las iniciativas públicas para la construcción de viviendas y aboga claramente por su ejecución lo más rápida posible en beneficio también del interés general de Canarias".
Por ello, ambas asociaciones consideran que "sustituir el desarrollo de nuevas zonas residenciales planificadas por la invasión del espacio destinado para la actividad turística, de largo la principal industria de Canarias, resultaría claramente contraproducente al perjudicar a la economía de las islas sin resolver problema alguno".
La FEHT recuerda que la actual regulación sectorial prevé una situación excepcional, articulada a través de la Ley del Suelo de Canarias, que permite el uso residencial para aquellas situaciones consolidadas antes del 1 de enero de 2017 y recalca que la misma norma autonómica "es tajante respecto a la posible generalización de esta práctica por las consecuencias nocivas para la actividad de los complejos turísticos".
Los empresarios turísticos de Las Palmas también subrayan que existe un acuerdo entre los agentes económicos y sociales de Canarias sobre este asunto, pues el rechazo a la residencialización turística ha sido expresado de modo explícito por los sindicatos mayoritarios del sector, CCOO y la UGT, y por esta patronal, "que seguirá defendiendo todas las medidas que contribuyan al sostenimiento de la actividad económica en los municipios turísticos, por su compromiso con el progreso colectivo de Canarias, con voluntad de diálogo, coherencia y respeto a la legalidad".
