CASO MONTECARLO

La fiscal, en el juicio: “Han reconocido un sistema de enriquecimiento para esquilmar las arcas públicas”

El único acusado que no ha confesado su participación en los hechos, Federico Toledo, también ha confirmado que el trabajo por el que cobraron Montesinos y Betancort nunca se realizó

Celebración del juicio Montecarlo en Arrecife
Celebración del juicio Montecarlo en Arrecife

“Han reconocido un sistema de enriquecimiento para esquilmar las arcas públicas”. Así ha resumido la fiscal lo ocurrido en el juicio de la segunda pieza del caso Montecarlo, que este jueves ha quedado visto para sentencia con la confesión de tres de los acusados, que han admitido haber malversado más de 300.000 euros del Ayuntamiento de Arrecife, con el mismo sistema que habían empleado antes en el Consistorio de San Bartolomé.

De hecho, el interventor Carlos Sáenz, el empresario José Vicente Montesinos y el actual gerente de Lancelot Medios, Javier Betancort, ya fueron condenados en la primera pieza de la causa que fue a juicio, por el saqueo de casi medio millón de euros en San Bartolomé, donde Betancort fue concejal de Hacienda, hasta que después dejó el cargo y empezó a trabajar con Montesinos.

En cuanto al cuarto acusado en este nuevo juicio, el abogado Federico Toledo, ha sido el único que ha defendido su inocencia, y en él se ha centrado la vista y también las conclusiones. En su caso, no está acusado de haber participado directamente en la malversación, sino de haber sido un “colaborador necesario”, y también de deslealtad profesional, mientras representó al Ayuntamiento en los pleitos que inició Montesinos contra el Consistorio cuando dejaron de pagarle facturas por esos servicios que realmente no había prestado. Arrecife perdió el primero de esos pleitos y ni siquiera recurrió, mientras que el resto consiguieron después pararse por prejudicialidad penal, al estar ya iniciada esta causa.

En su declaración, en la que ha reconocido que le unía una relación de amistad a Javier Betancort, Federico Toledo también ha confirmado que el supuesto trabajo que Montesinos y Betancort facturaban al Ayuntamiento nunca su realizó. “Nunca tuve conocimiento de que existieran esos pliegos, jamás”, ha afirmado, defendiendo que así intentó sostenerlo en el juicio contencioso iniciado por Montesinos.

Sin embargo, según su declaración, el interventor aportó después a ese pleito documentos asegurando que existían “los contratos y los pliegos”. “A mí me negaban que existieran”, ha sostenido Toledo. Sobre las conversaciones que mantuvo en esa época con Carlos Sáenz, ha negado que hablara con él de este procedimiento.

Respecto a esos pliegos, la fiscal ha subrayado que en realidad sí existían unos “borradores” en el Ayuntamiento, que hubieran probado que “no respondían a ningún servicio”. De hecho, así lo han permitido acreditar en esta causa, en la que tres de los acusados han terminado confesando.

En teoría, el Ayuntamiento contrató a Javier Betancort -a través de empresas de Montesinos- la redacción de pliegos para distintos concursos. Sin embargo, tal como ha venido sosteniendo la Fiscalía, ni hubo concursos ni era necesario contratar la redacción de esos pliegos, que podían haber sido elaborados por funcionarios municipales. De hecho, la fiscal ha subrayado en el juicio que los pliegos que entregó Betancort como supuesto trabajo -cobrando hasta 18.000 euros por cada uno- “habían sido sacados de la página web del Gobierno de Canarias”, ya que eran documentos tipo donde solo cambiaba el nombre del servicio o suministro que se iba a contratar.

Tras haber pagado ya más de 300.000 euros gracias a la colaboración de otra persona que estaba imputada en la causa y que falleció durante la instrucción, el ex concejal de Hacienda José Miguel Rodríguez, la llegada de un nuevo edil a este área hizo que se pararan los pagos a Montesinos, tal como ha recordado Carlos Sáenz tras confesar en el juicio.

