Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, del Seprona, de la Policía Nacional y de la Policía Local de Yaiza declararon como testigos en la segunda jornada del juicio del caso Stratvs, a la que solo acudieron cuatro de los diez acusados: el empresario Juan Francisco Rosa, los técnicos de Actividades Clasificadas de Yaiza y del Cabildo, Andrés Morales y Manuel Jesús Spínola, y el ex concejal de Yaiza Leonardo Rodríguez, al que por su condición de abogado se le ha permitido sentarse junto a los letrados y no en el banquillo, al haber asumido su defensa. En cuanto a Rosa y los dos técnicos, decidieron acudir la vista de este miércoles, pese a que el magistrado les indicó el primer día que podían no asistir a las jornadas previstas para la declaración de peritos y testigos.
"En las diligencias que realizaron dentro del caso Unión consta que se llamaba jefe a alguien en la isla, ¿quién era?", preguntó la abogada de la acusación popular, Irma Ferrer, a un agente de la UCO que declaró como testigo. "En ocasiones a Juan Francisco Rosa y en ocasiones a Dimas Martín", respondió el agente, que intervino en el caso Unión y tuvo acceso a las conversaciones telefónicas interceptadas durante la investigación de esa causa, algunas de las cuales se han incorporado al caso Stratvs. "¿Y en nómina de quién estaba Dimas"?, insistió la letrada. "Estaba dado de alta, al menos a efectos formales, como trabajador de Rosa", precisó el agente, apuntando así que la otra persona a la que llamaban "jefe" era un supuesto empleado del empresario.
En su declaración, el guardia civil explicó además que en el caso Unión también se empezó investigando a Juan Francisco Rosa por un delito de tráfico de influencias, que es el mismo que le ha llevado al banquillo en este primer juicio del caso Stratvs. Y en aquella causa también se repetía el nombre del concejal Leonardo Rodríguez, que según el agente "era investigado por tráfico de influencias en relación a Juan Francisco Rosa y Luis Lleó".
Durante la declaración del agente, el fiscal Ignacio Stampa recordó algunas de las conversaciones interceptadas por la UCO. Y en una de ellas, un tercero hablaba de este concejal, afirmando que estaba reunido con Rosa "poniéndole los colores al Plan". Al respecto, el agente señaló que en ese momento se estaba tramitando el Plan General de Yaiza. Y también explicó que, "desde el inicio" del caso Unión, el objeto de esa investigación se centraba en "Costa Roja, Luis Lleó y Juan Francisco Rosa", ya que ambos empresarios compartían intereses en Playa Blanca y en particular sobre esa parcela, que fue la que desató la causa cuando el entonces consejero Carlos Espino denunció que le habían ofrecido un soborno a cambio de desbloquear la urbanización de Costa Roja.
"No creo que sea discutible que Rosa tiene influencia en todas las instituciones"
"Juan Francisco Rosa tiene mucha influencia en todas las instituciones públicas. No creo que eso sea discutible", declaró por su parte uno de los denunciantes del caso Stratvs, Javier Díaz Reixa, que también declaró este miércoles como testigo y calificó de "pública y notoria" esa capacidad de influencia del empresario. Díaz Reixa, que preside la asociación Transparencia Urbanística, personada en la causa como acusación popular, recordó todas las obras ilegales de Rosa, desde el hotel Fariones, hasta el puerto deportivo Marina Rubicón, pasando por los hoteles Princesa Yaiza y Son Bou, y terminando con la bodega Stratvs. Así, subrayó que también es "pública y notoria" la situación de los negocios de Rosa, subrayando que han sido declaradas ilegales "casi todas las actuaciones que le conozco".
Al hablar de la capacidad de influencia de Rosa, Díaz Reixa se refirió al primer conocimiento que tuvo de él, a raíz de una carta que el empresario envió a Jerónimo Saavedra, para que "se interesara" por la sentencia que declaró ilegal el apartahotel Fariones. En cuanto a la bodega Stratvs, ha explicado que decidieron presentar una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional en el año 2009, unos meses después de ver un artículo en prensa en el que "unos bodegueros de La Geria decían que se había producido un trato de favor". Ahí, según explicó, empezaron a "investigar" y a recabar documentos.
Precisamente en cómo accedieron a esos expedientes centró sus preguntas el abogado de Juan Francisco Rosa, José Antonio Choclán Montalvo. "Esos expedientes, no lo olvide, son públicos", le terminó respondiendo Díaz Reixa, que previamente había relatado las dificultades que encontraron por parte del Ayuntamiento de Yaiza para acceder a los documentos. En cuanto al Gobierno de Canarias, el propio Choclán relató que tras ser denunciado, Juan Francisco Rosa se dirigió a la Consejería para saber si le habían entregado el expediente de su bodega a uno de los denunciantes. Y también sostuvo que le respondieron con un certificado en el que se afirma que no consta la solicitud de ese expediente. "No lo sé, yo no tengo responsabilidad en el Registro de la Consejería", respondió el testigo cuando el abogado le preguntó cómo podía ser que no constara ese papel. En cualquier caso, Díaz Reixa dio incluso datos de cómo le entregaron el expediente, escaneado y en un pen drive.
