La Dirección General de Protección a la Infancia y a las Familias del Gobierno canario ha logrado en los últimos tres meses que varias ONG despidan a trabajadores de centros de menores de las islas por "una falta de buen trato" a los niños, niñas y adolescentes.
Así lo ha asegurado a EFE la responsable de este departamento, Sandra Rodríguez, tras conocerse que el Juzgado piloto de violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado el cierre y precinto judicial del centro para menores con medidas de reforma EMENA la Fortaleza I por la supuesta comisión en su interior de delitos de odio y lesiones, entre otros.
La titular de esta Dirección General de la Consejería de Bienestar Social ha informado de que cuando este departamento conoce la posible comisión de delitos como los que se presumen en este caso, bien a través de las inspecciones que realiza en el marco de su protocolo de detección de vulnerabilidades, bien por las denuncias que recibe de trabajadores o del Servicio Canario de Salud o de centros educativos, lo comunica al juzgado correspondiente para que se investiguen.
Por ello, en los últimos tres meses, y tras recibir denuncias de situaciones flagrantes de vulneraciones del interés superior del menor, ha exigido a varias entidades que gestionan este tipo de centros que aparte de manera cautelar a los trabajadores responsables de la guarda de estos menores.
Un requerimiento, ha recalcado, al que estas ONG han respondido con el despido de estos trabajadores.
En el caso del registrado esta mañana por agentes de la Policía Canaria, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha informado de que la decisión judicial que se ha adoptado responde a "las numerosas evidencias y testimonios recibidos sobre la presunta comisión en el interior de este centro de los delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, contra la integridad moral y amenazas".
Este centro de menores era gestionado por la entidad 'Quorum 77' en las afueras de Las Palmas de Gran Canaria, en la carretera de Bandama, y su cierre y precinto se ha acordado en el marco de una investigación por supuestos delitos de lesiones, odio, contra la integridad moral y amenazas.
Las diligencias, que han sido declaradas secretas, también tratan de esclarecer posibles delitos de omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución.