En ese momento, el empresario llevó al Ayuntamiento a los Tribunales para reclamar también ese pago y el letrado que designó el entonces alcalde, Cándido Reguera, fue a Federico Toledo. “Su actuación habrá sido mejor o peor, pero el Ayuntamiento tuvo coste cero y perjuicio cero”, ha sostenido su defensa al presentar sus conclusiones en el juicio. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Arrecife, y la acusación popular, ejercida por Acción Cívica, han coincidido en que Federico Toledo si perjudicó los intereses municipales, entre otras cosas al no recurrir una sentencia de primera instancia que había dado la razón a Montesinos.

Sin embargo, Toledo ha sostenido que aunque esa sentencia se hizo firme, después se alegó que existía prejudicialidad penal para no ejecutarla. “Si lo han pagado es por otros temas, no es mi culpa”, ha declarado, afirmando que no tiene “conocimiento de que se haya pagado” por esa sentencia firme, y que los otros dos procedimientos no llegaron a resolverse y están suspendidos a la espera de este juicio penal.

Por su parte, la abogada de la acusación popular ha cuestionado que lo que tenía que haber hecho Federico Toledo desde el primer momento en que se le asignó este pleito era haber presentado una denuncia. “No había expendiente de contratación, el trabajo no se había realizado y había informes claros de Tesorería y Contratación”, ha subrayado, señalando que lo único que había eran órdenes del interventor diciendo que se pagara. “El abogado debería haber ido directamente a Fiscalía, no responder a un contencioso. El Ayuntamiento tenía que haber denunciado estos hechos, cosa que no hizo Federico Toledo”, ha añadido. Finalmente fue la Fiscalía, a través de Ignacio Stampa, quien inició estas diligencias de oficio, tras recibir una denuncia anónima que podría proceder de un trabajador del Ayuntamiento.

En sus conclusiones, la fiscal y las dos acusaciones han sostenido que Federico Toledo tenía “vínculos” tanto personales como empresariales con Javier Betancort -que en ese momento trabajaba con Montesinos y era quien actuaba ante el Ayuntamiento para el cobro de las facturas-, por lo que debía haber rechazado asumir ese pleito al existir un conflicto de intereses.

Por su parte, Toledo ha reconocido que tenía “amistad” con Javier Betancort, pero ha negado que fueran socios. Al respecto, para rebatir los informes elaborados en su día por la UDEF que detallan esos vínculos empresariales, Federico Toledo ha señalado que sí formaron parte de una misma sociedad creada en 2008, pero ha alegado que en 2011 él vendió las participaciones y dejó de ser administrador.

Respecto a un viaje que realizó a Fuerteventura con Javier Betancort, y que según consta acreditado en la causa fue pagado por una de las empresas de José Vicente Montesinos, Toledo ha afirmado que realizó ese viaje para hacerle “un favor” a Betancort, por “amistad”, porque necesitaba asesoramiento en materia laboral. Y lo mismo ha declarado Javier Betancort, que ha sido el único de los tres acusados confesos que ha aceptado contestar a preguntas del abogado de Federico Toledo.

Sobre ese viaje, que consta pagado a través de la empresa de Montesinos Tributos La Oliva, la defensa de Toledo ha subrayado que el importe del billete de barco era de quince euros. “Si tienen una asociación en la que se están haciendo ricos los dos, yo no lo veo”, ha afirmado el letrado. Además, a pesar de ese pago, Federico Toledo ha asegurado en su declaración que nunca tuvo “relación con las empresas de Montesinos”.

Sin embargo, la Fiscalía y las acusaciones consideran que esos vínculos le debían haber llevado a abstenerse en el procedimiento, ya que había un “conflicto de intereses” para representar al Ayuntamiento en un pleito contra Montesinos y Javier Betancort. Además, a esto añaden que en esa intervención como letrado, perjudicó conscientemente los intereses del Consistorio.

“Excede de lo que podría ser una simple infracción del código deontológico. Existe dolo. Hubo un ánimo claro de perjudicar los intereses del Ayuntamiento, beneficiando a terceros”, ha afirmado la abogada de Acción Cívica, Irma Ferrer. Además, ha recordado que el otro vínculo entre los acusados estaba en Cándido Reguera, que también estuvo imputado en esta causa pero falleció durante la instrucción, y que al igual que Javier Betancort y Federico Toledo pertenecía al PP.

