La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos presentados por la entidad Papagayo Arena SL, propietaria del hotel ilegal Sandos Papagayo, en los que solicitaba la suspensión cautelar del nuevo deslinde costero de 100 metros de ancho y que deja a la práctica totalidad del hotel dentro del dominio público marítimo-terrestre.
Una orden ministerial del 2 de julio de 2024 fijó el nuevo ancho de la servidumbre en 100 metros en varias parcelas del Plan Parcial de Las Coloradas, entre las que se encuentra el Sandos Papagayo. Esta orden ha sido recurrida por el Ayuntamiento de Yaiza y también por la propiedad del hotel.
En dicha orden ministerial, la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Gobierno de España, instó a la Demarcación de Costas de Canarias a "rectificar las situaciones jurídicas registrales" que contradigan al nuevo deslinde.
Para solicitar la suspensión cautelar del deslinde, la empresa argumentó ante la Audiencia Nacional que "la servidumbre de protección impone significativas limitaciones al derecho de propiedad" y que su aplicación "generaría situaciones irreversibles" y pondría en "tela de juicio a la actividad hotelera". Además, defendió que "no existen intereses públicos ni de terceros" que se vean afectados por la suspensión cautelar.
Sin embargo, la Sala resaltó que no aprecia "la existencia de un derecho" de la empresa que necesite "una protección provisional y urgente" y que "deben prevalecer los intereses generales". Además, puntualizó que de considerarse la medida cautelar sería el interés público el que sufriría una "grave perturbación", ya que la resolución ministerial tiene "la única finalidad" de proteger el dominio público marítimo-terrestre.
Competencias repartidas y encontronazos entre Ejecutivos
La Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias, dependiente de Coalición Canaria, autorizó a comienzos de este 2025 dos accesos al mar del hotel ilegal Sandos Papagayo, desoyendo así el criterio de la Dirección de Costas del Gobierno de España, que emitió un informe desfavorable.
Sin embargo, esta situación no implica ningún cambio en la situación irregular en el complejo, a pesar de que Coalición Canaria en Yaiza defendió que este permiso "refuerza la legalidad de las actuaciones realizadas en torno al hotel". La propiedad sigue teniendo que derrumbar el vial de acceso público a la playa que atravesó con la construcción del hotel.
El pasado verano, en pleno agosto, el grupo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote (Coalición Canaria y el Partido Popular) aprobó la autorización turística de este polémico hotel ilegal, que junto al Son Bou y el Princesa Yaiza, estos dos últimos propiedad de Juan Francisco Rosa, no ha legalizado aún su situación. Además, dependen de que el Ayuntamiento de Yaiza conceda su licencia hotelera.
Un Plan General suspendido y un exalcalde en prisión por dar licencias ilegales
El Plan General de Yaiza, que había sido aprobado en 2014, fue anulado parcialmente en mayo de 2018 y luego de forma íntegra por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2022 por carecer del informe preceptivo de Costas.
La licencia del Papagayo Arena fue junto a otra veintena de licencias declaradas ilegales y anuladas por los Tribunales y que llevaron al exalcalde de Yaiza Juan Francisco Reyes a prisión.
La autorización del Sandos Papagayo fue declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2007 por cometer infracciones urbanísticas graves, entre ellas, apropiarse de un vial público de acceso a una playa y ocupar más espacio del permitido. Luego, en 2016 fue además declarada delictiva por la Audiencia Provincial de Las Palmas, que condenó al exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes a seis años de prisión.
En 2016, el Ayuntamiento de Yaiza concluyó que el entonces conocido como Papagayo Arena era ilegalizable y desestimó el proyecto de legalización entregado por la propiedad. En 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumbó el intento de legalizar el Sandos Papagayo y anuló un acuerdo entre el consistorio de Yaiza y la propiedad.
Hasta la fecha, el Papagayo Arena ha seguido abierto al público, alojando turistas y recibiendo dinero de subvenciones públicas para la formación de empleo, a pesar de que no cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad, que está construido sobre un vial de acceso público a una playa y tiene una planta de más.
