El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 de Las Palmas ha acordado imponer una primera multa coercitiva de 500 euros al alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, por el “incumplimiento sistemático” de una sentencia. El fallo, que es firme desde hace tres años, anuló una licencia otorgada por el Ayuntamiento, que dio cobertura a la ampliación ilegal de una vivienda.
El auto también advierte que esa misma multa se reiterará “el día 1 de cada mes, hasta lograr la completa ejecución del fallo”, que implicaría el derribo de lo construido ilegalmente.
En caso de impago, el magistrado deja claro que se procederá a la ejecución forzosa de las multas. Además, ordena que se garantice que se pagan con fondos personales del alcalde, y para ello solicita que el interventor del Consistorio informe “dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes de que aquél no percibe en sus retribuciones ningún emolumento fuera de los establecidos legalmente o convencionalmente”.
En cuanto al plazo para pagar la primera multa, el juez da al alcalde cinco días desde la notificación del auto, que está fechado el pasado 8 de junio. Además, subraya que aunque contra esta resolución cabe recurso, éste no tendrá “carácter suspensivo”, por lo que igualmente tendrá que empezar a abonar ya la primera multa.
Respecto al importe, señala que es “superior al nivel mínimo fijado” porque “se ha requerido personalmente en tres ocasiones al alcalde, con los correspondientes apercibimientos, para que explique por qué no se ejecuta la sentencia y las justificaciones han sido de todo punto insatisfactorias, revelando el ánimo” de “demorar la resolución del expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística”.
"Un compendio de burocracia vacua" para "aparentar actividad tendente a ejecutar el fallo"
La sentencia que sigue sin ejecutarse fue dictada por este mismo Juzgado en octubre de 2017, anulando licencia que otorgó el Ayuntamiento para legalizar la ampliación de una vivienda, ubicada dentro de un complejo residencial. El Consistorio recurrió entonces el fallo, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazó su recurso y condenó al Ayuntamiento a pagar las costas generadas, declarando firme la sentencia en junio de 2019.
“Al haber transcurrido el plazo de ejecución voluntaria sin que la Administración demandada lo hubiera realizado”, se instó la ejecución forzosa por parte de los demandantes afectados por esa licencia. Después, al continuar el incumplimiento, se solicitó también la imposición de multas personales al alcalde, que son las que ahora ha acordado el Juzgado.
En sus alegaciones para evitar esta sanción, Oswaldo Betancort negó que hubiera una “resistencia” del Ayuntamiento a ejecutar el fallo, defendiendo que tras la sentencia firme, “de manera inmediata anuló el acto e inició el procedimiento para el restablecimiento” de la legalidad.
Sin embargo, el Juzgado concluye que “resulta imposible asumir” esos argumentos. “Si las cosas fueran como se relatan, no hubiera resultado procedente una ejecución forzosa del fallo judicial, sino que el señor alcalde hubiera cumplido voluntariamente aquél sin necesidad de incoarse expediente judicial alguno”, subraya, añadiendo que tampoco “hubieran transcurrido casi tres años desde el fallo confirmatorio del TSJC, sin que se tenga aún noticia de la culminación del procedimiento”.
Por el contrario, el magistrado considera que lo que ha aportado el alcalde en su defensa es “un compendio de burocracia vacua que persigue aparentar una actividad administrativa tendente a la ejecución del fallo, pero que lo que intenta y consigue es demorar la resolución del expediente de restablecimiento de legalidad urbanística”.
Además, cuestiona que se “dejó caducar” un primer expediente, al igual que “las solicitudes varias de ampliación del plazo para ejecutar la sentencia, efectuadas con idéntico ánimo”.
Advertencia con acciones penales
“Lo que corresponde es resolver inmediatamente el procedimiento de restablecimiento”, insiste el Juzgado, que advierte además a Oswaldo Betancort con posibles acciones penales si continúa sin ejecutar el fallo.
Esta advertencia la hace también extensiva a los técnicos que participen en el expediente, subrayando que no pueden emitir informes que “desafíen el contenido de las dos sentencias que constituyen el objeto de esta ejecución”.
En caso contrario, señala que se abrirán diligencias “por desobediencia a la Autoridad judicial respecto del señor alcalde de la Corporación Municipal y de todos aquellos técnicos que suscriban informes que manifiestamente no respeten de manera taxativa y escrupulosa el contenido de la sentencia de este Juzgado y la de la Sala del TSJ de Canarias”.
Otra advertencia de multa anterior en otra causa
Con esta resolución judicial, el alcalde afronta la primera multa por hechos similiares, aunque previamente ya había tenido otras advertencias.
El pasado mes de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias amenazó al alcalde con multas de 1.000 euros mensuales por no ejecutar otro fallo, relativo a uno de los esqueletos de hoteles ilegales de Costa Teguise. En aquel caso, la sentencia era firme desde 2007, y llevaba 15 años sin ejecutarse.
En aquella resolución, el TSJC exigía al alcalde que explicara por qué no estaba ejecutada, advirtiendo con esas multas “en el supuesto de que la respuesta dada resulte insatisfactoria”.
Poco después de esa advertencia judicial, Betancort anunció que los promotores de uno de esos esqueletos ilegales iban a asumir el derribo, que es lo que corresponde en estos procedimientos y lo que reclamaban el Cabildo y la Fundación César Manrique como demandantes. Hace unas semanas comenzó la demolición de un esqueleto, tras casi dos décadas de espera.