Reguera era concejal de Hacienda de San Bartolomé cuando Montesinos empezó a cobrar facturas falsas de este Ayuntamiento, y después fue alcalde de Arrecife, cuando la trama se trasladó a este municipio. Y fue él quien designó al que era su compañero de partido, Federico Toledo, como abogado en el pleito iniciado por Montesinos.

“Lo designa porque tenían amistad previa e intereses comunes. Nombra a un abogado de confianza que pudiera manejar”, ha afirmado la abogada de la acusación popular, que ha sostenido que Toledo “dejó indefenso al Ayuntamiento” en ese pleito. Por un lado, al no notificar que existía un conflicto de intereses que le impedía asumir el procedimiento. Después, según ha sostenido, contestando la demanda “in extremis” y acudiendo a la vista sin la documentación necesaria, lo que obligó incluso a suspenderla. Y por último, no recurriendo el fallo de primera instancia. Además, la Fiscalía y el abogado del Ayuntamiento también han subrayado que Toledo tardó varios días en notificar esa sentencia al Consistorio.

Sobre estos dos últimos puntos ha girado buena parte de la declaración de Federico Toledo, que ha alegado que si no informó antes al Ayuntamiento de que habían perdido el juicio fue porque estaba de viaje. “No creo que haya tenido ningún perjuicio para el Ayuntamiento por tardar más. Tenía 14 días hábiles para presentar el recurso”, ha alegado. Además, ha asegurado que si después no presentó un recurso fue porque así se lo indicaron desde el Ayuntamiento. Al respecto, ha defendido que él propuso alegar que existía prejudicialidad penal, dado que la Fiscalía ya había iniciado la investigación del caso Montecarlo, para parar así esa causa en la vía contencioso administrativa.

Sin embargo, tanto el que era entonces alcalde, Manuel Fajardo Feo, como el que era secretario en ese momento, Francisco Javier López, han declarado como testigos y han negado haberle dado instrucciones de no recurrir. “Mi opinión es que se podía haber recurrido e incluir en el recurso la prejudicialidad penal”, ha declarado el ex secretario, que en cualquier caso ha subrayado que ésa era una directriz que debía haber marcado el alcalde y que el abogado “no debía decidir por su cuenta”. A raíz de aquello, López emitió un informe que en 2013 llevó al alcalde a enviar un escrito a Federico Toledo, pidiéndole que se apartara de los contenciosos en los que representaba al Ayuntamiento frente a Montesinos.

Tras recibir esa notificación, el acusado ha declarado que contestó por escrito al alcalde. “Le dije que no tenía nada de qué arrepentirme, que yo había hecho el trabajo correctamente, pero que lo aceptaba”, ha relatado, afirmando que luego no recibió más respuesta. Por su parte, el abogado que representa al Ayuntmiento como acusación en la causa ha reprochado a Federico Toledo que no llegó a apartarse de los procedimientos pese a la indicación del alcalde. Y que tampoco lo hizo cuando en 2012 fue citado a declarar como imputado en esta causa penal.

“Una labor honesta hubiera sido retirarse tras su imputación”, ha afirmado el letrado, que ha cuestionado que fue a partir de esa imputación cuando Toledo cambió su actitud en los contenciosos que llevaba contra Montesinos y empezó a dar “apariencia de correcta actuación”. Finalmente, en 2019, Federico Toledo remitió un escrito -que ha aportado el mismo a la causa- a la entonces alcaldesa, Eva de Anta, comunicando que dejaba los pleitos. “Yo estaba orgulloso de mi trabajo, pero si por el código deontológico tenía que renunciar, se lo pasaba a otro compañero”, ha declarado.

Por su parte, el letrado del Ayuntamiento ha cuestionado que “no se apartó en 2012 -cuando fue imputado en esta causa- y sí en 2019”, y ha apuntado que su actitud “obedeció a algún tipo de estrategia ante lo que se le venía encima”. Además, la Fiscalía también ha subrayado que desde que contestó a la primera demanda de Montesinos -en el juicio que terminó perdiendo con sentencia firme- Toledo “tenía conocimiento de las diligencias de Fiscalía y no hizo referencia a ellas”.

