El Gobierno de Canarias continúa en su lucha por conseguir que el resto de comunidades autónomas españolas acojan obligatoriamente a menores migrantes llegados a las islas. En este camino, este miércoles 10 de julio tendrá lugar una mesa sectorial en Tenerife que reunirá a las comunidades autónomas y al Gobierno de España para atajar la reforma de la Ley de Extranjería.
Mientras el Partido Popular ha asumido como propio parte del discurso de Vox, pidiendo al Gobierno español que saque al Ejército para frenar la llegada de pateras, algo que la propia Armada ya rechazó; el PSOE y Coalición Canaria no encuentran el apoyo del partido de Feijoó para sacar adelante la reforma del artículo 35.
Todo ello a la sombra de Santiago Abascal, que amenaza con romper sus pactos en todas las comunidades donde gobierna junto al PP, si los populares dan el visto bueno al reparto obligatorio, en contra de su "pacto migratorio" con Vox.
El coordinador del Servicio Especializado de Centros y Familia del Cabildo de Lanzarote, Carmelo Hernández, ha ofrecido una entrevista a La Voz para explicar cuál es la situación en las que se encuentran los menores migrantes acogidos en Lanzarote, también en el ojo del huracán en los últimos meses, por los conflictos y las carencias del albergue de La Santa y por la recién conocida denuncia de la Casa del Mar.
"Ninguna administración apuesta de manera planificada por el establecimiento de macrocentros", arranca el técnico al comienzo de la entrevista. Estos macrocentros, como por ejemplo el albergue de La Santa, con capacidad para más de un centenar de adolescentes, forman parte de las respuestas que la institución da "obligada por la urgencia". A pesar de ello, los espacios más pequeños, con capacidad para grupos más reducidos, permiten "afrontar las necesidades que los chavales te presentan".
En la actualidad, de los más de 5.500 niños, niñas y adolescentes que están acogidos en todo el archipiélago, solo 200 están repartidos en recursos de la isla de los volcanes. Algo que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), ya ha reprochado, exigiendo al Gobierno regional una distribución "más equitativa" entre todas las islas.
Según los datos proporcionados por Hernández, estos menores están repartidos en cinco centros destinados únicamente a la acogida de niños y adolescentes extranjeros tutelados por el Gobierno de Canarias. La Fiscalía ya pidió el pasado mayo el cierre de uno de ellos, la Casa del Mar de Arrecife. A ello se suman los niños que están inscritos en otros centros de menores que hay en la isla y que no son exclusivos para niños migrantes.
Los niños, niñas y adolescentes extranjeros acogidos en Lanzarote son de diferentes nacionalidades, aunque en su mayoría proceden de Marruecos. En la isla conviven niños que han sufrido diferentes realidades y de lugares tan diversos como Costa de Marfil, Mali, Senegal, Guinea Conakri e incluso de Sudáfrica.
La mayor presencia de menores magrebíes se debe a la cercanía de Lanzarote con el país alauí. Es más frecuente que las lanchas neumáticas y las pateras de madera lleguen a la isla de los volcanes, frente a ello, los cayucos de colores procedentes de Mauritania o Senegal suelen arribar en las islas más occidentales, arrastrados por las mareas.
Así, el Cabildo de Lanzarote expone que su idea es que los niños que han llegado a la isla sin la compañía de sus padres puedan ser realojados en centros de menores no diferenciados para favorecer así su integración.
"Ahí donde se ubican, ellos se insertan y forman parte de la dinámica social y comunitaria". Por ejemplo, en Yaiza los menores tratan de participar en todas las actividades posibles que se organizan desde el propio municipio, además de que son parte de los diferentes clubes deportivos.
Además, el único centro de niños migrantes tutelado en la actualidad por el Cabildo de Lanzarote es uno de reciente apertura, con capacidad de acogida temporal para 12 niños y niñas..
La escolarización y el futuro laboral
Con datos facilitados por Hernández de este pasado viernes, en Lanzarote el 90% de los menores migrantes están inmersos en un proceso de formación o de inserción laboral, en trámites para ser contratados o con un contrato laboral. Mientras tanto, el 10% no está aún dentro de esos procesos, a falta de alguna gestión, porque han llegado recientemente o porque tienen más de 16 años y están fuera de la edad de escolarización obligatoria.
"La mayor parte de ellos llegan indocumentados, eso hace que tengamos que estar a expensas de una determinación de edad que depende de la Fiscalía y hasta que no tengamos esa referencia de edad en ocasiones, es un poco complicado iniciar los trámites", expone el coordinador del Servicio Especializado de Centros y Familia del Cabildo de Lanzarote.
Sin embargo, defiende que "desde que se puede a los niños se le empadrona y se les da de alta en el Servicio Canario de Salud y en el sistema educativo, tomando como referencia a veces la edad que ellos manifiestan y en otras ocasiones la que la propia determinación de edad ósea arroja".
"La idea es que estén escolarizados todos, a pesar de los problemas con los documentos", indica el coordinador de Menores insular, también que estén "empadronados, dados de alta en la Seguridad Social y en los centros educativos".
Los menores no acompañados cuando alcanzan la mayoría de edad
Si bien es cierto que cuando se trata de menores de 17 años este proceso debe hacerse en mucho menos tiempo antes de que abandonen los centros por lo que se busca avanzar en una formación destinada hacia el empleo, más que en su entrada en los centros educativos.
Carmelo Hernández resalta que tratan de que los juveniles que salen del sistema de protección al cumplir la mayoría de edad estén regularizados. "Cuando cumplen 18 años tienen que afrontar y gestionar, con todas las garantías, recursos y herramientas que se les haya podido ofrecer, su vida de forma más o menos independiente", añade.
A pesar de ello, en la denuncia presentada ante el Ministerio Fiscal y que ha hecho que la Diputación del Común empiece a investigar de oficio la situación de los menores migrantes alojados en la Casa del Mar de Arrecife, se expone que "varios adolescentes salen del centro sin tener la documentación oportuna tramitada y la información relativa a sus derechos y obligaciones". Además, aseguran que la puesta en regla de la documentación "suele ser usada por el director como modo de coacción".
La falta de fiscalización en los recursos de menores migrantes ha salido a la luz tras la denuncia presentada por dos abogadas de Lanzarote Loueila Sid Ahmed e Irma Ferrer contra las carencias del centro de la Casa del Mar de Arrecife. En este punto, Carmelo Hernández prefiere no responder a este caso, al tratarse de un recurso tutelado por el Gobierno de Canarias.
En este punto, Hernández defiende que "hay una fiscalización para intentar que los proyectos se desarrollen de la mejor manera posible, dificultades van a haber siempre. Es inherente a la firma del contrato que exista una supervisión para que el proyecto finalice bien". Además, resalta que desde la primera institución insular se visitan los centros para conocer cuál es su estado.
"Educativamente se trabaja de mano de los profesores y directores de los equipos educativos, hay una comunicación diaria. Atendemos a los menores en la propia área para informar y seguir su proceso de regularización, hay mecanismos a través de los que el Cabildo y el área obtienen información", concluye Hernández.
Mientras tanto, en el caso de los perfiles conflictivos, que suponen un peligro para otros compañeros de recurso y para los cuidadores de los centros, existen "un protocolo de actuación bastante claro" y una comunicación "directa" con Fiscalía, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la autoridad judicial.
