"Lo decisivo y primordial son los niños y niñas y todo lo demás serán cuestiones adjetivas, con cierta relevancia sin duda, pero que no pueden constituir excusa para hacer menos, hacer diferente o simplemente dejar de hacer". Así recoge el Informe del Defensor del Pueblo de los Niñas y niños extranjeros en España solos o acompañados, presentado el pasado mayo de 2025.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, señala las diferencias de trato entre los menores extranjeros y los niños nacionales de España. Entre las carencias encontradas en el sistema, alerta del "déficit de capacitación" del personal contratado para detectar menores extranjeros vulnerables, retrasos en la escolarización obligatoria y falta de información para que los menores puedan acceder a la protección internacional.
En este sentido, se apoyó en un trabajo realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que en 2024 a través de su delegación española realizó 574 entrevistas a menores de 36 centros. En ellas, destacó que "al menos la mitad" de los niños y niñas podrían necesitar protección internacional, pero que el 69% de los menores no había recibido ninguna información sobre el derecho al asilo y acerca del procedimiento.
Esta falta de información es atribuida por el Defensor del Pueblo a "la carencia de personal adecuadamente formado" en evaluar el trauma infantil en contextos migratorios, el daño sufrido y los riesgos de retornarlos a su país de origen.
En este sentido, resalta que solo se podrá determinar cuál es la situación de cada menor si se les escucha, "utilizando la metodología adecuada" y se realiza una valoración con sus "manifestaciones, expresiones no verbales y su madurez". Además, indicó que en varios casos de solicitantes de protección internacional el procedimiento "superó con creces" el plazo de urgencia.
En este sentido, "ante la presencia de un número muy revelante de niños y niñas en Canarias que presentan necesidades de protección internacional", recomendó a la Secretaría de Estado de Migraciones que habilite espacios para mayores de 16 años en los recursos que dependen de la Administración General del Estado para facilitar la transición a la vida adulta "más acorde" a sus circunstancias.
Un sistema de identificación con lagunas
Entre otras medidas, Ángel Gabilondo insta a crear un protocolo de coordinación entre la Administración General del Estado y la entidad de protección de menores de cada comunidad autónoma, que se adapte a cada territorio de primera acogida.
En este sentido, resalta que en Canarias, cuando llega una embarcación precaria, no existe un "sistema de identificación inequívoco" que "garantice" que las personas atendidas son identificadas desde el primer momento y durante su paso por el resto de recursos de la misma manera. Por ello, la situación actual hace que se dupliquen o existan errores en los registros "por la falta de asignación" de un documento de identificación extranjero.
El Defensor del pueblo destaca los problemas en las pruebas de determinación de la edad de los menores y se alinea con la Fiscalía General del Estado para señalar que "la única solución" es crear "una ley específica" que regule la determinación de la edad a través de un procedimiento judicial civil, "con todas la garantías de audiencia y debida asistencia" al posible menor.
Al mismo tiempo, señala que existen varias carencias en los trámites realizados por las administraciones públicas para la integración de estos niños. Entre ellos, "un significativo" número de menores no tenía registro de nacimiento, de su país de origen o de tránsito migratorio de sus madres, "ni se habían iniciado los trámites" para inscribirlos en el Registro Civil Español.
Al mismo tiempo, los menores se enfrentan a "trabas administrativas" para ser escolarizados sin ser discriminados. Además, señala las "demoras" en esta escolarización obligatoria y la ausencia de información sobre la protección internacional adaptada a la infancia, que "preocupa" al Defensor del Pueblo por el número de niñas que han ido arribando.
Las niñas y mujeres migrantes
El citado informe señala "la fragilidad de la infancia en movilidad" y expone que desde el año 2020, las llegadas de mujeres acompañadas de menores de muy corta edad "comenzó a despuntar", alcanzando un 5% del total. De este modo, indica "la invisibilidad" de los menores, que se ve agravada con la situación de irregularidad documental que sufren sus madres o personas adultas que los acompañan.
Ángel Gabilondo propone a España "contemplar medidas específicas" para los menores que viven en el país, acompañados de adultos con orden de retorno, con el fin de lograr que "salgan de las situaciones de precariedad y margilidad" en la que se encuentran.
Sobre la repatriación de los menores que han realizado su periplo migratorio sin adultos, propuesta por partidos como Coalición Canaria, el Defensor del Pueblo indica que estas medidas han tenido "una escasa virtualidad práctica" y que "incluso cuando se ha intentado lograr" el retorno se ha producido un "cuestionamiento judicial". Entre ellos, explica que en el año 2007, España firmó un acuerdo con Marruecos que fue analizado por el Supremo.