Durante el juicio, que estaba previsto en tres jornadas y se ha resuelto en una tras la confesión de tres de los acusados y la renuncia a la mayor parte de la prueba que estaba prevista, sí han declarado otros cuatro testigos además del ex alcalde de Arrecife y el ex secretario. Una de ellas ha sido la actual secretaria, Asenet Padrón, que también ocupaba el cargo antes que Francisco Javier López.

Padrón ha sido preguntada por la denuncia que realizó poco después de iniciarse la investigación del caso Montecarlo, cuando aseguró que el entonces alcalde, Cándido Reguera, el teniente alcalde, José Montelongo (pendiente de juicio en otras dos piezas de esta causa), la ex concejal de Recursos Humanos, Nayra Callero, y el propio Federico Toledo habían entrado en su ausencia en su despacho y se habían llevado documentos del expediente que había solicitado la Fiscalía, y que después aparecieron en casa de Reguera. Padrón ha explicado que lo denunció porque le pareció “gravísimo” y que un mes después fue cesada por el alcalde, en una decisión que posteriormente fue anulada por los tribunales.

Además, también ha declarado Nayra Callero, que ha afirmado que no recuerda haber estado en esa reunión en el despacho de la secretaria con Federico Toledo. “Recuerdo haber declarado en Fiscalía, pero lo que dije en este momento no lo tengo en la cabeza”, ha afirmado cuando le han intentado remitir a aquella declaración, en la que sí reconoció haber estado en el despacho de la secretaria.

“A ver si le recuerdo y mejoramos su memoria”, ha comentado la abogada de la acusación antes de relatarle lo que distintos testigos han confirmado que ocurrió ese día, y preguntándole incluso si ella misma “mintió” en su declaración durante la instrucción. “Le estoy diciendo que no lo recuerdo”, ha insistido la testigo. “¿Recuerda que Cándido Reguera se llevara documentos?”, le ha planteado a continuación. “No lo sé, yo no soy Cándido”, ha respondido Callero, apuntando después que en esa época “entraban con total naturalidad a los despachos” y que “entonces no se cerraban con llave”.

Otro de los testigos en declarar ha sido José Manuel Fiestas, en este caso a petición de la defensa de Federico Toledo, por su papel como secretario del Ayuntamiento de San Bartolomé. En esa declaración, la defensa le ha preguntado por un pleito que también ganó una de las empresas de Montesinos frente a San Bartomé, también en base a un informe que elaboró Carlos Sáenz, que era interventor de ambos municipios. Al respecto, la abogada de la acusación popular ha subrayado quien representó a San Bartolomé en ese pleito es el mismo abogado que representa a Federico Toledo en este juicio, es decir, quien estaba realizando el interrogatorio. Además, ha asegurado que también a él le unen “vínculos empresariales” con Federico Toledo y Javier Betancort, aunque el letrado lo ha negado.

Durante esta declaración, el presidente de la Sala ha advertido de que se estaban abordando asuntos relativos a otra pieza ya juzgada y sin relación directa con esta causa. Así, la defensa de Toledo ha renunciado a continuación a otro testigo relacionado con lo ocurrido en San Bartolomé, la ex alcaldesa y actual presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo. En ese municipio, fue la salida de la Alcaldía de Miguel Martín -condenado en la primera pieza de Montecarlo- lo que puso fin a los pagos ilegales a Montesinos.

Por último, en un particular juicio que se ha celebrado a caballo entre dos islas y por viodeconferencia -con los magistrados y dos de los acusados en Gran Canaria y los otros dos en Lanzarote, junto con sus letrados y la abogada de la acusación popular- también ha declarado como testigo el abogado del Ayuntamiento de Arrecife, que ha cambiado de rol durante unos minutos para responder a las preguntas de la defensa de Federico Toledo. En el breve interrogatorio, solo ha dado cuenta de que efectivamente, cuando asumió la representación del Ayuntamiento en esta causa, mantuvo una reunión con Toledo para que le informara del estado de los procedimientos contenciosos que había llevado frente a Montesinos.

Los acusados Carlos Sáenz y Javier Betancort, durante el juicio
Los acusados confesos aceptan penas de entre año y medio y tres años y cuatro meses de cárcel
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