La Sección Sexta de la Audiencia Provincial juzgará este viernes en Arrecife a JRGN, acusado de un delito continuado de abusos sexuales contra su hija adoptiva, una menor de 16 años. Asimismo, la Sala añade como agravante la posición de autoridad y confianza que el padre tenía sobre la menor.
La Fiscalía pide en total para el acusado ocho años y tres meses de prisión, una orden de alejamiento a más de 500 metros durante diez años y cursos de educación sexual, entre otros puntos.
Los hechos se habrían producido en Costa Teguise antes del verano de 2018. De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, en ese momento, JRGN presuntamente habría hecho peticiones de carácter sexual a su hija, de 15 años, aprovechado su condición de progenitor adoptivo, a cambio de dejarla salir con sus amigas. En este caso, tocó los pechos de la menor en varias ocasiones por debajo de la camiseta.
Asimismo, en otro episodio, ya en el verano de 2018, la menor manifestó a su padre su preocupación al pensar que podía estar embarazada de su novio. El acusado le habría realizado unos tocamientos, "animado por el deseo de satisfacer su apetito sexual y aprovechándose de la relación de familiaridad, le lamió los pechos y le tocó las partes genitales por encima de la ropa", recoge el Ministerio Público.
Asimismo, entre septiembre y diciembre de 2019, el acusado trató de besar a una amiga de su hija, de 17 años, en dos ocasiones. La primera en Famara y otra en una fiesta en Varadero.
Penas de prisión
En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal pide al acusado una pena de prisión de cinco años y seis meses de prisión, así como inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por un delito continuado de abuso sexual a una menor de 16 años. Al mismo tiempo, una orden de alejamiento a una distancia menor de 500 metros de cualquier lugar donde se encuentre, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento durante diez años.
Asimismo, una vez cumplida la pena, el Ministerio Público, exige la obligación de participar en cursos de educación sexual durante seis años.
A ello hay que sumarle el delito continuado de abuso sexual, aprovechándose de una situación de confianza, familiaridad o autoridad, por lo que el Ministerio Fiscal pide dos años y nueve meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, una orden de alejamiento a 500 metros durante diez años y cursos de educación sexual durante seis años como medida de libertad vigilada.
En cuanto al pago de la responsabilidad civil, la Fiscalía pide para el acusado indemnizar a la menor con 6.000 euros por daños morales causados y al representante legal de la amiga de la menor por 3.000 euros.
