"El dictamen del Consejo Consultivo sobre el Proyecto de Ley del Suelo no es ningún espaldarazo al Gobierno". Ésa es la conclusión de la Plataforma creada contra esta Ley, tras leer el contenido de ese documento. Así, lejos del mensaje transmitido desde el Ejecutivo regional, la Plataforma subraya que el "carácter favorable" de ese dictamen "está condicionado a la corrección de las observaciones de legalidad y seguridad jurídica indicadas en el mismo".
Y esas "correcciones" son "numerosas y profundas", y coinciden con muchos de los aspectos que vienen denunciando los críticos con este proyecto de Ley. Entre otras cosas, sobre la derogación de las Directrices de Ordenación General que plantea el proyecto de Ley, el Consejo Consultivo "advierte sobre la inseguridad jurídica que puede provocar una derogación de tanta trascendencia, por la extensión y naturaleza misma de las directrices que se eliminan, piezas fundamentales del sistema de planeamiento de Canarias".
En la misma línea, agregan desde la Plataforma, el dictamen "recuerda que el principio de planificación previa, que pretende enterrar este Proyecto de Ley, constituye uno de los principales ejes vertebradores del derecho urbanístico y que se quiere consolidar un urbanismo de proyectos contra el urbanismo de planes, mediante los instrumentos excepcionales que habilita".
El dictamen también reclama, como más ajustado al derecho estatal básico, "el reforzamiento del informe vinculante de la Administración autonómica, de forma que se pronuncie sobre la legalidad y sobre la no afección a cuestiones supralocales".
Con respecto al suelo rústico, "recuerda que la legislación estatal solo permite en el suelo rural el uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético u otros vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, por lo que los demás, como los específicos y complementarios incluidos en el Proyecto de Ley, deben tener carácter excepcional". Además, desde la Plataforma subrayan que el dictamen "también es crítico con la compensación económica a los propietarios de suelos de protección ambiental y con los Catálogos de Impactos, por crear inseguridad jurídica y destinar bienes de patrimonios públicos de suelo a finalidades distintas a las establecidas en la legislación básica estatal".
Por todo ello, desde la Plataforma insisten en que este Proyecto de Ley "necesita ser cocinado a fuego lento y una revisión sustancial". "Pedimos que se tomen en consideración las observaciones del Consejo Consultivo de Canarias, y reiteramos la necesidad de ampliar el tiempo de tramitación y el imprescindible consenso. Las actuaciones en el territorio son irreversibles, necesitamos pensarlas. Sólo así tomaremos decisiones que garanticen el interés común y nuestro desarrollo con criterios de sostenibilidad", advierten.
Cabe recordar que aunque el dictamen del Consejo Consultivo era preceptivo, no es vinculante. Es decir, el Gobierno canario estaba obligado a solicitarlo, pero sin embargo no está obligado a cumplirlo ni a introducir esas modificaciones en la Ley. De hecho, desde el Ejecutivo trasladaron que pretenden volver a llevar el texto para su aprobación en el Consejo de Gobierno el próximo 8 de julio.