Cartas y llamadas pidiendo que le "ayudaran" y "agilizaran" trámites
En la jornada de este miércoles también declararon dos agentes del Seprona. Uno de ellos realizó una inspección en las instalaciones a petición del Juzgado de instrucción y el otro, además, aportó al Juzgado dos cartas a las que tuvo acceso. Una de ellas estaba firmada por Juan Francisco Rosa y dirigida al entonces alcalde, José Francisco Reyes. Y en el texto le decía, "como ya sabrás", que acababa de presentar una solicitud para acondicionar su finca en Uga. "Te rogaría que lo agilices en la Oficina Técnica", le pedía en esa carta a Reyes, después de informarle de que acababa de recibir una visita del Seprona, porque las obras ya estaban en marcha sin autorización.
Además, durante la vista de este miércoles se escucharon también algunas de las llamadas interceptadas en el caso Unión, en el que se intervino el teléfono de Leonardo Rodríguez. En algunas, el edil hablaba con Rosa del Plan General de Yaiza, de distintas solicitudes de Rosa y también de trámites que iban a realizar algunos conocidos del empresario, como uno al que le vendió unos terrenos y al que le estaban poniendo pegas para obtener una licencia.
En una de esas conversaciones, el empresario y el concejal hablaban expresamente de la licencia de actividades clasificadas que debía otorgarle el Ayuntamiento a Stratvs. "Tengo todo lo del Cabildo entregado. Solo me falta la apertura tuya", le decía Rosa al edil en esa conversación. "Para que me ayudes si puedes", se le escucha decir en esa llamada, tal como subrayó el fiscal. En otra, ambos hablaban de quedar para tratar "dos cosas" que el empresario quería hablar con el concejal. "Comemos juntos, si no nos critican", le decía Rosa en esa llamada. "¿Y tú crees que si no lo hacemos nos van a dejar de criticar?", respondía el concejal.
Un Policía Local matizó su propio acta de la inspección frustrada en Stratvs
En la jornada de este miércoles también declaró un agente de la Policía Nacional que acudió personalmente al Ayuntamiento a requerir información "de manera inmediata" a petición del Juzgado de Instrucción. "¿Eso es habitual?", le preguntó el fiscal. "No, normalmente no", respondió el agente. Y también compareció como testigo un policía local de Yaiza, que estuvo presente en la primera inspección realizada en Stratvs por orden de la alcaldesa, Gladys Acuña, después de declarar como imputada en esta causa. Una inspección que se suspendió al recibirse una llamada de Juan Francisco Rosa.
"Nunca me he visto en la situación de que no me dejen entrar a una inspección", declaró el Policía Local, que no supo precisar si "lo normal" es avisar al afectado de que se va a inspeccionar su negocio. Además, aunque en el acta que levantó ese día dejó constancia de que la inspección se suspendió después de que el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, recibiera una llamada de Juan Francisco Rosa, en el juicio señaló que esa llamada no se recibió "en el móvil personal" de Lorenzo, sino que "se lo pasó" al teléfono "un empleado" de Rosa. Y también dijo, pese a lo que señalaba en el acta, que "no sabe el motivo por el que los técnicos decidieron dejar de hacer la inspección".
"Yo quise dejar constancia de que se recibió una llamada. Igual se puede malinterpretar", señaló a preguntas de uno de los abogados de la defensa, coincidiendo así con la versión que esa misma mañana había dado el propio Antonio Lorenzo, asegurando que esa llamada no se recibió en su móvil personal. Ante esta declaración, que la Fiscalía y la acusación popular entendieron como un cambio de versión en un hecho relevante –dado que parte del objeto de esta causa son las "llamadas" que realizaba Rosa, tal como precisó el fiscal- ambas partes le preguntaron al policía por quiénes son sus superiores jerárquicos en el Ayuntamiento, a lo que confirmó que varios se sientan en el banquillo de los acusados, además de ser primo de uno de ellos, José Francisco Reyes.
Y a preguntas de la acusación también confirmó que ha ejercido de secretario del Ayuntamiento cuando estuvo vacante ese puesto, y que lo sigue haciendo cuando es necesario reemplazar a la actual secretaria, y que en esos periodos tiene un "incremento en su salario".
