La defensa de Juan Francisco Rosa no aportará finalmente ni un solo testigo que pueda dar fe del supuesto trabajo que realizaba Dimas Martín como "capataz agrícola" de sus empresas. La última renuncia se ha producido este mismo martes, justo antes de que comenzara la declaración del que era director del Hotel Fariones cuando ocurrieron los hechos, Bienvenido Saavedra.
El día anterior, en su declaración como acusado y en contra de lo que había confesado tras su arresto, Rosa negó que los dos contratos que firmó con Dimas fueran fingidos para que éste pudiera obtener el tercer grado penitenciario. Así, aseguró que Dimas Martín sí trabajaba realmente para él en "temas agrícolas", encargándose de los jardines del hotel Fariones, de la Finca de Uga y de sus viñas en La Geria. Sin embargo, finalmente en el juicio no declarará ningún testigo que pueda confirmar si el líder histórico del PIL acudía a realizar ese cometido.
En su escrito de defensa, Juan Francisco Rosa había pedido que en el juicio fueran citados cuatro testigos: el propio Bienvenido Saavedra, un encargado de mantenimiento del mismo hotel, Antonio Armas, el director del hotel Princesa Yaiza, Javier Suárez, y otro encargado de la empresa BTL Lanzarote, José Paéz Betancort. Sin embargo, a dos renunció ya al iniciarse el juicio y a los otros dos ha terminado renunciando este martes, justo cuando iba a iniciarse la vista precisamente con su declaración.
El testigo, "innecesario" según la defensa
"Es innecesario", ha sostenido el abogado de Rosa, cuando el testigo ya estaba en los Juzgados. "Lamentamos que haya tenido que venir", ha señalado para disculparse con Bienvenido Saavedra. En cuanto al motivo de esta decisión, el letrado lo ha justificado remitiéndose al interrogatorio que realizó el día anterior el fiscal a Dimas Martín, señalando que no le hizo preguntas sobre el supuesto trabajo que realizó para Galerías Rosa, que fue una de las empresas a través de las que estuvo supuestamente contratado.
Sin embargo, el Ministerio Fiscal ha respondido que lo que pregunte o no a cada acusado no puede justificar la renuncia de la defensa a uno de sus testigos. "Es irrelevante", ha subrayado Javier Ródenas, que en su escrito de acusación sostiene que Dimas no trabajaba realmente para las empresas de Rosa y que los contratos fueron simulados para que pudiera obtener el tercer grado penitenciario, incurriendo así en un delito continuado de falsedad documental.
El cambio de versión de Rosa
Tras su detención en el caso Unión, el propio Rosa reconoció ante el juez que "las funciones de Dimas en su empresa eran nulas", que realmente no le pagaban siquiera la nómina y que "no quiere a Dimas ni de cerca". Sin embargo, dos años después cambió su versión y ahora asegura que trabajaba como "capataz agrícola", aunque el primer contrato lo firmó con Galerías Rosa como "encargado de obras" y el segundo con otra empresa del grupo, como "auxiliar administrativo en el sector del comercio del mueble".
Sobre por qué no se hicieron los contratos por las verdaderas funciones que asegura que realizaba Dimas, Rosa alegó que eso dependía de la gestoría y que él solo firmaba los contratos. Y en cuanto a si el líder histórico del PIL cumplía realmente con su jornada laboral y con sus supuestos cometidos, el empresario respondió que el "no estaba controlado a Dimas ni a nadie", porque tenía más de 1.200 empleados. Sin embargo, finalmente tampoco aportará ningún testigo ante quien sí respondiera como trabajador o que pueda confirmar si desarrollaba alguna función para sus empresas.
En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que Juan Francisco Rosa incurrió en un delito continuado de falsedad de documento público, ya que los contratos no sólo fueron presentados por Dimas ante Instituciones Penitenciarias "para engañar" a este organismo, sino que también se registraron en la Seguridad Social, al darle de alta como supuesto trabajador, y ante el Instituto de Empleo. En total, pide para él 2 años y 3 meses de prisión y multa de 15.000 euros y sostiene que con ese "favor" a Dimas, Rosa pretendía conseguir un "trato de privilegio", entre otras cosas para legalizar sus hoteles ilegales, ya que el PIL gobernaba en ese momento en el Cabildo.
