La encargada del local de la calle José Alonso 3 en el barrio de Valterra de Arrecife, Sara Daida Martín, donde se jugaba al bingo de forma clandestina, ha sido multada con una cantidad de 60.000 euros ya que no contaba con la "preceptiva autorización administrativa" para realizar esta actividad, según señala el anuncio del publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Canarias. La encargada ha sido declarada responsable de desarrollar dicho juego de forma clandestina, de acuerdo con el artículo 30.1 de la Ley de los Juegos y Apuestas 6/1999, de los Juegos y Apuestas del Estado.
Según recoge el BOC, en el local se ha vulnerado lo establecido en el artículo 1.3 del Decreto 85/2002 por el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo. Éste establece que "quedan prohibidos los juegos, que con el mismo o distinto nombre, constituyan en esencia modalidades del juego del bingo, así como la gestión, explotación o práctica del juego del bingo sin las correspondientes autorizaciones".
Además, la resolución señala que "se aprecia la comisión de una 'infracción muy grave', que consiste en "la organización o explotación de juegos o apuestas sin poseer las correspondientes autorizaciones administrativas, así como la celebración o práctica de los mismos fuera de los establecimientos autorizados", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.a) de la normativa.
"Ha quedado probado", dice la resolución, que "en el momento de la visita del funcionario adscrito al Servicio de Inspección de Juego, el día 9 de mayo de 2008, a un local, sito en la calle José Alonso, 3, término municipal de Arrecife, se estaba practicando un juego que, por sus características, se trata del juego del bingo, considerándose el mismo clandestino, al no contar su organizadora, Dña. Sara Daida Martín Martín, con la preceptiva autorización administrativa para la práctica de dicho juego".
Por ello, resuelve que corresponde sancionar la infracción cometida, en su grado mínimo, con multa de 60.101,21 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.a) de la citada Ley.
A partir de este mismo miércoles, la encargada tiene un plazo de 15 días hábiles para alegar cuanto considere oportuno en su defensa, de acuerdo con el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
