Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y vecinos de Arrecife han conseguido paralizar este viernes el desahucio de Luis Manuel Torres Guillén, de 56 años, de su vivienda en Argana, que la Diócesis de Canarias vendió a la empresa Iveco. El desalojo estaba previsto para las 9.00 horas, pero no ha sido hasta las 13.00 horas cuando ha aparecido en la zona la comisión judicial, la Policía Local y la Policía Nacional a ejecutarlo.
Cristina Cividanes, miembro de la PAH, ha explicado que la comisión judicial ha preguntado a la Policía si podía garantizar la seguridad del desalojo, al haber personas mayores. Además, según el ex presidente del colectivo de vecinos de Argana, Andrés Medina, a Luis Manuel Torres Guillén "le estaban dando taquicardias, al estar viviendo ese momento".
"La Policía ha llamado pidiendo una ambulancia, pero creo que no había dispositivos y como no podían garantizar la seguridad, la comisión judicial ha tenido que suspenderlo", ha señalado a La Voz Cividanes. "La resistencia" ha logrado así que, al menos, este viernes no se lleve a cabo este desahucio, al que no obstante "le acabarán poniendo otra fecha".
El desahucio de este hombre iba a producirse hace un mes, pero un Juzgado de Arrecife le dio una prórroga de otro mes. En este tiempo, "buscó como un loco dónde meterse", pero no encontró ninguna solución que solventara su problema. "Alguien le dejaba una habitación donde meterse pero sólo dos meses y luego se quedaba sin nada", ha indicado Cividanes.
El afectado quería encontrar otra vivienda, puesto que le daba "mucho miedo" pasar por un desahucio "policial". "Tiene un marcapasos y temía por su salud, no quería pasar por esto, pero no le ha quedado otra alternativa", han insistido desde la PAH. Por ello, la plataforma pretendía protestar este viernes contra un "desahucio silencioso", ya que en un principio el perjudicado iba a abandonar voluntariamente la casa.
Otro desahucio en mayo
Sin embargo, ante la "tesitura de no haber encontrado nada, no le ha quedado otro remedio" que resistir en su vivienda y confiar en que finalmente ocurriera lo que ha sucedido, que se suspendiera este desalojo, al menos, de momento. En las puertas de esta vivienda también ha estado protestando el otro matrimonio afectado, y cuyo desahucio está previsto para el 23 de mayo.
Las viviendas están ubicadas en Argana, en la calle Palacio Valdés. Recientemente, a una de las vecinas, a Dolores Guillén, la Audiencia Provincial le permitió seguir viviendo en esta casa. Dos familias ya fueron desahuciadas en 2013 y sus casas "se derribaron".
El ex presidente de la asociación de vecinos de este barrio, Andrés Medina, explicó a La Voz que en este asunto "ha habido especulación desde el principio". Los Cursillistas de la Cristiandad, una agrupación religiosa, comenzó en 1959 a crear una serie de viviendas, seis en concreto, con ayuda de feligreses, vecinos y empresas que donaron bloques y cemento. El terreno, de 10.500 metros cuadrados, era una donación de Leopoldo Díaz Suárez.
Los Cursillistas entregaron estas casas a la Iglesia pero las seis familias "podrían quedarse con ellas hasta que tuvieran medios para marcharse". "La Iglesia nunca reclamó nada hasta 2006, cuando se presentó el párroco de San Ginés, Antonio Perera, diciendo que tenían que abandonar las casas, porque había una venta realizada con una empresa", a Iveco, según señaló Medina. Primero, se vendió primero una parte de la parcela "por 258.000 euros y luego otra por 360.000 euros".
