La minoría parlamentaria del Gobierno que preside Paulino Rivero y la falta material de tiempo para negociar los necesarios consensos han hecho que el Ejecutivo renuncie a aprobar cuatro de las leyes que ya ha remitido al Parlamento y que estaban pendientes de tramitación.
Es el caso de las leyes de Presidencia y del Gobierno de Canarias, Sanidad, creación de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) y de Calidad Alimentaria.
En este sentido, el principal partido de la oposición no apoya ni la ley de Sanidad ni las de creación de la Agencia de Innovación o la de Presidencia y Gobierno, pues todas ellas tienen enmiendas a la totalidad de los socialistas y, por tanto, están a expensas de los ex socios del PP, que también se muestran reticentes a apoyar las dos últimas.
Por lo que se refiere a la nueva legislación sanitaria, que en principio debería contar con el apoyo del PP puesto que fue un texto elaborado por la ex consejera Mercedes Roldós, ha sido su sustituto en el cargo, Fernando Bañolas, el que ha mostrado sus reticencias para proceder a su tramitación después de que la portavoz socialista en el área, Dolores Padrón, le pidiera públicamente desde la tribuna que paralizara el texto debido a su gran contestación en el colectivo médico.
Por el contrario, el Gobierno sí espera contar con el apoyo necesario para, como sucederá en la sesión plenaria que se celebra los días 17 y 18, aprobar el Impuesto sobre las Labores del Tabaco o la proposición legislativa de regulación del sector eléctrico canario.
Junto a estos textos, también saldrán adelante el de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y las modificaciones del Servicio Canario de Empleo (SCE) y Ordenación del Transporte por Carretera, un texto que también se aprobó al final de la legislatura que presidió Adán Martín.
Además, tanto el Ejecutivo como los nacionalistas creen que, incluso si se debe llevar a cabo por el trámite de urgencia, se puede aprobar la modificación de la Ley Canaria de Cajas, que piensa remitir en breve a la Cámara regional para adaptar le legislación autonómica al Real-Decreto que el Ejecutivo central aprobó hace seis meses.
Este texto legal, cuyo retraso en remitirlo al Parlamento ya ha sido denunciado públicamente por los socialistas, incluye cambios en la organización de las cajas como la obligación de que el 50 por ciento de los consejeros acrediten experiencia financiera o la reducción al 40 por ciento de la representación de las administraciones públicas en sus órganos de dirección, además de la incompatibilidad que tienen los políticos electos en participar en las entidades financieras.
A los 8 textos del Gobierno hay que unir otras ocho iniciativas legislativas propuestas por los distintos grupos parlamentarios, una que presentaron los cabildos en diciembre de 2007 y tres iniciativas de iniciativa popular que, previsiblemente, no serán admitidas a trámite ni aprobadas antes de que culmine la legislatura: Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias, alimentación ecológica en centros escolares y de Educación.
En el caso de las iniciativas populares, aunque no sean tomadas en consideración por la Cámara antes del 1 de abril, las mismas siguen vivas para ser abordadas por el Parlamento que salga tras las elecciones del 22 de mayo.
ACN
