El STEC-IC ha exigido este martes el aplazamiento del inicio de la actividad educativa presencial en toda Canarias "mientras los centros no sean espacios seguros para toda la Comunidad Educativa". "Ante la situación actual, la pretensión de dar comienzo a la actividad lectiva el día 15 de septiembre en toda Canarias o en determinadas islas supone una total insensatez", afirma el sindicato. Además, en caso de que se inicien las clases en las aulas la próxima semana -la decisión definitiva se adoptará este jueves día 10-, afirma que instará "al profesorado y personal no docente a responsabilizar por escrito directamente a la consejera de Educación, y a su equipo de gobierno, de los contagios que se pudieran producir con motivo de las deficientes medidas de prevención recogidas en los planes de contingencia elaborados por la Consejería, así como de las consecuencias que de ello se derive".
Del mismo modo, advierte de que convocará movilizaciones "en caso de que la Consejería de Educación siga sin asumir adecuadamente sus responsabilidades garantizando unos centros educativos seguros en Canarias", ya que considera que ha habido "reiterados incumplimientos de la Administración, así como falta de planificación y responsabilidad".
En un comunicado, el sindicato recuerda que ha planteado "numerosas propuestas e iniciativas a la Consejería de Educación en aras a garantizar un inicio de curso seguro para toda la Comunidad Educativa". Entre otras, "la exigencia innegociable de una significativa bajada de ratios en todas las etapas educativas, petición avalada ya por más de 5.000 firmas de miembros de la Comunidad Educativa canaria"; y "el incremento de la plantilla de trabajadores/as docentes y personal no docente para posibilitar lo anterior y garantizar todas las medidas de seguridad necesarias determinadas por el Ministerio de Sanidad". Sin embargo, lamenta que "pese a los rimbombantes anuncios al respecto, nada de esto se ha producido aún".
STEC-IC también ha venido reclamando "la habilitación de nuevas infraestructuras públicas susceptibles de ser utilizadas para la actividad educativa presencial, bien en centros actualmente en funcionamiento, centros educativos cerrados en la última década u otras infraestructuras de carácter público", así como "la puesta en marcha de un Plan de choque, dotado con los suficientes medios económicos, para paliar el grave problema de la 'brecha digital' que padece buena parte del alumnado y que dificulta notablemente su progreso académico".
Además, insisten en la necesidad de reforzar los Comités y equipos de Prevención de Riesgos Laborales dependientes de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. "Pese a los numerosos anuncios y comparecencias públicas de los responsables de la Administración Educativa, nada de lo anterior ha cristalizado de una forma efectiva y constatable", critica el sindicato, que también exige "la realización de PCR masivos para el conjunto de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza antes del comienzo de las clases presenciales".
Igualmente, y en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, reclaman que la Administración dote a los centros educativos de los Equipos de Protección Individual (EPIs) que sean necesarios para salvaguardar la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. "No aceptaremos que los EPIs se sustituyan por simples mascarillas quirúrgicas o sanitarias que ni tan siquiera, de momento al menos, suministra la Consejería de Educación", advierten.
Por último, entre otras cosas, señalan que no aceptarán que sean los equipos directivos y resto de personal docente y no docente de los centros educativos los responsables de implementar la guía de medidas de prevención frente al COVID-19 en los centros educativos de canarias para el curso 2020-2021, publicada el pasado día 3 de septiembre. "Los trabajadores de la enseñanza no son, necesariamente, técnicos de prevención de riesgos laborales, por lo que urge que tales medidas, que llegan tarde y mal, sean coordinadas y supervisadas por especialistas en la materia y no que se pretenda descargar toda la responsabilidad en los centros educativos", reivindican.
