El Gobierno ha rechazado conceder un indulto al ex secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, que solicitó esta medida de gracia tras ser condenado por delitos de prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos en el caso Yate, en el que se juzgó la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca. Poco antes de iniciarse el juicio, el propio acusado terminó reconociendo los delitos que se le imputaban y aceptó una pena de un año de cárcel, pero después intentó evitar su cumplimiento solicitando un indulto.
A raíz de esa petición, el pasado mes de julio la Audiencia Provincial accedió a suspender la ejecución de la pena hasta que se pronunciara el Consejo de Ministros, y esa respuesta ha llegado ahora. Así, tras recibir la notificación del Ministerio de Justicia de que ha sido denegado el indulto, la letrada de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha dictado una diligencia, fechada el pasado 25 de enero, en la que ordena que se requiera a Vicente Bartolomé Fuentes para que ingrese en prisión.
Cabe recordar que cuando el ex secretario solicitó el indulto, tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por Carlos Espino como denunciante del caso, se opusieron a que se suspendiera la ejecución de la pena. "Es de sobra conocido que el criterio del Ministerio Fiscal, en delitos enmarcados en la corrupción, se ha opuesto de forma rotunda a la concesión de la gracia de indulto en cuanto a que la medida supone una quiebra del principio de legalidad penal y de separación de poderes", señalaba el escrito de la Fiscalía, que recordaba que el caso Yate "constituye una de las mayores causas contra la corrupción urbanística en Canarias".
Segundo intento de evitar la cárcel
Pese a ello, la Audiencia decidió hace medio año suspender la ejecución de la pena, pero ahora sí ha ordenado su ingreso en prisión tras denegarse en indulto. Así, Vicente Bartolomé Fuentes ha visto frustrado su segundo intento de eludir la cárcel. El primero, por el que pidió no cumplir la pena porque era inferior a dos años de cárcel, ya fue rechazado el pasado año por la Audiencia Provincial.
En su resolución, la Audiencia recordaba las condenas anteriores que pesaban sobre Bartolomé Fuentes y también la "gravedad" de los delitos por los que fue condenado en esta causa. "Las construcciones desmedidas y contrarias a la normativa urbanística provocaron una alteración del territorio en perjuicio de todos los ciudadanos", recogía el auto, que señalaba que la actuación del ex secretario causó "daños irreparables al municipio".
Además, recordaba que el ex secretario emitió informes "a sabiendas de su manifiesta ilegalidad, contribuyendo de manera decisiva en el dictado final de los decretos de concesión de licencia por el alcalde, propiciando con su actuación manifiestamente ilegal una alteración total de la realidad urbanística del municipio de Yaiza, puesto que se autorizaron construcciones y edificaciones hoteleras sin otra base legal que el capricho del alcalde", José Francisco Reyes, que también confesó los delitos y fue condenado en esta causa.
Confesó que sabía que Marina Rubicón y el Plan Playa Blanca eran ilegales
En el acuerdo de conformidad que alcanzó con la Fiscalía, el propio Bartolomé Fuentes reconoció el relato de los hechos que recogía el escrito de acusación y confesó haber cometido un delito de prevaricación al informar a favor de dos proyectos que sabía que eran ilegales: el Plan Parcial Playa Blanca y el puerto deportivo Marina Rubicón. Y también reconoció haber contribuido a malversar fondos públicos del Ayuntamiento, al haber permitido que se pagaran viajes privados del ex alcalde con dinero del Ayuntamiento de Yaiza.
"Se trata de delitos cometido por funcionarios públicos, en lo que viene denominándose corrupción política, que suponen uno de los ataques más demoledores que puedan infringirse a una sociedad democrática, no solo desde un punto de vista cuantitativo: por el perjuicio económico que producen, sino cualitativo: al socavar, hasta casi disolver, los principios mismos sobre los que se asienta aquélla", señalaba la Audiencia, que cuestionaba que la defensa de Bartolomé Fuentes no hacía ninguna referencia en su recurso a la "gravedad de los hechos" por los que fue condenado y que él mismo confesó.
Además, a esto añadía también el riesgo de reincidencia. Y es que aunque Bartolomé Fuentes ya fue apartado de su cargo de secretario de Yaiza por una condena anterior, después empezó a trabajar para otra administración pública, concretamente en el Cabildo de Gran Canaria. "La posibilidad de comisión de nuevos delitos está latente, no solo por su condición de funcionario en activo actualmente, y porque en tal condición cometió los delitos de las tres condenas que pesan sobre el mismo, si bien una de ellas no es firme, sino porque además le consta una cuarta condena por delito contra la seguridad vial, lo que probaría la variedad delictiva que practica el aquí penado", subrayaba el auto.
En cuanto al abono de la responsabilidad civil a la que fue condenado, además se subrayar la "escasa cuantía" que había pagado, la Audiencia apuntaba que tampoco podía "calificarse de 'esfuerzo" por su parte. Y tampoco el pago de la multa, "pues en otro caso conllevaría la privación de libertad de un día de prisión por cada dos cuotas impagadas". Por último, en cuanto al hecho de que manifestara "la voluntad de integración social y laboral", la Audiencia señalaba que "es una mera manifestación de intenciones por quien ha sido condenado en varias ocasiones, por distintas modalidades delictivas".
