El juez Ricardo Fiestras, que el pasado mes de febrero fue denunciado por incumplir las medidas contra la Covid en una reunión privada en un chalet en el municipio de Yaiza, ha presentado una queja contra los agentes que intervinieron. El motivo, según han confirmado a La Voz fuentes cercanas al magistrado, no está en la actuación en sí, sino en el hecho de que los agentes grabaran un vídeo que después terminó llegando a los medios de comunicación.
“La queja es solo por la grabación y la difusión de esas imágenes”, precisan las mismas fuentes. “Ellos pueden intervenir, pero existe la Ley de Protección de Datos, existe el derecho a la intimidad, al honor... y ellos no son nadie para grabar y para difundir ese vídeo. Aunque grabaran para su defensa personal en caso de algún problema, otra cosa es después difundir los vídeos en los medios de comunicación, de las personas dentro de sus casas.. ”, sostienen.
“Es simplemente una queja, nada más. Cualquier ciudadano tiene derecho a poner una queja, sobre todo cuando se difunden vídeos privados y se sacan datos de personas, nombres y apellidos, profesión...”, añaden.
Según apuntan, la queja se presentó una semana después de que ocurrieran los hechos, que tuvieron lugar el pasado 18 de febrero. Por su parte, desde la Guardia Civil no han querido confirmar ni desmentir la recepción de esa queja, ni tampoco han dado detalles sobre las medidas que se han adoptado para esclarecer la actuación de los agentes, señalando que "no informan de las investigaciones internas".
Casi una decena de personas reunidas en alerta 4
Además del propio magistrado, la queja la firmaron otras personas que estaban con él en el chalet, ubicado entre Puerto Calero y Uga, donde el juez había acudido a pasar unos días con su pareja. Entre ellos se encontraba Fernando Becerra, condenado en el caso Unión. En total, el propio entorno del juez admitió entonces que se juntaron cerca de una decena de personas -cinco adultos y los hijos de las dos parejas-, cuando la normativa en vigor en ese momento en Lanzarote, que se encontraba en nivel de alerta 4 por la incidencia de la Covid, solo permitía encuentros de un máximo de dos personas no convivientes.
Al respecto, el propio magistrado reconocía en su momento que “pudo haber una vulneración de las normas” y que tanto él como los demás participantes estaban dispuestos a aceptar la sanción que se les pudiera imponer. No obstante, discrepaba de las “versiones” que “circularon” y ante los propios agentes negó que se tratara de “una fiesta”, aunque sí ha admitido que estaban “bebiendo cerveza y poniendo música” en la zona de la piscina, lo que motivó que un vecino llamara a la Guardia Civil.
Dos meses después no han recibido la sanción
Tras identificar a todos los presentes y tomarles declaración a las puertas de la villa, los agentes se marcharon y elevaron una propuesta de sanción por una falta administrativa. Sin embargo, dos meses después, desde el entorno del juez señalan que “de momento” ninguno de los asistentes ha recibido “ninguna sanción ni nada de nada”.
Esa sanción correspondería al Ayuntamiento de Yaiza, que es a quien la Guardia Civil remite las actuaciones por incumplimientos de las medidas contra la Covid. En cuanto al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ya señalaron en su momento a La Voz que no tenían previsto intervenir, ya que consideran que se trató de “una cuestión particular”, no vinculada al ejercicio de su cargo. Y lo mismo indicaron desde el Consejero General del Poder Judicial, que subrayó que su competencia en materia disciplinaria se ciñe a los casos en los que un magistrado actúa como tal, o en caso de que reciban alguna queja o denuncia. “No hay nada, porque aquí no ha llegado nada”, señalaron entonces a este medio.
