El juicio de Montecarlo arranca en dos semanas y dará inicio a varios meses de vistas por corrupción

En mayo será juzgado Pedro San Ginés, en junio Felipe Fernández Camero -investigado ahora junto a San Ginés en otra causa- y en septiembre, de nuevo, José Francisco Reyes

I.L.

Periodista

Sección sexta de la Audiencia Provincial
Sección sexta de la Audiencia Provincial

El juicio de una de las piezas del caso Montecarlo comenzará a finales de este mes, y con él se iniciará una nueva etapa de vistas judiciales por casos de corrupción en la isla. Además de los doce acusados de esta pieza de Montecarlo, en los próximos meses se sentarán en el banquillo en distintas causas el ex presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, el abogado Felipe Fernández Camero y, entre otros, el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que afrontará otros dos juicios.

El primer señalamiento, del que ya informó La Voz el pasado mes de noviembre, acaba de ser confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con lo que se mantiene la fecha de comienzo prevista, el próximo 25 de abril.

Este juicio es el tercero del caso Montecarlo y el primero que sentará en el banquillo al ex alcalde de Arrecife José Montelongo, por presuntos delitos de malversación y prevaricación en los pagos a las empresas Inelcon y Señalon.

En total, está previsto que se desarrolle en 14 sesiones hasta mediados de junio, ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, y las tres primeras serán el 25, el 26 y el 27 de abril.

Además de Montelongo, entre los procesados está el ex interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, que ya fue condenado tanto en el caso Unión como en otras dos piezas de Montecarlo, en las que confesó los delitos que se le imputaban, al igual que el resto de acusados.

Junto al ex alcalde, el ex interventor y el empresario, en el banquillo se sentarán los ex concejales Isabel Martinón, Víctor Sanginés, Eduardo Laso y Alberto Juan Morales, y cinco trabajadores del Ayuntamiento: Miguel Ángel Leal, José Nieves Caraballo, Penélope Tabares García, José Antonio Cabrera Moreno e Isidro Hernández Fuentes. 

La Fiscalía pide para ellos penas de entre 4 y 6 años de prisión, además de la devolución del dinero malversado, en la cantidad que cada uno contribuyó presuntamente a defraudar.

 

San Ginés vuelve al banquillo

El siguiente en sentarse en el banquillo será el ex presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, por un delito de prevaricación, al ordenar la incautación ilegal de la desaladora de Montaña Roja para entregársela a Canal Gestión. 

Este juicio se inició hace año y medio, pero la defensa de San Ginés consiguió que se suspendiera cuando ya se había celebrado una sesión, alegando de forma extemporánea que la jueza no era la competente para juzgarlo. 

Después, la Audiencia Provincial tumbó sus argumentos y ordenó que continuara celebrando la vista la misma magistrada, del Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife, que ahora tendrá que comenzar la vista desde el principio.

Tras varios cambios, el último señalamiento se fijó para los próximos días 16, 17, 24 y 25 de mayo, por lo que coincidirá en el tiempo con el juicio de Montecarlo, que se extenderá durante casi tres meses. Junto a San Ginés, en esta causa serán juzgados el ex secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, y el que era gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín.

 

Primer juicio por corrupción a Camero

El 13 de junio, si no se producen cambios, llegará el turno del abogado Felipe Fernández Camero, que deberá responder por la presunta malversación de casi un millón de euros que cobró del Ayuntamiento de Yaiza.

Camero también está acusado por delitos de malversación y cohecho en una pieza del caso Unión, que sigue sin fecha de juicio, junto a la ex alcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz. Además, ahora está siendo investigado en la nueva causa abierta contra el ex presidente del Cabildo, Pedro San Ginés. En ese procedimiento se investigan los pagos que recibió el yerno de Camero, el abogado Ignacio Calatayud, por el concurso de acreedores de Inalsa, que ascendieron también a casi un millón de euros.

Mientras autorizaba esos pagos, San Ginés vivía en una casa propiedad de Camero, primero en régimen de alquiler, según aseguró él mismo, hasta que después la adquirió, en una fecha que no quiso precisar. Esa operación de compra es lo que también se investiga, por si pudo ocultar un presunto delito de cohecho (soborno) relacionado con los pagos a Calatayud. Ni en la declaración de bienes de San Ginés en el Cabildo ni en el Registro de la Propiedad consta que la vivienda sea suya.

En cuanto al juicio al que Camero se enfrentará en junio, surge de una pieza separada del caso Yate y está previsto que se prolongue durante 9 jornadas, entre el día 13 y el día 23. Junto a él, en el banquillo de los acusados se sentarán el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el ex secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, y otro funcionario del Consistorio, Antonio Fernández Martín.

La Fiscalía pide 6 años de prisión y 10 de inhabilitación para Felipe Fernández Camero por el "arbitrario expolio de fondos públicos" del Ayuntamiento de Yaiza, ya que sostiene que cobró cerca de un millón de euros del Consistorio al margen de la ley, sin que conste ni su contratación legal ni los servicios prestados para justificar esos pagos. 

 

La licencia de Costa Roja se juzga 16 años después

Además, José Francisco Reyes tendrá un segundo juicio este año, por la concesión de la licencia de Costa Roja, para construir más de 1.000 viviendas, 228 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje a la entrada de Playa Blanca. Esta causa es una de las que más se ha retrasado, ya que se inició hace 16 años.

Junto a Reyes, también está de nuevo acusado el que era secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y el ex jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, acusados de delitos de prevaricación urbanística. Actualmente, ninguno de los tres ocupa ya esos cargos, de los que fueron apartados por otras condenas de corrupción.

En su escrito de acusación, la Fiscalía subraya las “dilaciones extraordinarias e indebidas” que se produjeron durante la instrucción de esta causa, y las aplica como atenuante para rebajar la pena. Así, solo pide una condena de tres años y tres meses de inhabilitación para cada uno -que actualmente no tendría efectos prácticos-, así como una multa de 3.960 euros.

Por su parte, la acusación particular eleva la petición a un año y tres meses de cárcel y siete años de inhabilitación, al considerar que no fue un único delito, sino un delito continuado. Y es que un año después de otorgar la licencia de obra, los acusados aprobaron también el proyecto de ejecución, pese a las reiteradas advertencias que habían recibido ya entonces del Cabildo sobre su ilegalidad.

LO MAS LEÍDO