El Juzgado de Instrucción número uno de San Bartolomé de Tirajana ha sobreseído de forma provisional y ha archivado la causa por el delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y bajo el que detuvieron a, al menos, dos personas en Lanzarote.
La operación Rupejini es una operación de la Guardia Civil de Las Palmas llevada a cabo en Arrecife (Lanzarote) y en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) que investigó el presunto delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
El hombre y la mujer detenidos en Arrecife y defendidos por el despacho de abogados Fuenmayor Abogados de Lanzarote han resultado absueltos. Lo mismo ha ocurrido con el resto de personas acusadas en Gran Canaria, salvo los vinculados a un presunto caso de inducción a la prostitución de menores.
En esta línea, el Juzgado resuelve que no existen "indicios suficientes de criminalidad para imputar a las personas que regentan las casas", donde se ejerce la prostitución, "un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual" y justifica que con sus declaraciones mostraron que "ejercían la prostitución de forma voluntaria y no coaccionadas, ni bajo amenazas".
Así pues, aunque el órgano judicial ha confirmado que las mujeres ejercían la prostitución en esos espacios, el Código Penal español no lo recoge como un delito. "Lo ejercían a sabiendas de que iban a realizar dicha actividad y no engañadas con falsos trabajos y que otras decidieron voluntariamente en dicha actividad" captadas por páginas web.
Además, de acuerdo con sus declaraciones, la mayoría de las casas registradas las mujeres tenían "normas de funcionamiento": podían rechazar a los clientes y les pagaban desde un 40 a un 60%, según lo que hubieran acordado. Tenían que "estar disponibles las 24 horas del día los siete días de la semana" para atender a los clientes y volver antes de las 18.00 horas.
A pesar de ello, las trabajadoras revelaron que "alguna de las chicas no debía estar satisfecha de estar allí, pero que desconocen quiénes eran y el motivo de ello". Así pues, negaron los abusos físicos a modo de castigo y que se les retuviera el pasaporte o la documentación para impedir su marcha.
Al no poder confirmarse el delito de tráfico de personas, el Juzgado de Instrucción resuelve que "no resulta tampoco acreditado que existan dichas ganancias ilícitas". Lo mismo ocurre con el delito de permanencia a organización criminal puesto que, a pesar de que algunas mujeres pasaban de los locales de alterne de Gran Canaria al local Casa Alicia en Arrecife, no señalaron haber sido obligadas a trasladarse e incluso "algunas de ellas" sabían que iban a estar 21 días y luego cambiaban de local.
Un caso entre Gran Canaria y Lanzarote
El procedimiento arrancó en marzo de 2023 con la denuncia de una mujer que acusó a una persona conocida como Benito de agredirla y explotarla sexualmente en un club de alterne en Vecindario (Gran Canaria). A raíz de dicha denuncia se inició una investigación policial llevada a cabo por el Equipo de Homicidios Personas de la Unidad Orgánica de la Benemérita y se saldó con la detención de varias personas entre Gran Canaria y Lanzarote.
A raíz de las escuchas telefónicas el pasado 2 de octubre se acordó la entrada y registro en nueve locales de alterne. Entre ellos, dos domicilios localizados en Arrecife y un local en la calle Puerto Rico de la capital. En el marco de esta operación la Guardia Civil detuvo a los dos gerentes del establecimiento y liberaron a las mujeres que ejercían la prostitución en dichos locales.
Los detenidos pasaron a disposición judicial y fueron puestos en libertad provisional con medidas cautelares como la retención del pasaporte, la prohibición de salida de la isla y la obligación de comparecer cada 15 días ante el Juzgado.
Mientras tanto, la Justicia sí continúa estudiando un caso del delito de favorecimiento de la prostitución de menores en un de los locales de alterne de Gran Canaria. En concreto, contra la compañera sentimental del padre de la menor, quien presuntamente habría inducido a la joven a ejercer la prostitución.
