CASO STRATVS

La acusación compara a Rosa con un elefante por su "capacidad de influencia" y pide investigar a Fabelo por “falso testimonio”

“Rosa tiene 1.500 empleados que paga él, pero también tiene empleados que se pagan con dinero público”, denunció la letrada de Transparencia Urbanística

Francisco Fabelo, tras declarar como testigo en el juicio del caso Stratvs
Francisco Fabelo, tras declarar como testigo en el juicio del caso Stratvs

La acusación popular en el caso Stratvs, ejercida por Transparencia Urbanística, ha pedido que se deduzca testimonio de la declaración prestada en el juicio por el ex consejero de Agricultura del Cabildo, Francisco Fabelo, ya que considera que incurrió en un delito de falso testimonio en su comparecencia como testigo.

Al presentar sus conclusiones, la abogada Irma Ferrer recordó que Fabelo negó haber sido empleado de Rosa mientras ostentaba cargos en el Cabildo, a pesar de que en esa época apareció hasta en dos medios nacionales haciendo declaraciones como gerente de Finca de Uga. "Se me ha presentado como gerente de Finca de Uga en mi época de político, pero no es cierto", declaró en el juicio el ex consejero, a pesar de que apareció tanto en un reportaje de El País como en el programa de TVE “Un país para comérselo” hablando en nombre de la empresa y con el cargo de gerente.

No obstante, aunque fue preguntado expresamente por ello, en su declaración no llegó a aclarar si trabajaba o prestaba servicios para Rosa siendo cargo público. “Fuera de mi jornada laboral no he dejado de tener contacto con algunas personas, no siendo contratada por ellos", se limitó a señalar.

Lo que sí aseguró Fabelo, según recordó la abogada de Transparencia Urbanística, es que en el Cabildo se “abstenía” de intervenir en asuntos relacionados con Rosa. “Eso es falso”, subrayó la letrada, señalando que así se “acredita” en uno de los expedientes que forman parte del sumario del caso Stratvs. “Consta expresamente su intervención en un expediente de Juan Francisco Rosa”, añadió la letrada de la acusación, en referencia al expediente sancionador que se le abrió al empresario por plantar palmeras incumpliendo la autorización que se le había otorgado y destruyendo socos protegidos de La Geria.

Así, aunque subrayó que ese documento ya está incorporado a la causa, adelantó que solicitarán al Cabildo todos los expedientes para que se abran diligencias contra Francisco Fabelo, ya que considera que mintió en su declaración. Además de llevar las áreas de Agricultura, Ganadería, Economía y Promoción Económica, Fabelo ocupó después la Consejería de Medio Ambiente, y Pedro San Ginés también delegó en él la representación del Cabildo en varios órganos clave en materia de Política Territorial y de Medio Ambiente, como la Cotmac, la Apmun, la Comisión Permanente del Patronato del Parque Nacional de Timanfaya y el Patronato Insular de Espacios Protegidos. Después, tras dejar de ser consejero, San Ginés le nombró coordinador de Paisaje y Soberanía Alimentaria del Cabildo, hasta que fue destituido hace unos meses por el nuevo grupo de gobierno.

“Rosa tiene 1.500 empleados que paga él, pero también tiene empleados que se pagan con dinero público”, denunció la letrada, que dedicó buena parte de sus conclusiones a describir “la pasmosa capacidad de influencia” de Juan Francisco Rosa en la isla.

 

"Todos aceptan sus condenas y nadie dice nada"

“Es como el elefante en la habitación. Es tan grande que no lo vemos, pero nos aplasta contra las paredes”, ejemplificó la letrada. “Es difícil de demostrar, pero en Lanzarote no”, añadió dirigiéndose a la Sala de la Audiencia Provincial, al referirse al delito de tráfico de influencias por el que también está acusado el empresario en este juicio. “Es la omertá, es la ley del silencio”, apuntó recordando el testimonio de uno de los denunciantes de esta causa, Luis Guirao. “Él lo explicó: Salen condenados todos y él se salva. Lo que quería decir es que en el caso Yate, en el caso Plan Playa Blanca, en el caso Princesa Yaiza, en el caso Son Bou, en el caso Puerto Marina Rubicón, se acusa y se condena a los técnicos y alcalde, y nadie dice nada. Todos aceptan sus condenas. En Lanzarote lo que hay es el silencio del miedo, el silencio cómplice”, advirtió.

Además, recordó la declaración de otra testigo, Olga María Ramos de Paiz, que relató en el juicio los “años de sufrimiento, de grandísimas mentiras y de impotencia” que sufrió su familia al intentar enfrentarse al empresario Juan Francisco Rosa, que ocupó terrenos de su propiedad para construir este macrocomplejo. “Lo contó con una dignidad que emociona. Dijo: Con este señor no podemos. Nos hizo una campaña de desprestigio que nos hundió a la familia. No encontramos un abogado que se enfrentara a él”, recordó Ferrer.

