"Se instauró una simbiosis delictiva que a modo de parásito corrupto quedó incrustado en las concejalías de Hacienda, Urbanismo, Sanidad y Parques y Jardines" del Ayuntamiento de Arrecife. Así describe el fiscal Javier Ródenas la trama corrupta que se investiga en la pieza número 12 del caso Unión, centrada entre los años 2007 y 2009, en la que acaba de presentar su escrito de acusación contra 14 personas.
Además de conversaciones telefónicas, cartas interceptadas por la UCO y otras pruebas documentales, en esta pieza se cuenta con la confesión de varios acusados, tanto políticos como empresarios, que han reconocido los hechos e incluso en algunos casos han devuelto el dinero que reconocen haber malversado y cobrado indebidamente de las arcas públicas.
Con todas estas pruebas, Javier Ródenas (decano de la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas y habilitado como fiscal Anticorrupción en esta causa) sitúa a Dimas Martín como el líder de una presunta organización criminal dedicada al cobro de sobornos (de entre el 3 y el 10 por ciento) a cambio de la adjudicación de contratos de forma irregular, "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo establecido", y pagando en muchos casos el Ayuntamiento más de lo que realmente correspondía o abonando incluso servicios no prestados o facturas por duplicado y hasta por quintuplicado.
Según el escrito de acusación del fiscal, Dimas Martín, Matías Curbelo y los entonces concejales Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez (los cuatro acusados por asociación ilícita, entre otros delitos), "conjuntamente idearon, planificaron y ejecutaron una entidad criminal con el fin de "cobrar por adjudicar obras y destinar el dinero para satisfacer gastos del partido político y de militantes afines, así como a su propio enriquecimiento personal".
"Utilizaron auxiliares administrativos de escasa formación"
Para ello, además de contar con la presunta colaboración de tres funcionarios de Arrecife también acusados en la causa, se valieron de otros trabajadores del Ayuntamiento a los que hicieron actuar como si fueran técnicos, interviniendo y firmando en los expedientes de contratación, cuando realmente no era su función ni tenían el cargo ni la cualificación para ello.
"Utilizaron a conciencia auxiliares administrativos de escasa formación con los que convalidar las firmas en la apariencia de legalidad de la contratación", relata el fiscal, que define esa práctica que se hizo de forma reiterada como una "operación de maquillaje". Incluso, en algunos de los expedientes, quien firmaba como supuesto técnico era un ordenanza subalterno del Ayuntamiento, que en su día entró al Consistorio para labores como realizar fotocopias, según declaró él mismo en los Juzgados.
"Prescindieron del personal administrativo que con carácter previo a su visado comprobara siquiera los partes de trabajo y las facturas presentadas", insiste el fiscal, que subraya que "se procedió de manera rituaria a requerir de firma a personal que jamás inspeccionó, visitó, recepcionó, controló las partidas de obra y gasto público que se ejecutaban".
"Descontrol flagrante y notorio" del gasto público
En cuanto a los concejales acusados, la Fiscalía señala que "la mayoría eran nuevos en política y sin más mérito que la obediencia debida al verdadero jefe del PIL", por lo que actuaron "cumpliendo las funciones encomendadas por Dimas Martín" y así "adjudicaron en cascada multitud de contratos de obra a los empresarios que previamente abonaban la comisión exigida".
El resultado, según la Fiscalía, es un "descontrol del gasto público en los años 2007-2009" que fue "flagrante y notorio", con una "ausencia absoluta de la intervención del gasto público". En cuanto a esa falta de intervención, señala directamente a los funcionarios que sí ocupaban cargos relevantes que les obligaban a velar por el cumplimiento de la legalidad en la contratación y en los pagos, y que están acusados en esta pieza.
El interventor "obró con pleno conocimiento"
Respecto al que continúa siendo interventor de Arrecife (también imputado en el caso Montecarlo), Carlos Sáenz, el fiscal señala que con "abandono de sus funciones revisoras legalmente encomendadas, autorizaba los pagos, abdicando groseramente de sus legales funciones de inspección y control del gasto público nunca ejercidas en los expedientes de contratación". Además, en algunos casos subraya que "obró con pleno conocimiento de estar abonándose facturas por obras no ejecutadas o parcialmente ejecutadas".
En cuanto a la que era jefa de Contratación, Elena Martín, también plantea que incurrió en una "ausencia absoluta de control alguno en los procesos de licitación" y le acusa además de haber entregado información privilegiada a su padre, Dimas Martín. Del mismo delito deberá responder el entonces jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, acusado además de fraude a la administración.
