Un escrito remitido por una letrada del turno de oficio al Ministerio Fiscal informó el pasado 25 de abril de un presunto caso de desprotección infantil en el centro de menores migrantes no acompañados de Playa Honda, localizado en la calle Volcán de Timanfaya, en San Bartolomé, que será desmantelado esta misma semana tras una orden del Gobierno canario.
Dos días antes de este escrito, la Dirección General de Infancia del Ejecutivo regional decretó el cierre del recurso temporal por "malas condiciones" y "una gestión inadecuada". Según fuentes de este organismo, el centro sigue abierto y aún no se han trasladado a todos los menores, cuyas derivaciones se están realizando una a una. Estas mismas fuentes indican que se prevé que este martes todos hayan sido reubicados.
En el escrito enviado a Fiscalía al que ha tenido acceso La Voz, el espacio "infringe abiertamente las obligaciones de la acogida de los menores migrantes, atendiendo al testimonio de un menor que denunció la situación en la comisaría de la Guardia Civil. Además expone que el Centro no reúne las condiciones "de un entorno seguro" e "incumple reiteradamente la obligación de prestar una atención integral", tanto educativa como sanitaria.
En los vídeos a los que ha podido acceder esta redacción, se ve el baño del centro sin agua ni en la ducha ni el lavabo. Además, del hacinamiento, con hasta nueve menores por habitación, así como un déficit en los recursos, con puertas estropeadas o rotas.
En el citado documento, la letrada del turno de oficio indica que el director del espacio es el mismo que dirigió la Casa del Mar de Arrecife. Este espacio, según recuerda la propia letrada, se cerró por "adolecer de los mismos problemas que ahora se denuncian en Playa Honda". En este sentido, denuncia que "se premia la pésima gestión de un centro denunciado por insalubridad y obligado a cerrar por sus múltiples irregularidades, concediéndose de nuevo la dirección de otro centro".
El testimonio del menor que acudió a la Benemérita expone que hay adicciones entre los usuarios que "no están siendo tomadas en cuenta ni mucho menos tratadas como deberían. A lo que se suma, la posible existencia de "cuadros de depresiones agudas, diabetes y episodios de autolesión sin que se haya tomado medida alguna al respecto".
A ello hay que añadir que los menores exponen la falta de formación, acceso a actividades formativas, de ocio, deportivas o culturales.
En el documento, la letrada instó a Fiscalía a "adoptar las medidas oportunas" a causa de la "gravedad" de los hechos recogidos en el atestado de la Guardia Civil y recordó que esta situación "infringe frontalmente" el principio de interés superior del menor.