El juicio contra los acusados de estafar unos 30.000 euros a decenas de padres de un combinado de fútbol de Lanzarote quedó este martes visto para sentencia, con una petición de 3 años de prisión por parte de la Fiscalía y 6 años de cárcel por parte de la acusación particular.
Al presentar sus conclusiones, ambas partes se ratificaron en su petición inicial, aunque el Ministerio Público introdujo una calificación alternativa del delito, sustituyendo el de estafa por apropiación indebida, pero reclamando la misma pena.
Por su parte, la abogada de las víctimas mantuvo que se trató de un delito de estafa agravada, ya que considera que los acusados actuaron con premeditación, recaudando dinero de los padres por la gestión de un viaje que nunca llegaron a organizar.
Durante su declaración, los acusados no negaron haber recibido esas sumas, y también admitieron que ni lo destinaron al fin previsto ni se lo han devuelto a los padres siete años después. Sin embargo, sus defensas pidieron la libre absolución de ambos.
En el caso de Damián Horacio Pueblas Prieto, descargó la responsabilidad en la otra coacusada, Ivanka Quesada Vizcaíno, señalando que fue ella quien se quedó con el dinero. Por su parte, la acusada apeló a su supuesta ludopatía para tratar de justificar su actitud.
Sin pruebas que avalen la supuesta enfermedad
Durante su declaración, Ivanka Quesada afirmó que se gastó el dinero de los padres en el juego, achacando a esa enfermedad lo ocurrido, y negando que hubiera una intencionalidad previa de cometer una estafa. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la acusación particular subrayaron en sus conclusiones que no ha aportado “ni un solo documento” para probar esa presunta ludopatía, y que ni siquiera lo alegó durante la instrucción de la causa.
En cuanto a su defensa, pidió la libre absolución y, en caso de condena, solicitó que se tenga en cuenta este factor como atenuante.
Respecto al otro procesado, tanto la Fiscalía como la acusación particular consideran que sí actuó de común acuerdo con ella, y creen que su declaración corresponde a una estrategia común de defensa.
Durante la vista, ambos negaron ser pareja, aunque actualmente residen los dos en Asturias, después de haberse marchado de Lanzarote, de donde es natural la acusada.
El juicio estaba previsto que se prolongara durante cuatro jornadas aunque finalmente se resolvió solo en dos, al haber renunciado las partes a la declaración de la mayoría de los testigos. La acusación particular había citado a todos los padres afectados, pero finalmente la Sala entendió que no era necesario que declararan, porque los pagos están suficientemente acreditados, y ni siquiera los niegan los acusados.
En cuanto a la cantidad total, sí hay diferencia entre lo que estiman la Fiscalía y la acusación particular. La primera pide que los acusados devuelvan a las víctimas 27.467 euros, mientras que la acusación particular eleva la cifra a 34.353 euros.
En total, las familias afectadas fueron 43, aunque algunas tenían más de un niño en el equipo, por lo que abonaron el doble a los acusados.
Otras víctimas en Vicálvaro
Además, en la misma vista se juzgaba otra presunta estafa a un club de fútbol de Vicálvaro, que pretendía participar en un Torneo de Verano en Lanzarote. En este caso, los participantes eran 18 y llegaron a entregar 3.064 euros a los acusados, que supuestamente iban a destinarse a la inscripción en el torneo y a los gastos de alojamiento en Lanzarote. En este caso, tampoco hicieron esas gestiones ni devolvieron el dinero a los padres.
En cuanto al combinado lanzaroteño, pretendía participar en la XXV Edición del Torneo Internacional de Fútbol "Donosti Cup", que se iba a celebrar los días 3 a 9 de julio de 2016 en San Sebastián.
El equipo lanzaroteño estaba formado por 43 niños y jóvenes y los procesados pedían 680 euros por participante, para cubrir tanto la inscripción como el alojamiento. La mayoría de los padres afrontaron ese pago en tres plazos, pero los niños se terminaron quedando sin viaje y siete años después tampoco han podido recuperar el dinero.
