La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha rechazado la petición de la defensa del Vladimir y Julia Maleeva Kokorev, un matrimonio de ciudadanos rusos nacionalizados en España, para que su enjuiciamiento por un presunto delito de blanqueo de capitales se siguiera en la Audiencia Nacional.
La Sala ha notificado este mismo miércoles a las partes que no da lugar a su "inhibición a favor" de la Audiencia Nacional. La defensa argumentaba que la Audiencia Provincial es "incompetente" para juzgar un delito múltiple de blanqueo de capitales que se habría cometido en el extranjero. Además, pretendía unificar este proceso con la causa por el delito de tráfico ilícito de armas que ya se encuentra en la Audiencia Nacional.
En concreto, la causa estudia el blanqueo de más de 100 millones de euros procedentes del tráfico ilegal de armas en Guinea Ecuatorial y en ella figuran otros tres procesados. Entre ellos un abogado, acusado de ser el artífice de las 45 sociedades que presuntamente creó la familia Kokorev en Las Palmas para blanquear dinero y dos de las hermanas de ese letrado que habrían actuado como testaferros.
La Audiencia Provincial comprende que existen dos fases y dos procedimientos procesales diferentes, la que se sigue por tráfico de armas y la que se sigue en Canarias por blanqueo de capitales. Al tiempo en que resuelve que si la Audiencia Nacional asumiera la causa se incurriría en inhibiciones tardías y alargaría en el tiempo la resolución de la causa.
Así pues, también ha resaltado que esta petición "carece de justificación en este momento", ya que han transcurrido seis años desde que se iniciaron las actuaciones y 16 desde que se inició el procedimiento en marzo de 2008.
Las dos acusaciones, la representada por la Fiscalía Anticorrupción y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que denunció el caso en 2009, reclaman condenas de entre ocho y cinco años de cárcel para los acusados por delitos de blanqueo de capitales y multas de hasta 240 millones de euros, en el caso de Vladimir Kokorev, a quien atribuyen que generó una riqueza ilícita de, al menos 120 millones de euros, entre los años 1999 y 2014 procedente del comercio ilícito de material militar de defensa y doble uso que vendió a Guinea Ecuatorial, a través diferentes empresas, una de ellas con sede social en Las Palmas de Gran Canaria.
