La magistrada española del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, María Elósegui, ha comparecido en las X Jornadas Laborales que se han celebraron el pasado jueves y viernes, 12 y 13 de octubre, en Lanzarote. Elósegui es jueza de Tribunal de Estrasburgo, el órgano del Consejo de Europa, que vela porque se proteja el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. En él se encuentran representados un total de 46 países, con un juez por cada Estado que forma parte. Entre ellos, Turquía, Bulgaria, Rumanía, Francia o España.
Los casos que llegan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
María Elósegui fue la primera jueza española en alcanzar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y defiende firmemente la labor de sus colegas españoles. Además, recoge que a su Tribunal llegan un centenar de demandas al mes provenientes del Estado español, lo que se traduce en aproximadamente 1.200 al año. "En casi todas los tribunales españoles han hecho bien las cosas y los recursos son inadmisibles. Tenemos de todo, no es que una cosa sea más que otra". Para esta magistrada europea el TEDH es "muy accesible" y "democrática", por lo que llegan demandas de personas de "todos los niveles sociales".
Asimismo, señala que se puede acudir "sin necesidad de grandes preparaciones ni tener unos abogados superespecialistas. La jueza asegura que hasta el Tribunal de Estrasburgo llegan demandas de muchos ciudadanos de a pie. Entre ellas, un caso de una familia de clase media que fue desahuciada en Fuengirola y demandó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque no había sido notificada en el domicilio adecuado. Por lo que la Sala le dio la razón a los afectados.
"Quiero sacar una lanza a favor de los jueces tenemos una judicatura muy bien formada, muy profesional. De los 46 países, somos de los que tienen menos demandas. Estamos en el número 30 de 46, o sea, hay 30 por encima de nosotros con muchísima más demandas y sentencias de incumplimiento de los derechos humanos", data Elósegui.
Hasta estos juzgados europeos, localizados en la ciudad de Estrasburgo, han llegado después de la pandemia sanitaria más demandas en relación a los derechos de los pacientes o del consentimiento informado. Antes de alcanzar este Tribunal europeo, María Elósegui trabajó en varios comités de Bioética de la Comunidad Autónoma de Aragón y en varios hospitales.
Canarias es el punto de más recepción de personas migrantes de España. Sin embargo, la falta de recursos permanentes hace que, en ocasiones, no haya espacios suficientes para alojarlas y que deban dormir espacios improvisados. Por ejemplo, es habitual que se habiliten colchonetas y carpas en el muelle de Puerto Naos para que duerman personas migrantes cuando el CATE está completo. La semana pasada, al menos, dos mujeres, un bebé y un niño de cuatro años durmieron en este recurso improvisado. ¿La falta de recursos permanentes no puede suponer una vulneración de los derechos humanos?
"Yo puedo contestar desde el punto de vista de nuestro Tribunal porque otras cosas no nos competen. Este tipo de temas se tienen que resolver a nivel estatal digamos y por lo menos a lo que puedo decir es que al Tribunal Europeo no nos ha llegado de España ninguna demanda relacionada con este tipo de cuestiones. Nosotros también lo que tenemos que tratar son daños individuales, o sea que hay otras cosas que tiene que hacer el legislador o los servicios sociales, pero no son competencia de un juez", revela Elósegui.
María Elósegui narra una de las resoluciones de su Sala en relación a la acogida de personas migrantes. La magistrada del Tribunal de Estrasburgo explica un caso de una mujer, solicitante de asilo, que vivía en Francia, pero a la que le correspondía solicitar asilo en España porque era el país en el que había entrado. "Hasta que las personas, por ejemplo, son expulsadas, debe haber un mínimo de condiciones, sobre todo si hay menores, pero que son temas puntuales. Ella no quería irse de Francia, entonces no estaba actuando tampoco legalmente, pero bueno, no acudió al vuelo que le pusieron para venir a España y que pudiera pedir el asilo, por los Acuerdos de Dublín", continúa, "mi Tribunal dijo que hay que garantizar que el menor tenga unas mínimas condiciones en ese proceso, pero que los primeros pasos hay que hacerlos en España".
"En España, en general, las cosas se hacen mucho mejor que en otros países", asegura la magistrada española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Juicio por despreciar la bandera nacional
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló hace unos meses que España debía indemnizar al ciudadano Pablo Fragoso por haber sido multado de forma "desproporcionada" al insultar la bandera española. Para la magistrada María Elósegui la prensa se hace eco de estas sentencias que son "temas colaterales de libertad de expresión". La magistrada asegura que este tema es coyuntural y no afecta a los ciudadanos. En este sentido, relata que el país es "un Estado de Derecho, muy desarrollado, con muchísimas libertades". La jueza asegura que "no hay ningún problema de libertad de expresión, me atrevo a decir, hay otros problemas, como digo ordinarios y que nosotros vamos resolviendo y sin embargo, no se refleja porque no es mediático".
El salto a la valla de Melilla
María Elósegui formó parte de la gran sala que resolvió en 2020 la sentencia sobre uno de los saltos a la valla de Melilla y avaló las devoluciones en caliente, cambiando el anterior fallo que había emitido el Juzgado. En esta resolución judicial se dictó que España no había vulnerado el convenio al expulsar a dos personas migrantes de vuelta a Marruecos tras haber entrado a territorio español.
"Cuando hay intentos de entrar de un modo ilegal, con uso de la fuerza, con nocturnidad y con todo preparado en lugar de usar las entradas oficiales, que las hay, porque el Estado tuvo que probar en las que hay espacios donde puedes solicitar asilo, pues usar otra manera no puede estar protegido por nuestro convenio", defiende Elósegui ante La Voz.
"España hace un esfuerzo tremendo, la Cruz Roja que atiende a las personas también, aunque, de pronto, llegan oleadas que no se pueden controlar, que el Estado no puede controlar, no tiene medios y vienen de países terceros de los que España no es responsable", asegura la magistrada del TEDH.