Además, se remitió también a las declaraciones de los funcionarios que han declarado como peritos en el juicio, tanto del Cabildo como del Gobierno de Canarias, que afirmaron que recibieron presiones políticas cuando elaboraban sus informes para esta causa judicial. “Nos quedamos sin peritos. Se apartó a Joana Macías porque informaba para el Juzgado, se apartó a Leopoldo Díaz porque informó para el Juzgado en contra de Juan Francisco Rosa. Se apartó a doña Sonia Gómez y se apartó a doña Elisa Perdomo. Nos quedamos sin peritos. Se tuvo que recurrir a los peritos de la Fiscalía de sala porque nadie en el Gobierno de Canarias, nadie en el Cabildo de Lanzarote y nadie en el Ayuntamiento de Yaiza quería informar. Yo sé que es difícil de demostrar, pero es el elefante en la habitación. Te aplasta contra la pared”, insistió la abogada.

Además, Ferrer contrapuso esta actitud con la que ha tenido el Gobierno de Canarias en defensa de las tres personas acusadas por haber intervenido en la autorización de la bodega. “Yo entiendo que el Gobierno de Canarias se persone por el derecho de defensa, pero no entiendo que no proteja a los técnicos que han intervenido como peritos en esta causa”, apuntó, recordando que “algunos han tenido que coger bajas” a causa de las “presiones” que recibieron. Durante el juicio, la abogada de los tres acusados del Ejecutivo regional, que a su vez es la jefa de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, ha llegado a pedir que se condene en costas a Transparencia Urbanística, y con responsabilidad personal subsidaria de sus socios, reprochándole incluso que acudiera a la vía penal para denunciar esta causa. "Podemos entender las amenazas de Rosa, pero no que vengan por parte del Gobierno de Canarias. Parecería que es un acto de intimidación", cuestionó la abogada de Transparencia Urbanística, que recordó que la asociación presentó en su día una "denuncia fundamentada" y después se limitó a "coadyuvar" como acusación popular en una "instrucción impecable" que corrió a cargo de la magistrada Silvia Muñoz y del fiscal Ignacio Stampa, que fueron quienes impulsaron las diligencias.

 

"Tremenda injerencia en la labor de los peritos"

En el caso del Cabildo, Irma Ferrer se refirió también a la declaración de la jurista Joana Macías, que “para protegerse” llegó a hacer constar en una diligencia en el Cabildo la entrega del informe que le había solicitado el Juzgado, porque las conversaciones de Juan Francisco Rosa y de su abogado con el entonces director insular de Ordenación Territorial, Rafael Martín, “eran constantes” y “se estaban haciendo movimientos por debajo”. Cuando el Juzgado volvió a reclamar ese dictamen, junto a otro técnico elaborado por Gustavo Navarro, San Ginés los remitió con una nota en la que advertía de que no habían sido “supervisados ni validados”.

“Igual que pasó en el Gobierno de Canarias, los informes jurídicos de peritos judiciales pasaban por el control y la fiscalización de los órganos de gobierno. Quiero advertir del peligro que tiene esto para la administración de justicia”, subrayó Ferrer, señalando que esto supone “una injerencia tremenda en la labor de imparcialidad de los peritos”, tal como advirtió también en su momento a San Ginés la juez instructora de la causa, Silvia Muñoz.

En cuanto al Ayuntamiento de Yaiza, la letrada recordó que cuando finalmente ordenó el precinto del restaurante de Stratvs, el entonces concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez -que ya fue condenado en la primera pieza de esta causa- salió en un medio de comunicación “justificándose”. “Es el Juzgado el que me obliga. Perdóneme, Juan Francisco, es la jueza la que me obliga, es el Ministerio Fiscal”, ironizó la letrada recordando las declaraciones del edil.

Además, también cuestionó los argumentos de defensa que han utilizado los políticos y técnicos acusados en la causa, escudándose unos en otros y restando importancia a sus propios informes o resoluciones. “Estaba cansado, no tengo la formación necesaria, no tenía medios para ello, no conocía la legislación, acababa de llegar al cargo, mire usted, a mi me dijeron que esto lo hiciera así... Esos son los argumentos que utilizan todos”, reprochó Irma Ferrer, que llegó a comparar algunas de las actuaciones con “el camarote de los Hermanos Marx”.

En uno de los casos, recordó que hay hasta tres resoluciones distintas autorizando la prórroga de la licencia municipal de Stratvs, que en realidad ya había caducado cuando comenzaron las obras. En la primera, el entonces alcalde, José Francisco Reyes, autorizó la prórroga a nombre de Juan Francisco Rosa. Después, dictó otro decreto a nombre de la empresa. Y por último, José Antonio Rodríguez firmó una tercera resolución como alcalde accidental, en la que además de autorizar la prórroga añadió la palabra “bodega”, que no aparecía en la primera licencia, ya que lo autorizado inicialmente era un almacén subterráneo. “La capacidad de influencia es pasmosa. Todo el mundo en la isla lo conoce, todo el mundo sabe quién es”, insistió la abogada, que repasó también todos los trámites que se resolvieron desde distintas administraciones en cuestión de días e incluso en fines de semana, sin solicitar informes que eran obligados y sin que Rosa hubiera acreditado ni la titularidad del suelo, que ni siquiera era suyo.

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