"Soy parada, divorciada, con dos hijos a mi cargo y, para más inri, minusválida". Ésta es la situación de Carmen, una malagueña de 46 años que hace casi cuatro creyó que le había "tocado la lotería" cuando sacó una plaza por oposición para trabajar como celadora en Lanzarote. Hizo su examen, junto con cientos de personas, en junio de 2010. Desde entonces, espera para tomar posesión de una plaza que ya es suya. Como ella, en Lanzarote aguardan "desesperados" otros 39 celadores para incorporarse a sus plazas y cerca de 1.000 personas más para entrar en las listas de la bolsa de empleo, en la reserva de celadores del Servicio Canario de Salud.
A pesar de que el Estatuto Básico del Empleado Público establece que las plazas de oposición tienen que estar resueltas en un máximo de 3 años, los opositores siguen sin saber cuatro años después de su examen cuándo se incorporarán a sus puestos. Para Carmen, ante la espera y la "incertidumbre desesperante", esa lotería "se ha convertido en una pesadilla".
A pesar de lo difícil de su situación, Carmen no pierde su sonrisa ni su salero andaluz al contar por lo que está pasando. Esta patronista reconvertida en celadora, se enteró de que la plaza era suya el 14 de enero de 2014. Desde que supo que ya era fija, "con la alegría que eso supone", confiesa, "todos los días, todos, todos, a las 7 y media de la mañana" entra a consultar la página web del Servicio Canario de Salud en busca de novedades. "Pero pasa un mes, y otro mes, y otro… y nada. Esto ya es indignante", lamenta.
Hasta agosto de 2014, Carmen y sus dos hijos, un niño de 14 años y una niña de 6, vivían en Torrevieja (Alicante). La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, decía entonces "que iba a sacar las plazas antes de que acabara 2014" y Carmen tenía "el nerviosismo en el cuerpo". "¿Qué hago?, ¿a mitad de curso cambio a mis hijos de colegio?", se preguntaba. A finales de ese mes, tras muchas dudas, decidió mudarse a Lanzarote, "con todo el lío y el gasto que eso acarrea", pero con la certeza de que en poco tiempo comenzaría a trabajar. "Pero llega octubre y no se ven noticias, noviembre y nada, hemos acabado 2014 y seguimos sin noticias", lamenta.
Tras haber sido autónoma durante más de una década y haber tenido éxito en su negocio de costura, vio cómo con la llegada de la crisis los beneficios de su empresa decrecían y ella se quedaba "casi arruinada". Pero, como ella misma dice, no se duerme en los laureles. "Me puse a estudiar el curso de celadora en Valencia, me saqué el título con un 9 y pico y, como la costura no daba para mucho, porque también hacía arreglillos para ir tirando, decidí sacarme la oposición", explica. Y la sacó, "con buena nota", y ahora le corresponde una plaza por discapacidad, ya que tiene una minusvalía del 35% por un problema en los tendones de su brazo derecho.
Mantiene a su familia con apenas 1.000 euros al mes
Después de cerrar su empresa, Carmen tuvo otro trabajo en Torrevieja, pero aquel empleo era sólo de unos meses y terminó a mediados de 2011. Desde entonces, está en paro y, mientras espera día tras día, ella y sus dos hijos viven "con apenas 1.000 euros al mes". "Estoy cobrando una paga no contributiva y la manutención de mis hijos, pero eso ronda los 1.000 euros al mes. Mil euros para mantener a mis dos hijos, y pagar agua, y pagar luz, y alimentación, pagar un alquiler, si piden algo de los colegios… Es que no alcanza", sostiene.
Carmen cuenta que su familia la ayuda y le presta algo de dinero de vez en cuando "para pagar la luz, las facturas, pero esto no es manera de vivir", admite. "Yo quisiera algo mejor para mis hijos", afirma, a la vez que se pregunta "¿y para cuándo lo mío?, ¿para cuándo mi plaza? Yo tengo mi plaza, que sería mi futuro económico, el de mis hijos. No es vida estar constantemente con la incertidumbre de si trabajaré o no el mes que viene. Mis hijos tienen que comer todos los meses y tener una vivienda", sentencia.
Su paga no contributiva, que cobra "por ser minusválida, divorciada y con dos hijos a cargo", es de 426 euros al mes y dura 11 meses. "Es renovable 3 veces y yo ya voy por la segunda. Todavía la puedo volver a renovar, pero… ¿y si esto se demora un año más?", se cuestiona Carmen.
La toma de posesión se eterniza
Y es que ése es precisamente su miedo. "Esto se ve que no tiene fin, ese es mi temor. Mis hijos acaban en junio el colegio, ¿qué hago, esperar todo el verano, los matriculo otra vez aquí sin vistas a coger mi plaza en el 2015 tampoco? Porque eso es lo que me temo…", dice.
Desde los sindicatos, comparten la misma preocupación. El secretario general de la Federación de Sanitarios de Comisiones Obreras en Canarias, José Alonso, es quien está llevando la cuestión en el sindicato. "Todo es una cosa elefantiásica, muy lento, con muchísima dilación, porque en el fondo de todo esto está la falta de personal", cuenta.
El representante de CC.OO. explica que las plazas de celadores, como la que le corresponde a Carmen, forman parte de una Oferta Pública de Empleo que se inició en 2007 y en la que se incluían 96 categorías laborales. "Estamos en 2015 y todavía quedan 42 categorías por resolver", afirma. Celadores, auxiliares administrativos, enfermeros, auxiliares de enfermería… José enumera las categorías e incide en que eso se traduce en "decenas de miles de recursos que hay que mirar uno a uno y luego contestar". "Eso lo hacen los técnicos, los que hacen el trabajo soterrado. Son sólo 5 personas. Así es imposible", afirma.
Alonso asegura que CC.OO. ha "insistido hasta la saciedad" desde 2009 en la necesidad de contratar más personal para agilizar los procesos. El sindicato ha decidido incluso iniciar una campaña de firmas en la red, en la que los correos van directamente dirigidos al correo de la consejera de Sanidad, para que pueda "calibrar de verdad la indignación que existe entre la gente afectada".
Incumplimiento legal
Según el Estatuto Básico del Empleado Público, las oposiciones deben resolverse en el plazo máximo de 3 años. Desde que esa fecha venció para los celadores, hace más de un año, "se está acumulando responsabilidad patrimonial de la administración", explica Alonso. En otras palabras, los interesados tienen "derecho de devolución de los gastos indebidamente realizados y ganancias que no han percibido, uno de ellos es el salario que han debido cobrar desde que se pasa el plazo legal", asegura.
Carmen, por su parte, no duda que reclamará lo que le corresponde, porque ha tenido que gastarse sus ahorros poco a poco al mudarse con su familia a la isla. Recalca que vino hasta Lanzarote por el bien de sus hijos y porque "creía que iba a tener una estabilidad económica" con un trabajo cuyo inicio parecía inminente. Sonríe amable mientras lo cuenta, pero se muestra contundente. "Me están tocando la economía de mis hijos, y eso no se puede consentir", advierte. Carmen concluye con un recordatorio para la administración: "no venimos a vivir del cuento, venimos a trabajar".
