La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas acogerá el próximo 14 de diciembre la vista oral para atender al recurso presentado por una de las defensas del caso Kokorev. La Sala investiga la presunta trama de blanqueo de capitales que tiene su origen en las comisiones obtenidas de los contratos de compraventa de armas y material militar con el Gobierno de Guinea Ecuatorial y que salpica a un complejo turístico de Costa Teguise.
La vista tendrá lugar a las 9.45 horas y en ella se atenderá el recurso por el que una de las defensas solicitaba que la competencia del enjuiciamiento la asumiera la Audiencia Nacional española y no la Audiencia Provincial que lleva el caso ahora. El complejo Sands Beach Resort SL está ligado a la investigación llevada a cabo por Anticorrupción contra la familia Kokorev, ya que el matrimonio ruso nacionalizado en España y compuesto por Vladimir kokorev y Julia Maleeva, se hizo con el complejo hotelero y su hijo Igor Kokorev asumió su dirección.
De acuerdo con el auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas en el procedimiento de diligencias previas, la empresa Phase Invest SL después de recibir 23.8000.000 euros procedentes de la presunta venta ilegal de armas adquirió en 2004 una decena de apartamentos del Sands Beach Resort, con Juli Maleeva como representante. Luego, participó en el contrato de préstamo por parte de Sands Beach a Phase Invest por valor de más de dos millones de euros. Este fue uno de los ejemplos ofrecidos por la Sala para escenificar la forma de operar de los acusados.
Este presunto entramado operó con empresas ficticias en diferentes países del mundo. Entre ellos, Estados Unidos, España, Ucrania, Dinamarca, Hungría, Guinea Ecuatorial o las Islas Vírgenes británicas.
Según el citado auto, los tres miembros de la familia Kokorev realizaron entre los años 1999 y 2011 presuntas operaciones ilegales o clandestinas de venta de armas y material de doble uso al Estado de Guinea Ecuatorial. En este punto, la Sala tasó en más de 450 millones de euros el trasvase de dinero entre las cuentas del Gobierno guineano.
Entre el armamento y material militar se encontraba la compraventa de buques, helicópteros de combate, vehículos blindados, aviones de caza o armamento militar de doble uso. De acuerdo con este auto, los investigados presuntamente utilizaron un entramado de más 45 sociedades para presuntamente legalizar el dinero. En particular, legalizar las ganancias obtenidas por inflar los costes de compraventa de armamento militar a los fondos públicos de Guinea Ecuatorial y ocultar los pagos realizados a autoridades militares y funcionarios guineanos que participaban en esos sobrecostes.
Esta investigación estudia el desvío de las cuentas del Tesoro de Guinea Ecuatorial a funcionarios y autoridades del país mediante las facturas infladas de material militar y armamentístico comprado en Ucrania.
En este punto, la familia Kokorev habría presuntamente actuado como intermediaria, dirigiendo las sociedades donde el Estado de Guinea abonaba el dinero inflado. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas estimó en cien millones de euros los beneficios obtenidos únicamente por la familia Kokorev-Maleeva.
Asimismo, la familia Kokorev presuntamente hacía uso de testaferros que se quedaban al frente de dichas empresas y que mantenían la titularidad, mientras ellos permanecían a la sombra. Muchas de estas sociedades estaban constituidas en paraísos fiscales.
En este punto, se sirvieron supuestamente de la participación "fundamental y decisiva del asesor fiscal Juan José Arencibia.
