El empresario José Vicente Montesinos y el actual gerente de Lancelot Medios, Javier Betancort, han confesado este jueves que malversaron 310.000 euros del Ayuntamiento de Arrecife, cargando facturas falsas al Consistorio por servicios que realmente no habían prestado. Los dos han ratificado su confesión junto al ex interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, que también ha reconocido los hechos al inicio del juicio de una de las piezas del caso Montecarlo.
La sesión continuará ahora solo con el cuarto acusado, el abogado Federico Toledo, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de cuatro años y diez meses de cárcel por deslealtad profesional y como cooperador necesario del delito de malversación. En cuanto a los otros tres, han alcanzado un acuerdo de conformidad por el que han conseguido rebajar las penas que solicitaba el Ministerio Fiscal.
Inicialmente, la Fiscalía pedía 15 años y medio de prisión para Carlos Sáenz y Montesinos por delitos continuados de malversación, prevaricación, falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales; y 5 años y 10 meses de prisión para Javier Betancort por malversación, prevaricación y falsedad documental.
Para Carlos Sáenz, Betancort y Montesinos, ésta será la segunda condena dentro del caso Montecarlo, ya que los tres confesaron también en la primera pieza que fue a juicio, por otro desfalco en el Ayuntamiento de San Bartolomé. En aquel caso, Javier Betancort intervino como concejal de Hacienda del Consistorio, autorizando pagos a Montesinos por servicios que tampoco se habían prestado. Después, tras retirarse de la política, el ex edil del PP comenzó a trabajar con este empresario y extendieron la trama al Ayuntamiento de Arrecife.
En el procedimiento que ha comenzado a juzgarse este jueves fueron investigadas otras dos personas que fallecieron durante la instrucción. Uno de ellos era el entonces alcalde de Arrecife, Cándido Reguera, que también fue concejal de Hacienda de San Bartolomé por el PP cuando se inició la trama de Montesinos, antes de que Betancort llegara al cargo; y la otra el ex concejal de Hacienda de Arrecife José Miguel Rodríguez. El ex edil del PIL, que fue condenado en otras piezas del caso Unión, también confesó en su día los delitos en esta pieza de Montecarlo, afirmando que tenía un acuerdo con el interventor, por el que él "hacía la vista gorda" con pagos como éstos, a empresas de José Vicente Montesinos, mientras que el interventor “no ponía reparos” al pago de facturas a empresas de las que se “beneficiaban” él y su partido.
Además, detalló que aunque los pagos se hacían a nombre de sociedades de Montesinos, era Javier Betancort quien “llevaba esas empresas” y esos contratos con el Ayuntamiento de Arrecife, y que Carlos Sáenz fue quien les presentó, diciéndole que había que hacerle "un favor". Para ello, además de supuestos servicios de asesoramiento, le encargaron la elaboración de pliegos de concursos cuyos precios "eran desorbitados", y que ni siquiera eran necesarios ni llegaron a entregarse. “No vi ningún pliego. Nunca se realizaron. Solo vi dos borradores y eran iguales, solo cambiaba el objeto”, confesó Rodríguez durante la instrucción, dejando un testimonio que este jueves ha sido ratificado por tres de los acusados.
En cuanto a Federico Toledo, que también fue compañero de partido de Javier Betancort, intervino como abogado representando al Ayuntamiento, cuando Montesinos demandó al Consistorio, después de que cambiara el grupo de gobierno y se parara el pago de sus facturas. Pese a que en este procedimiento penal, iniciado años después, se ha acreditado que los servicios ni siquiera llegaron a prestarse, el Ayuntamiento perdió esos pleitos contenciosos, en los que tenía a Toledo como letrado.
Poco después de iniciarse la investigación del caso Montecarlo, la secretaria municipal, Asenet Padrón, denunció que cuatro personas, entre ellas Federico Toledo, habían entrado en su despacho en su ausencia y habían tenido acceso a expedientes que ya había solicitado la Fiscalía. Además, advirtió de que habían desaparecido documentos de ese expediente. Además de Toledo, según denunció en su día Asenet Padrón, estuvieron en su despacho el entonces alcalde, Cándido Reguera, la ex concejal de Recursos Humanos, Nayra Callero, y el que en ese momento era teniente de alcalde, José Montelongo, que está acusado y a la espera de juicio en otras dos piezas del caso Montecarlo.
