En la lucha contra el fraude, también los casos en el ámbito de la energía son preocupantes, con más de 1.700 casos detectados por Endesa en las islas en los ocho primeros meses del año. Y más revelador resulta si se valora en kilovatios/hora (kWh), más de 14 millones de kilovatios consumidos mediante métodos fraudulentos.
Endesa mantiene abierta una línea de trabajo desde hace bastantes años, que ha tenido que intensificar debido a su proliferación y cada vez más sofisticación en los métodos empleados. También, en algunos casos su detección se ha convertido en profesión de alto riesgo para los operarios, que en ocasiones han sufrido agresiones en el momento de proceder al corte del suministro ilegal y que han desembocado en denuncias y sentencias condenatorias para el defraudador/agresor.
El principal motivo para combatir el fraude, el riesgo que éste implica para la seguridad y la salud de las personas que conviven o están próximas al defraudador. Las instalaciones manipuladas no cumplen la normativa en materia de seguridad para la red eléctrica y para las personas, y generan un importante riesgo no solo para aquellos que las manipulan, sino también para las personas que realizan el mantenimiento de las redes o quienes viven o circulan en la proximidad de esas instalaciones.
Asimismo, pese a lo que pudiera pensarse, el impacto económico negativo del fraude no repercute en lo esencial sobre las compañías eléctricas, sino que, al igual que sucede con el fraude fiscal, afecta directamente a los recursos del resto de las empresas y de los ciudadanos, porque se traduce en un incremento de la factura eléctrica que estos pagan y una práctica que, además, atenta contra la leal competencia. Para contrarrestar esta situación, Endesa está realizando acciones efectivas contra el fraude con el apoyo de equipos especializados y aplicando avances tecnológicos en sus redes inteligentes, junto con herramientas como el Data Mining.
El 80% del fraude eléctrico detectado es atribuible a empresas de diversos sectores industriales y de servicios; y del 20% restante, más del 80% fue debido a particulares que tienen elevados niveles de consumo; menos del 1% del fraude eléctrico cometido en España se debe a enganches ilegales efectuados por familias de bajos ingresos.
