El ex interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, y el ingeniero Antonio Cárdenas han confesado este miércoles los delitos que les imputa el Ministerio Fiscal en la pieza número 12 del caso Unión, que comenzó a juzgarse el pasado viernes y que ha continuado en esta jornada con la declaración de los acusados.
Los primeros en hacerlo han sido Cárdenas y Sáenz, y ambos han contestado solo a las preguntas del fiscal, mostrando su conformidad con los hechos que se les imputan. En el caso de Sáenz, que está acusado de malversación, prevaricación, falsedad en documento mercantil y fraude a la administración, ha reconocido que autorizó el pago de facturas falsas sin someterlas a ningún tipo de fiscalización porque tenía un acuerdo con el PIL, y en concreto con el que era concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez.
En cuanto a Antonio Cárdenas, el fiscal ya modificó su escrito de acusación el pasado viernes, eliminando el delito de fraude a la administración pública y dejando solo el de aprovechamiento de información privilegiada, que es el que ha confesado. Además, de la mano de ese cambio en la calificación, el fiscal modificó también las penas solicitadas para Cárdenas, quitando la de cárcel y sustituyéndola por una multa de 4.225 euros, con la que el acusado ya ha mostrado su conformidad durante el juicio.
Una escueta declaración
En una brevísima declaración, en la que se ha limitado a responder "sí" a las preguntas del fiscal, el ingeniero ha reconocido que el ex concejal José Miguel Rodríguez le facilitó un borrador del Plan de Barrios, que allí se incluían criterios de valoración y que se aprovechó de esos datos, que tenían carácter secreto y reservado, para conseguir el pago con celeridad de siete facturas, por importe de la multa que ha aceptado.
Además, durante el juicio también se han leído las distintas declaraciones que prestó durante la instrucción de esta causa el ya fallecido José Miguel Rodríguez, que también estaba acusado y que tras su detención comenzó a confesar los delitos que se le imputaban. Y en una de esas declaraciones, el ex concejal hizo referencia al papel de Antonio Cárdenas en la elaboración del Plan de Barrios y afirmó que el ingeniero seguía instrucciones directas de Dimas Martín.
En ese momento, el líder histórico del PIL estaba cumpliendo condena pero, tal como sostiene la instrucción de esta causa, seguía dando instrucciones incluso desde prisión a los cargos públicos de su partido y también a los profesionales que eran contratados desde el Consistorio. De esta forma, según la acusación, Dimas intervenía tanto en la elaboración de planes como en la adjudicación de obras y en la exigencia de comisiones a empresarios por esas adjudicaciones o por el cobro de facturas, en algunos casos por servicios que ni siquiera se habían prestado o que se llegaron a abonar hasta en cuatro ocasiones, tal como ha reconocido el propio Carlos Sáenz.
Segunda confesión del ex interventor
En su declaración, el ex interventor también ha contestado escuetamente a las preguntas del fiscal, y en la mayoría de los casos con monosílabos, confirmando que llegó a un "acuerdo" con José Miguel Rodríguez para validar cualquier factura que viniera de las áreas del PIL sin verificarla y sin realizar ningún tipo de fiscalización, a pesar de que ésa era su obligación.
Así, ha admitido que permitió que el Ayuntamiento pagara facturas infladas e incluso por servicios que no se habían prestado a las empresas de los cuatro empresarios que se sientan junto a él en el banquillo de los acusados, Antonio Gómez Ruiz, Manuel Gregorio Reina Fabre, Jesús Manuel Martín Brito y Samuel Lemes. Incluso, llegó a autorizar el pago de una factura por el mismo servicio que ya se había abonado a otra empresa, así como el pago de cuatro facturas idénticas por el mismo concepto.
Para Sáenz, que actualmente está en prisión cumpliendo otra condena del caso Unión, ésta es su segunda confesión. La primera fue en Fuerteventura, en la primera pieza que se juzgó del caso Montecarlo por hechos ocurridos en el Ayuntamiento majorero de La Oliva, donde también fue interventor. Ahora, esta nueva actitud podría trasladarse también a otras causas que aún tiene pendientes, incluyendo todas las piezas de Montecarlo relacionadas con los ayuntamientos de Arrecife y San Bartolomé.
En cuanto a la causa que se está juzgando, Carlos Sáenz ha reconocido los hechos aunque no se ha mostrado conforme con la pena que pedía inicialmente para él la Fiscalía, de 7 años y medio de cárcel y 10 de inhabilitación. No obstante, previsiblemente esa petición variará cuando al final del juicio se presenten las conclusiones definitivas. Ahí, como es habitual cuando se producen confesiones, el Ministerio Fiscal podría aplicar atenuantes como la colaboración con la justicia.
