La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará la próxima semana en Arrecife a un hombre acusado de agredir sexualmente de forma continuada a la hija de su pareja, cuando la menor tenía entre 10 y 12 años. La Fiscalía pide para él 15 años de prisión, además de medidas de alejamiento de la víctima y de otros niños. También solicita que indemnice a la madre, como representante legal, con la cantidad de 75.000 euros, “por los daños morales padecidos por la víctima”.
Según los informes médicos aportados en la causa, la niña sufre “síntomas de tipo depresivo, somatizaciones, síntomas de ansiedad, baja autoestima, problemas de adaptación personal y tendencia a problemas escolares”, lo que según la Fiscalía evidencia “la existencia de secuelas y daño psicológico” por lo ocurrido.
El escrito de acusación sitúa el inicio de los hechos en septiembre de 2015, señalando que continuaron hasta agosto de 2018. Durante ese periodo, el Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, “movido por su atracción sexual hacia los menores de edad, con ánimo de mantener relaciones sexuales y satisfacer así su ánimo libidinoso, mantuvo numerosos encuentros sexuales” con la niña, “valiéndose para ello de la relación de confianza existente entre ambos, por ser el procesado la pareja sentimental de la madre de la menor de edad y por convivir ambos en el mismo domicilio común”.
De esta forma inició “relaciones sexuales plenas y no consentidas por la menor”, según la acusación, “aprovechando” los momentos en los que la madre estaba fuera de casa. “Obligaba a la menor de edad a mantener dichas relaciones sexuales, bajo la amenaza de que la iba a meter en un internado, de que la iba a hacer la vida imposible y de que la iba a rajar la cabeza”, señala el Ministerio Fiscal.
En su escrito de calificación, lo considera autor de un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años de edad y, además de la pena de cárcel de 15 años, pide que se le prohíba acercarse a la menor a una distancia inferior a 500 metros o comunicarse con ella durante 25 años.
También solicita una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante 20 años.
Además, una vez cumplida la condena pide que se imponga la medida de libertad vigilada, ampliando durante 10 años la orden de alejamiento de la menor y su inhabilitación para cualquiera actividad relacionada con menores, y que se le obligue a participar en programas de educación sexual para pedófilos.
