Después de que la oposición lo solicitara el pasado jueves, en la mañana de este lunes se ha reunido la Junta de Portavoces para valorar el Auto que ordena la ejecución del laudo que condena a Inalsa a pagar más de diez millones de euros a la UTE Edam Janubio por incumplimiento de contrato en la construcción de la desaladora del sur de la Isla.
De momento, tal y como ha asegurado Mario Pérez, consejero delegado de la empresa pública de Aguas, ni Inalsa ni el Cabildo han recibido notificación oficial de este auto, por lo que no se han podido analizar en esta Junta de Portavoces sus repercusiones. Mario Pérez ha asegurado que después de luchar contra este laudo en varios frentes, como la Cámara de Comercio de Las Palmas, el Consejo Consultivo de Canarias o la Audiencia Provincial de Las Palmas, seguirán haciéndolo en el juzgado número trece de Las Palmas cuando llegue la notificación oficial de este auto.
La oposición ha calificado de pérdida de tiempo esta reunión, que según el portavoz del Partido Popular, Francisco Cabrera, "para lo que tenían que decir, podía haberse celebrado el mismo jueves, cuando lo solicitamos". El PP ha aprovechado la Junta para sacar a relucir su propuesta de que la Comisión de Investigación que se acordó crear sobre este tema sea presidida por un miembro de la oposición "en aras de la claridad y la transparencia".
Durante la reunión, los portavoces del PP, PIL y Alternativa Ciudadana han recibido un dossier con el contenido y la reglamentación que regulará esta Comisión de Investigación, dossier con el que el PP se ha mostrado en desacuerdo, principalmente por los plazos establecidos. "Habría que consensuar el tiempo que se dedica a esta Comisión", ha añadido Cabrera.
Por otra parte, Alternativa Ciudadana exige que se diriman responsabilidades, no sólo políticas, sino también económicas, respecto a la firma del contrato entre Inalsa y Edam Janubio. El partido propone que se envíe el expediente a la Fiscalía Anticorrupción, para que todos aquellos miembros del Consejo de Administración que firmaron este contrato en el año 2001, así como los técnicos que tengan responsabilidades, paguen con su patrimonio en caso de que Inalsa se vea obligada a pagar los cerca de doce millones de euros.
A la hora de hablar del peligro de los bienes de Inalsa, especialmente de las cuentas, que podrían llegar a ser embargadas, Mario Pérez ha insistido en que lucharán para que esto no ocurra: "Estamos en la misma tesitura, que no se ejecute este laudo, y no tengamos ningún riesgo en el sentido patrimonial, en el que se incluyen los bienes y las cuentas de Inalsa", ha explicado el consejero delegado.
