La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzgará el próximo martes 14 de octubre en Arrecife a un hombre acusado de atentar contra la dignidad de su expareja en Playa Honda.
Los hechos tuvieron lugar el 15 de octubre de 2022, cuando el acusado presuntamente insultó y agredió a su expareja en un bar de la citada localidad, mientras esta estaba en compañía de un amigo. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, en presencia de un camarero, el hombre se acercó a su expareja y le dijo: "Puta, zorra, ninfómana, que vas de víctima".
Tras ello y, siempre según el escrito del Ministerio Público, se acercó a su exmujer y le propinó un manotazo a la altura del pecho, le tiró un objeto a la cara y le dio una patada en un costado. Después, le golpeó la cara e hizo que se cayera al suelo.
A causa de la agresión, la mujer sufrió diferentes lesiones y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para cerrar una herida del labio, así como requirió un tratamiento odontológico y la reconstrucción del incisivo superior central izquierdo.
La víctima dedicó 45 días a curar sus lesiones y estuvo impedida 114 días de sus ocupaciones habituales. Además esto ha provocado consecuencias en su salud mental y un perjuicio estético ligero.
Entre varios mensajes expuestos por el Ministerio Público se pueden leer varias amenazas hacia la mujer: "Hoy te has librado pero por ahí que no te vean más porque te matan, falsa, hija de puta" o "Cuidado con lo que dices o haces" o "Denúnciame si quieres que entonces va a ser cuando entre preso y no porque te haga a ti nada sino por el hijo de puta ese porque no le voy a dejar marca para que sirva la denuncia".
A raíz de estos hechos, el acusado permanece en prisión provisional desde el pasado 20 de diciembre de 2022.
El Ministerio Fiscal acusa al hombre de un delito de lesiones y un delito de amenazas continuadas con el agravante de género y parentesco. Por lo que solicita una pena de prisión de cinco años y la inhabilitación especial del sufragio pasivo, una orden de alejamiento que le prohíba acercarse a menos de 300 metros de la víctima, su domicilio o cualquier otro lugar frecuentado por ella en un periodo de siete años, controlado por GPS.
Además de un año de prisión por amenazas, la privación del derecho a portar armas por tres años y la prohibición de acercarse a 300 metros de la víctima por cualquier medio. También el pago de las costas.
Para concluir, el Ministerio Público solicita que se indemnice a la víctima con 2.200 euros por las lesiones sufridas y otros 2.800 por las secuelas.
