La Mesa Ciudadana del Agua de Lanzarote ha salido al paso en la mañana de este viernes de la información publicada por La Voz este jueves que adelantaba que la empresa Canaragua, parte del grupo multinacional Veolia, se había interesado por asumir la gestión del ciclo integral del agua en la isla. Por el momento, sigue siendo Canal Gestión Lanzarote, filial de Canal Isabel II de Madrid, la que mantiene el control.
En el citado comunicado, la Mesa ha comenzado señalando "29 meses de promesas incumplidas a la ciudadanía por parte del Consorcio Insular de Agua, compuesto por el Cabildo y los siete ayuntamientos de la isla, por los graves problemas en el suministro de agua".
Así, han recordado que "el agua es un elemento básico para la vida y en nuestras islas un bien escaso, por tanto, el derecho a su acceso en calidad y cantidad suficiente debería estar garantizado". Sin embargo, han lamentado que en Lanzarote y La Graciosa para los usuarios del servicio, no lo está, "sobre todo a los abonados de agua de uso doméstico y agrícola, ya que, en el agua de uso turístico no se registran cortes".
En este sentido, han indicado que "la vida de la población en muchas zonas de la isla se hace muy incómoda por los cortes selectivos diarios en el suministro, como consecuencia de la abusiva e ineficiente gestión privatizada en manos del Canal Isabel II, que prioriza la rentabilidad sobre el acceso equitativo al agua".
La privatización del agua en 2013
En año 2013, el grupo de gobierno del Cabildo (CC – PSOE), apoyados por los ayuntamientos de la isla, mediante un procedimiento negociado, "decidieron privatizar la gestión del ciclo integral del agua, con la intención de proteger a sus compañeros políticos que tenían embargado su patrimonio por el Juzgado de lo Mercantil y que sometieron de alguna manera a la empresa pública de agua (Inalsa) a la corrupción, saqueo y despilfarro interesado y justificando esta medida con el argumento de que lo privado funciona mejor que lo público".
La Mesa ha recordado que "la ciudadanía en ningún momento autorizó esta medida, al contrario, le ha sido impuesta, como ha quedado acreditado en las diversas movilizaciones que se realizaron en su momento, revindicando que la gestión del agua permaneciera en la órbita de lo público". Aquellas movilizaciones llevaron el lema “El agua pública no se vende, se defiende”.
Los problemas se "agudizaron" tras la privatización
El citado documento ha señalado que "una vez transferido el servicio a manos privadas, los problemas no solo persisten sino que, después de doce años y medio de gestión privada se agudizan gravemente, demostrándose esta medida perjudicial para la ciudadanía".
La Mesa del Agua ha añadido que "la empresa concesionaria no ha sido capaz de realizar el servicio de forma adecuada por sus propios medios". A lo que ha añadido que "su nefasta gestión así lo acredita, hasta el año 2024, la deuda acumulada asciende a 75 millones de euros".
La emergencia hídrica: "un engañabobos"
"No hay que perder de vista que la empresa con su visión mercantilista de un bien esencial como es el agua, busca la maximización de la tasa de beneficio y como no lo consigue, planifica una estrategia, que no es otra, que obligar intervenir a las administraciones públicas, y así, con la inyección del dinero de los contribuyentes sufragar las inversiones a la que está obligada la concesionaria por contrato con el engañabobos de la emergencia hídrica".
En la actualidad, han señalado que el modelo de gestión privada ha "colapsado" y "fracasado rotundamente", al tiempo en que ha "desmitificado el concepto neoliberal de que lo privado funciona mejor que lo público"
"El desencanto de la ciudadanía sobre el desastre de gestión del ciclo integral del agua, se ha traducido en críticas que han sido cada vez más numerosas y frecuentes. Intentando evitar no convertirse en cómplices de este fracaso, el grupo de gobierno (CC-PP) anuncia la penúltima medida de tantas anunciadas y sin ningún efecto práctico para los abonados. Según estos responsables políticos, esta nueva propuesta de “calado” y “valiente”, no es otra que: del Rescate del Servicio, que consiste, ceder nuevamente la gestión del servicio a una empresa privada, es decir, la privatización de la privatización.
Cuando los políticos que nos gobiernan se empeñan en privatizar los bienes sociales colectivos (como en este caso el agua) están reconociendo su incompetencia administrativa al pedir que lo hagan otros, que por cierto, nadie ha elegido democráticamente en las urnas. Evidencian objetiva y materialmente, su ineptitud para administrar los bienes de propiedad social y colectiva, reconocen que su papel político, sólo sirve y está a favor de los intereses particulares de una minoría y en contra del interés general de los ciudadanos de la Isla.
Ahora vemos como los responsables políticos tratan de amortiguar su descrédito por el fracaso del modelo elegido que ha hecho tanto daño, intentando confundir a la ciudadanía realizando la última propuesta, de momento, el gran pacto por el agua, que nadie sabe en qué consiste, dando a entender que están preocupados por la crisis hídrica que está sufriendo la población, presentándose como los salvadores, o por lo menos, los que más se han interesado en resolver un problema que ellos mismos han generado irresponsablemente privatizando el ciclo integral del agua y la desidia que han mostrado en la fiscalización de la gestión de la concesionaria. Pero esta reacción hipócrita llega tarde y responde más a la presión social que a una verdadera voluntad política.
Pide una gestión pública del agua
Desde la Mesa Ciudadana del Agua han defendido la recuperación del carácter público del servicio y han mostrado su oposición a una nueva privatización del ciclo integral del agua, ya que considera que "perjudica seriamente a los ciudadanos, la experiencia de estos últimos doce años, así lo indica". En esta línea, ha insistido en que esta medida "constituye un fraude electoral, al no estar contemplado por ningún partido político en su programa electoral, ni tener el visto bueno de la población"
"Es necesario que en Lanzarote y La Graciosa, el servicio básico del agua se mantenga como un bien público y no privado ni comercial", ha defendido la Mesa Ciudadana del Agua. En otras palabras, "el agua pertenece a los bienes comunes, esos espacios no lucrativos de la vida que deben conservarse para los ciudadanos".
