Canarias incrementa en 260.000 euros las ayudas para evitar desahucios de familias vulnerables

Con esta partida, que aumentará hasta 585.00 euros en 2023, se pagarán alquileres y suministros a familias vulnerables de las islas

EKN

El consejero de Vivienda, Sebastián Franquis, durante una intervención con periodistas
El consejero de Vivienda, Sebastián Franquis, durante una intervención con periodistas

El Plan Estatal de Vivienda 2022-2026 ha destinado 260.000 euros adicionales para reforzar el programa Canarias Pro Hogar del Gobierno canario, que ya contaba con una partida autonómica de 60.000 euros. Por tanto, un total de 320.000 se destinarán a atender a las familias que se encuentran en riesgo de desahucio en el archipiélago canario.

El programa Canarias Pro Hogar, uno de los principales instrumentos del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, destinará esta partida a pagar alquileres de hasta 900 euros a familias vulnerables y de hasta 200 euros para suministros básicos, seguros, mantenimiento y conexión a Internet.

A partir del año próximo, la partida aportada por el Estado al programa será de 585.000 euros anuales hasta 2026, cantidad que se sumará a las aportaciones propias de la Comunidad Autónoma. Este programa del Plan Estatal está pensado para atender las necesidades de las familias en riesgo de desahucio, pero, además, también atenderá las necesidades de las personas víctimas de violencia de género y a las personas sin hogar que estén inscritas en el programa.

Canarias Pro Hogar está gestionado por el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que facilita una solución habitacional inmediata, mediante una subvención directa a las personas más vulnerables. Las ayudas se abonarán por la administración directamente a los propietarios de las viviendas arrendadas. 

Para conceder estas ayudas, el ICAVI pedirá previamente a los servicios sociales de cada ayuntamiento un informe de vulnerabilidad social de carácter preceptivo y vinculante de cada una de las familias que soliciten acogerse a esta línea de subvenciones. Las ayudas se conceden por un año, al término del cual se evalúa la situación de las familias beneficiarias para prorrogar o no la ayuda hasta un máximo de cinco años.

 

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