La historia de “trampas”, “falsedades” y “mentiras” que puso sobre la mesa la fiscal del caso Stratvs, Elena Herrera, al presentar sus conclusiones en el juicio, podría abrir un nuevo capítulo más allá de esta vista, que llegará a su fin este martes y en la que están siendo juzgadas diez personas. En su intervención final, la representante del Ministerio Público pidió que se abran ahora diligencias contra el notario Pedro Botella, ya que a la luz de la prueba practicada durante el juicio, considera que podría haber incurrido en delitos, al elevar a público contratos que ni siquiera estaban firmados.
“Cuanto menos me veo en la obligación de interesar deducción de testimonio contra este señor”, señaló la fiscal. “Eleva a público un contrato verbal con una persona que no comparece en la notaría. No puede autorizar un contrato con una persona que no está presente y que, además, presumo que en 2015 había fallecido. Creo que nos estamos saltando unas cuantas normas del ordenamiento jurídico”, advirtió Herrera
La intervención del notario está relacionada con uno de los delitos por los que se acusa a Juan Francisco Rosa, por haber usurpado suelo para levantar Stratvs en un terreno que ni siquiera era de su propiedad. “Este señor no ha acreditado la titularidad de nada”, recordó, subrayando que tampoco el arquitecto de la bodega, Miguel Ángel Armas Matallana, figuraba como propietario del suelo, en contra de lo declarado por Rosa. “El dominio no se justifica con contratos que no se firman. Y con contratos verbales con los muertos tampoco”, añadió la fiscal, en referencia a la escritura que se realizó años después de terminar las obras, cuando ya se había iniciado esta causa penal y algunos de los legítimos propietarios del suelo se habían personado como acusación particular, en su condición de perjudicados.
“No sabían ni dónde estaba la bodega”
Al iniciarse la instrucción, y a instancias de la Fiscalía, el Juzgado requirió las escrituras de la propiedad de la finca. “¿Saben qué contestó Miguel Ángel Armas Matallana? Que de qué parcelas estamos hablando. No sabían ni dónde estaba la bodega”, cuestionó la fiscal, recordando que Stratvs se inscribió inicialmente en otra finca que sí pertenecía a Rosa, pero donde realmente no había ninguna construcción, en lo que constituye otro de los “engaños” que se juzgan en esta causa.
Fue en el año 2012 cuando supuestamente se elaboraron varios contratos de compraventa privados, por los que el arquitecto asegura que pasó a ser propietario de una parte del suelo que pertenecía a varios miembros de su familia. Sin embargo, esos contratos no están firmados por la parte vendedora. “Una buena manera de justificar la adquisición del dominio, con contratos que no se firman”, ironizó Elena Herrera.
Pese a ello, tres años después, el notario Pedro Botella elevó a públicos esos contratos, con una escritura fechada en 2015 que se aportó con el escrito de defensa de los acusados. Además, en ese documento, Miguel Ángel Armas Matallana también sostenía que había comprado a su madre, ya fallecida, no solo la parte del terreno que le pertenecía a ella, sino también otro porcentaje que asegura que había adquirido “por derecho de retracto”. Sin embargo, tampoco consta ese expediente, pese a lo cual el notario lo elevó a público en esta escritura.
“Por obra y gracia del espíritu santo, una parte ya es propiedad de Armas Matallana, con contratos de venta que no están firmados; y otra parte igual, porque se la compró a su madre de palabra y por un derecho de retracto que no consta”, cuestionó la fiscal, que recordó que la ley obliga a que en caso de fallecimiento, los herederos comparezcan en la notaría para reconocer la validez del contrato que se está escriturando.
“Se ocultó deliberadamente al verdadero promotor del expediente”
Además, también relató otras “falsedades” en relación con la propiedad del suelo, incluyendo otro contrato de compraventa de 1998, de un pequeño porcentaje de la finca que supuestamente había adquirido la mujer del arquitecto, Piedad del Río. En este caso, fue ella misma quien declaró -tanto durante la instrucción como en el juicio- que ella no había firmado ese documento. Y tampoco ninguno de los que se presentaron a su nombre en distintas instituciones, cuando se empezaron a pedir las autorizaciones para levantar Stratvs.
“Se ocultó de manera deliberada el verdadero promotor del expediente, que sabemos que desde el primer momento fue Juan Francisco Rosa”, señaló la fiscal, recordando que eran trabajadores de Rosa quienes presentaban las solicitudes, que “él ha reconocido que estaba detrás” y que incluso al Gobierno de Canarias se remitió un fax desde Galerías Rosa, a pesar de que como titular del expediente figuraba Piedad del Río.
En su declaración como testigo, la mujer de Miguel Armas declaró que tenían un acuerdo con Rosa, por el que ellos se quedarían con la vivienda preexistente que supuestamente iban a rehabilitar, mientras que el empresario gestionaría la bodega. “¿Ustedes pondrían una bodega industrial a 15 metros de su casa?. Esto nunca fue una casa familiar y una bodega. Desde el primer momento estaba diseñado de una manera totalmente diferente”, enfatizó Elena Herrera, que tachó también de “mendaz” y “falsario” el proyecto que se presentó para solicitar la autorización de las obras.
Según ese proyecto elaborado por Miguel Ángel Armas Matallana, lo que se iba a hacer era rehabilitar la vivienda que ya existía y construir una pequeña bodega almacén de 900 metros cuadrados. Sin embargo, según la instrucción, lo que se hizo fue derribar la vivienda y construir una nueva más grande -donde se ubicó la tienda-, y levantar un complejo de unos 12.000 metros cuadrados, donde además de la bodega hay un restaurante y distintas salas, terrazas y aparcamientos en pleno corazón de La Geria, en suelo protegido donde no se podía construir.
“Inscribió la bodega en una finca en la que sabía que no había nada”
Una vez levantado Stratvs, Rosa compró una finca contigua e inscribió ahí el complejo en el año 2006. “Él no era dueño de nada. Sabe perfectamente que está inscribiendo la bodega en una finca en la que no hay nada”, advirtió la fiscal, que entre otras cosas acusa a Rosa de varios delitos de falsedad documental.
Además, junto a él están acusados por estos delitos otros funcionarios, como el aparejador del Ayuntamiento de Yaiza Pablo Carrasco y el responsable del Catastro, Blas Noda, por haber contribuido a ese “engaño”. En el caso de Noda, años después, en 2013, cambió la titularidad catastral “sin verificar siquiera los metros” de la finca, que no coincidían, y sin dar audiencia a los legítimos propietarios.
Algunos de ellos, pertenecientes a la familia Negrín, estuvieron personados como acusación particular en esta causa, aunque se terminaron retirando un año antes de que comenzara este juicio, cuando Rosa les pagó por fin por los terrenos presuntamente usurpados. En este caso, Rosa también aseguró que tenía un acuerdo “de palabra” con los Negrín desde 1998, cuando solicitó los primeros permisos. Sin embargo, fue 20 años después cuando realizó el pago, consiguiendo así que se retiraran como acusación de este procedimiento.
