La "gravedad de los delitos" que confesó en el caso Yate y las demás condenas que ya tiene a sus espaldas han llevado a la Fiscalía a pedir que el ex secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, ingrese en prisión para cumplir la pena que se le impuso en esta causa, pese a que no supera los dos años de cárcel. "La percepción de impunidad en los delitos de prevaricación existe y esa percepción se agiganta si el condenado elude la pena de prisión en un automatismo burocrático", señala el escrito presentado por el fiscal Javier Ródenas.
Al respecto, el fiscal recuerda que suspender el cumplimiento de una pena, aunque sea inferior a dos años de cárcel, es algo "excepcional". Y aunque se cumplan los "requisitos legales mínimos", con eso no es suficiente y se deben "valorar" otros parámetros, como los antecedentes personales, el delito cometido y el esfuerzo para reparar el daño causado.
En el caso del ex secretario de Yaiza, recuerda entre otras cosas que ya tiene una condena firme de inhabilitación por prevaricación urbanística, que fue la que le apartó de su cargo, además de otra condena en primera instancia por el mismo delito, que está pendiente del recurso elevado al Tribunal Supremo. Además, a esto se suma otra sentencia firme de febrero de 2015 "por un delito de negativa de someterse a las pruebas de detección de alcohol", según subraya el escrito de la Fiscalía.
"Su misión era impedir los caprichos urbanísticos del alcalde"
En cuanto al caso Yate, el propio Vicente Bartolomé Fuentes aceptó una pena de un año de cárcel y 10 de inhabilitación y confesó haber cometido un delito de prevaricación al informar a favor del Plan Parcial Playa Blanca y del puerto deportivo Marina Rubicón, ya que era consciente de que eran ilegales. Y también reconoció haber contribuido a malversar fondos públicos del Ayuntamiento, al haber permitido que se pagaran viajes privados del ex alcalde con dinero del Ayuntamiento de Yaiza.
Por eso, la Fiscalía pide que se rechace la solicitud de su defensa, que ha pedido a la Audiencia Provincial que suspenda la ejecución de la pena de cárcel por ser inferior a dos años.
"Entendemos que en el presente caso y a la vista de la gravedad de los delitos cometidos es obligado no renunciar a la función de prevención general que cumple la pena", subraya la Fiscalía, que destaca la "función ejemplarizante y de coerción dirigida a la sociedad en general" que supone su cumplimiento. "Máxime al tratarse de un servidor público cuya misión principal como secretario de la Corporación Municipal de Yaiza era impedir el abuso de poder y los caprichos urbanísticos del entonces alcalde", subraya.
Ignoró las advertencias del Cabildo
Al respecto, el fiscal recuerda que "durante un período prolongado de más de seis años", José Francisco Reyes llevó a cabo una "masiva concesión de licencias urbanísticas a establecimientos hoteleros en contra de la normativa urbanística que le era obligado observar y hacer valer", con la connivencia del secretario municipal.
Además, recuerda que el Cabildo advirtió en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento de que se estaba incumpliendo el procedimiento reglado para otorgar esos permisos. Un procedimiento que fue "omitido", pese a que la obligación del secretario era "controlar su escrupuloso cumplimiento".
A esto, el fiscal añade que se debe exigir "un plus de responsabilidad a quienes han ocupado cargos públicos utilizados para delinquir y no para servir al cargo con objetividad y sometimiento pleno a la ley y al derecho, como era su obligación constitucional". Por eso, concluye que no puede aceptarse su petición de suspender la ejecución de la pena. "Una concesión automática supondría vaciar de contenido una facultad discrecional para convertir una excepción en regla", advierte.
Los otros siete condenados podrían evitar la cárcel
Junto a Vicente Bartolomé Fuentes, la Fiscalía también ha pedido el ingreso en prisión de José Francisco Reyes. En el caso del ex alcalde, su condena es de seis años de cárcel pero pidió acogerse a una suspensión excepcional de la pena, a la que también se ha opuesto el Ministerio Fiscal.
En cuanto a los otros siete condenados en esta causa, la Fiscalía sí ha aceptado que se suspenda el ingreso en prisión. Entre ellos se encuentran la mujer y los tres hijos de Reyes, que aceptaron una pena de 5 meses y medio de prisión por un delito de blanqueo de capitales, y otras tres personas que ayudaron a Reyes a blanquear el dinero de los sobornos a través de empresas pantalla: Benito Mesa Ferrer, Simeón Camacho y Antonio Marcelo Machín.
Todos ellos confesaron también los delitos y aceptaron penas de entre 5 meses y 5 meses y medio de cárcel, aunque en este caso sí podrán eludir su cumplimiento. No obstante, en todos los casos la decisión última estará en manos de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que fue quien dictó la sentencia.
