La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha confirmado la condena dictada hace un año contra el periódico nacional ABC y uno de sus redactores por intromisión ilegítima del derecho al honor del magistrado César Romero Pamparacuatro, al publicar de manera inveraz que el juez estaba siendo investigado por falsedad en el caso Unión. Según el fallo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puerto de la Cruz, que ahora ha sido ratificado íntegramente, deberán indeminizar solidariamente con 30.000 euros al magistrado.
Además de la indemnización, la sentencia obliga al periódico ABC a publicar en su edición de papel, al día siguiente de que la resolución adquiera firmeza, el encabezamiento y el fallo, en varias páginas y secciones del diario y bajo el titular “Condena al diario ABC y a Javier Chicote por lesión del derecho al honor del magistradon don César Romero Pamparacuatro”.
Los hechos ocurrieron el 14 de diciembre de 2015, cuando el diario ABC llegó a publicar una noticia bajo el titular 'Un juez, un secretario y dos guardias civiles falsearon el mayor caso de corrupción de Lanzarote'. En un segundo titular, dentro de un despliegue de dos páginas, añadían: 'La actuación de los funcionarios puede llevar a la nulidad del caso'.
Además, en el mismo periódico y dentro de la sección 'A los cuatro vientos', se publicó un suelto bajo el título 'Lanzarote, caso Unión: cerco a un juez, un secretario y dos guardias civiles'.
La sentencia afirma que cuando el periódico publicó estas informaciones referentes al sumario del caso Unión, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, único órgano competente para imputar delitos a un juez ejerciente en las islas, no dirigía ninguna investigación contra el magistrado Pamparacuatro.
La sentencia que ahora ha sido confirmada agregaba que el medio “no actuó de forma diligente y que con los citados titulares, fundamentalmente se limitó a difundir simples rumores o invenciones que desacreditaban los procesos judiciales que se seguían sobre determinados casos de corrupción para lo cual difamó a quien participó en la investigación y la instrucción de tales casos, en concreto, el aquí demandante." "Al no ser veraces, puesto que no consta que el demandado actuara diligentemente para comprobar que sus afirmaciones se correspondían con la realidad, la intromisión en el honor del demandante es ilegítima y desproporcionada”, añade.