Tanto a estos funcionarios como a los concejales, el fiscal les acusa de haber entregado a Dimas información reservada, para que éste "negociara con terceros y pudiera beneficiarse, así como tener conocimiento del estado de elaboración de los procesos de contratación seguidos en el ámbito del sector público de Arrecife, para que Dimas procediese a negociar con las empresas adjudicatarias la contratación de personas simpatizantes del PIL que se hallasen desempleadas".
"Fidelización delictiva"
Además, el fiscal sostiene que existía un "fraccionamiento y aplazamiento de las comisiones" para "lograr una especie de fidelización delictiva en la trama, garantizando de este peculiar modo, la estabilidad del pacto criminal, factor decisivo a la hora de adjudicar los contratos y factor determinante para que el empresario pudiera volver a resultar adjudicatario de la obra pública".
Al respecto, señala que "los empresarios que no volvían a pagar comisiones no volvían a obtener contrato alguno con la administración local", mientras que otros multiplicaron sus contratos con el Ayuntamiento accediendo al pago de presuntos sobornos. Así, cita el caso de Jesús Manuel Martín Brito (uno de los acusados confesos), que pasó de no trabajar jamás con Arrecife a cobrar más de un millón de euros en poco más de un año, desde que se inició esa legislatura hasta que la presunta trama fue desarticulada por la UCO cuando intervino el Ayuntamiento el 25 de mayo de 2009.
Por ello, el fiscal afirma que no sólo se beneficiaban los que recibían los sobornos (destinados presuntamente al "lucro personal" de los implicados y al "engordar las cuentas del partido con el dinero metálico circulante a espaldas del Tribunal de Cuentas") sino también los empresarios, que recibían contratas "incrementando notablemente el volumen de su facturación al ser premiados por la concesión de obras sin solución de continuidad, mientras siguieran cumpliendo su parte de entregar las comisiones".
Y todo ello, en detrimento de las arcas públicas (tanto al eliminar procesos legales de contratación, que se establecen entre otras cosas para conseguir las mejores ofertas económicas, como cobrando cantidades indebidas por trabajos no realizados) y también "en claro perjuicio de otros competidores igual de cualificados técnicamente, pero que de hecho perdían la oportunidad de ser seleccionados por motivos ajenos a la legalidad".
Más de 10.000 euros en varios "fajos de billetes" en casa
En su escrito, el fiscal también recuerda que en el registro que se realizó en el domicilio del concejal José Miguel Rodríguez tras su detención, los agentes encontraron entre otras cosas 10.290 euros en efectivo, que procedían de comisiones ilegales cobradas a distintos empresarios, según confesó el mismo.
El dinero, según relata la Fiscalía, estaba distribuido en distintos "fajos de billetes atados con gomas", cada uno con billetes de 10, de 20 y de 50 euros. Además, otra cantidad importante se encontró en el domicilio del otro concejal detenido el primer día en que estalló la operación Unión, Ubaldo Becerra. En su caso, tenía 2.600 euros en metálico, que según la Fiscalía también procedían del cobro de sobornos.
Y todo ello, bajo el supuesto control del "jefe" ante el que actuaban como "verdaderos subordinados", Dimas Martín, que según el fiscal controlaba la "adjudicación de obra pública a empresarios concretos y por él designados, bloqueo y desbloqueo de pagos legítimamente debidos por la corporación municipal a los empresarios determinando el acusado cuándo y cuánto pagar, conocimiento del estado de licitación de la obra pública, conocimiento de las condiciones técnicas particulares de los pliegos de licitación de obra pública y situación de los créditos debidos a las empresas licitadoras con el Ayuntamiento de Arrecife".
Además, la Fiscalía subraya que Dimas Martín dirigía esta presunta trama "pese a estar cumpliendo condena", entre otras cosas precisamente por malversación de caudales públicos. "El nivel de control que ejerció Dimas Martín en los años 2007-2009 sobre los cargos públicos acusados y responsables políticos acusados del partido que fundara, va mucho más allá de una mera labor de dirección política", insiste Javier Ródenas en su escrito.
Al respecto, tal como ya trascendió al levantarse en su día el secreto de sumario, el fiscal recuerda que Dimas Martín se comunicaba e "impartía instrucciones precisas" por carta a los cargos públicos de su partido mientras estaba en prisión, o protagonizaba frecuentes reuniones (muchas de ellas cuando estaba siendo ya vigilado por la UCO) cuando estuvo disfrutando del tercer grado penitenciario.
