El Destacamento de Protección de la Naturaleza (Deprona), de Timanfaya de la Guardia Civil ha recuperado tres piezas cerámicas pertenecientes a sendas ánforas de origen romano, expuestas en un alojamiento turístico, siendo a su vez denunciado su titular por una infracción administrativa a la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.
Tras diversas inspecciones para evitar el tráfico ilegal de objetos arqueológicos, los agentes del SEPRONA averiguaron que en un determinado negocio del municipio de Tías se exponían unas piezas cerámicas de presumible origen romano, con más de 1.800 años de antigüedad.
De esta manera, el pasado 16 de marzo el SEPRONA acudió al lugar en cuestión y comprobó cómo el responsable del establecimiento carecía de toda documentación que amparase la legal tenencia de dichas piezas cerámicas, por lo que dada la procedencia ilegal de las mismas y que esa persona no había comunicado en ningún momento dicho hallazgo, se procede a la incautación de las piezas y a la denuncia administrativa – por infracción a la citada Ley 4/1999, artículo 96, apartado 2 i - de aquella persona.
Traslado al Cabildo y sanciones
Finalmente las piezas fueron incautadas y depositadas en el Fondo Arqueológico del Cabildo de Lanzarote para un mejor estudio y valoración de las mismas. La Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico prevé diferentes sanciones ante actos que dañen o perjudiquen los bienes y objetos históricos y arqueológicos, las cuales son en su mayoría multas oscilan que pueden llegar hasta los 600.000 euros; en este caso en concreto la normativa establece multas desde 3.001 hasta 150.000 euros.
Expolios o daños en yacimientos arqueológicos
A raíz de las primeras indagaciones realizadas por los agentes, presumiblemente el origen de las citadas piezas cerámicas sea del yacimiento arqueológico – de origen romano- de la isla de Lobos.
En base al artículo 323 del Código Penal el o aquellos que causaren daños –o actos de expolio- en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos (terrestres o subacuáticos), se enfrentan a penas de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses.
