Miembros del PP y personas vinculadas al partido colocadas ‘a dedo’, pagos de al menos 1,4 millones de euros por obras que en realidad no se realizaron y una deuda de casi mil millones de euros mientras se repartían beneficios entre los socios. Esos son algunos de los temas que se están investigando en la Comunidad de Madrid con respecto a la empresa pública Canal Isabel II, que es la matriz de Canal Gestión Lanzarote.
Durante la comisión en la que se están estudiando estos hechos, también salió el nombre del que era gerente de la empresa en la isla, Gerardo Díaz. Según publica el diario digital elespañol.com, de Pedro J. Ramírez, es la propia empresa quien paga el abogado a Díaz, que fue detenido en la Operación Tosca. En esa causa se investigan presuntos delitos de corrupción, como malversación y cohecho, en la adjudicación de contratos a Hispanagua, que es otra filial de Canal Isabel II, de la que Gerardo Díaz fue director general antes de venir a Lanzarote.
El director general de Canal, Adrián Martín López, fue quien confirmó ante la comisión de Madrid que el seguro de la empresa paga el abogado a Gerardo Díaz. Según este directivo, Díaz está investigado "por defender los intereses de Canal" y es un "presunto inocente". Además, aseguró que tras destituirlo en su día, recibió "por primera vez una carta firmada por 200 trabajadores mostrándose en contra de la destitución".
Según elespañol.com, esas firmas se recogieron cuando apartaron a Gerardo Díaz del cargo como director financiero de Hispanagua, aunque cabe recordar que en Lanzarote, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, 4 alcaldes y 200 trabajadores de Canal Gestión también firmaron un escrito pidiendo la restitución de Gerardo Díaz. En caso de que se trate de recogidas de firmas distintas, se habría repetido la misma situación en dos ocasiones.
En Lanzarote, Díaz fue cesado de su cargo el pasado 15 de octubre, ocho meses después de su detención e imputación en la operación Tosca, que le investiga por hechos ocurridos en Melilla. Sin embargo, continúa trabajando en el grupo de Canal Isabel II. De hecho, en su momento la empresa aseguró que el cambio se debía solo a una "reestructuración" interna.
Suspensiones de 3 meses de empleo y sueldo por un pago millonario
Según El Español, Gerardo Díaz negó su implicación en los contratos que investiga la Operación Tosca, en la que continúa imputado. Incluso, aseguró ser "la persona que los detectó desde su puesto en Hispanagua". Cabe destacar que la propia empresa reconoce que pagó 1,4 millones de euros "por obras no realizadas" a Joca Ingeniería y Construcciones S.A., según ha puesto de relieve esta comisión abierta en Madrid.
De esta información también se hace eco el diario Público, que subraya que Canal de Isabel II se limitó a sancionar con una suspensión de empleo y sueldo de tres meses a los trabajadores a los que considera responsables de ese pago millonario e injustificado.
Tras escuchar en la comisión la declaración del actual director general Canal Isabel II, Adrián Martín López de las Huertas, el PSOE y Podemos le acusaron de conocer y no denunciar ante la Fiscalía el pago "por obras no realizadas". Además, ambos partidos han criticado que la empresa no haya emprendido ninguna acción para recuperar ese dinero entregado a Joca Ingeniería y Construcciones S.A, que actualmente está en concurso de acreedores. Concretamente, cuestionan que Canal ni siquiera se ha personado en ese concurso de acreedores para recuperar el dinero de los contribuyentes, dado que se trata de una empresa pública.
"Al jefe y a la subjefa de departamento sólo se les suspendió de empleo y sueldo durante tres meses y al otro técnico, que tenía un puesto inferior de director de obra, directamente se le echó de la compañía", denunció el diputado socialista de Madrid Pedro Santín, cuestionando la actitud de la empresa ante unos hechos de esta gravedad.
Al menos una veintena de personas vinculadas al PP
El otro frente de investigación sobre Canal se centra en la contratación de amigos, familiares y antiguos cargos del Partido Popular. Según recoge El Español, antes de pasar a ser una sociedad anónima en el año 2012, la empresa tenía un artículo en el convenio colectivo que permitía que el 1% de la contratación del Canal no se hiciera por concurso o cualquier otro proceso abierto de selección, pese a ser una empresa pública.
Según el Grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid, habrían entrado a trabajar en la empresa al menos 20 personas ligadas al partido que gobierna y gobernaba en la comunidad. Entre ellas hay familiares de Esperanza Aguirre, de Ignacio González y de otros cargos del Partido Popular o de personas ligadas a Caja Madrid y sus tarjetas black, como Pablo Abejas; o a Bankia, como Álvaro de Ulloa y Suelves, que era director gerente de Canal de Isabel II hasta este martes, cuando según el diario Público ha presentado su dimisión.
A todo esto se suma además la situación económica de la empresa, que actualmente tiene una deuda financiera de 975 millones de euros. Aunque los directivos de la empresa defienden que "es una deuda baja en comparación con las mayores empresas del mundo de gestión de aguas", los diputados de la oposición en Madrid cuestionan que Canal haya repartido beneficios entre sus socios en forma de dividendo. Concretamente, habría entregado 482 millones de euros a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos asociados, de los que el de mayor tamaño, con el 10% del capital, es el Ayuntamiento de Madrid.
Canal desembarcó en Lanzarote en el año 2013, cuando se hizo cargo del ciclo integral del agua en la isla. La adjudicación se realizó a través de un procedimiento negociado, bajo la presidencia de Pedro San Ginés, después que quedara desierto el concurso convocado inicialmente.
