“Canal de Isabel II se ha manejado como un cortijo, al libre albedrío del señor que entraba por allí, y ahora nuestro objetivo es convertirla en esa empresa que nunca tenía que haber dejado de ser”. Así ha resumido el diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Juan Rubio, los pasos que están dando en la comisión de investigación de la que forma parte, y que pretende esclarecer lo ocurrido en esta empresa pública madrileña, inmersa en una macrocausa judicial por corrupción. Y entre otras cosas, Rubio ha adelantado que esa investigación llegará también a Lanzarote, donde actualmente Canal Isabel II gestiona el ciclo integral del agua.
“Algo hemos analizado ya y digamos que Canal Gestión Lanzarote es el candidato avanzado para incluirse en los modelos que hemos detectado”, ha adelantado en Radio Lanzarote-Onda Cero el diputado, que apunta ya que hubo “bastantes irregularidades en el proceso de adquisición” de Inalsa y también en la posterior actuación de Canal en la isla, “con potenciales sobrecostes en más de una inversión”. Unos “sobrecostes” que afirma que ya han “identificado”, aunque por ahora no pueda dar “pruebas concretas”.
Según ha explicado el diputado madrileño, actualmente la investigación de la comisión sigue centrada en las ‘inversiones’ de Canal Isabel II en Latinoamérica, que fue donde comenzaron a detectar irregularidades y donde ha llegado también la Justicia, con la detención de varios directivos de la empresa y cargos públicos de la comunidad de Madrid. Pero después, continuarán analizando la actuación en cada lugar donde se fue expandiendo la empresa, incluyendo Lanzarote, donde afirma que ya han “descubierto otra serie de prácticas bastante comunes, por las cuales se incrementaban los costes, el de obra fundamentalmente”. Unas prácticas que, según Rubio, apuntan a que se repiten las “grandes líneas de investigación” que ya tienen abiertas: “el gran pelotazo, las compras y adquisiciones y el goteo de pelotacitos”.
“Un modus operandi” que también les ha “llevado a Inalsa”
El diputado de Ciudadanos también ha denunciado las dificultades que están encontrando para acceder a toda la documentación de Canal, señalando entre otras cosas que en la comisión tienen “47 peticiones de información, por ahora denegadas”. Sin embargo, afirma que pese a ello ya han conseguido detectar “un procedimiento, un modus operandi” que también les ha “llevado a Inasa”. Según Juan Rubio, hay “un procedimiento prácticamente igual, en el cual hay una serie de empresas pantalla constituidas ad hoc para realizar la función de la compra”, que sería ese “gran pelotazo”, y posteriormente obras supuestamente infladas de precio y otros presuntos “pelotacitos”.
En el caso de Madrid, ha señalado que tienen “al menos 4 mega depuradoras que están en torno al 4-5%”, lo que subraya que son “unas inversiones absolutamente ridículas, y que casualmente están muy cercanas a campos de golf privados que estamos regando con agua potable”. Y a esto, según el diputado, se suman las presuntas irregularidades en la ejecución de obras, “desde la instalación en la que asumir, firmar, certificar trabajos que no se han realizado, a meter más material del que ya había y sobredimensionar las estructuras”.
En cuanto a Lanzarote, ha apuntado también que “parte de la línea de investigación” se centrará en la “facilidad con la que el Canal de Isabel II” se comprometió a asumir la deuda de Inalsa” cuando se le adjudicó la gestión del ciclo del agua en Lanzarote. Al respecto, ha recordado que la Operación Lezo, en la que fue detenido entre otros el ex presidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González, investiga la adquisición de empresas por parte de Canal pagando un precio superior al de su valor real. Y de esos sobreprecios, según la investigación, se desviaban después fondos a las cuentas privadas de los participantes en la operación.
“No vamos a desaparecer de golpe de Lanzarote”
Juan Rubio se ha referido también a la intención de distintos partidos de la oposición en la Asamblea madrileña, incluido el suyo, de que Canal Isabel II abandone los negocios que tiene en el extranjero y en otros puntos de España y “se focalice en lo que es el objeto del negocio de la empresa, que es la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid”.
Sin embargo, aunque ha subrayado que “se han perdido muchísimos millones de euros que, en definitiva, tenían que haber revertido en los propios accionistas, que no dejan de ser los madrileños”, también ha asegurado que la propuesta de Ciudadanos es que la retirada de esas inversiones en el exterior se debe hacer “de forma ordenada y en ningún caso, por supuesto, rompiendo unilateralmente los contratos”.
“En este sentido, los lanzaroteños pueden estar tranquilos, que no vamos a desaparecer de golpe, por lo menos, si depende de Ciudadanos”, ha asegurado. Y es que aunque insiste en que el compromiso que se firmó en Lanzarote “es totalmente doloso y desde luego nada rentable para los ciudadanos de Madrid”, ha insistido en que tendrá que establecerse un “plan de salida” y de “desinversión” que dé “seguridad jurídica”. Y para ello, una de las opciones que ha apuntado es la de que una nueva empresa “se quede como responsable de la gestión del agua en Lanzarote”, haciéndose cargo de los compromisos que asumió en su momento Canal Isabel II.
