El Ayuntamiento de San Bartolomé ha ordenado el precinto y la suspensión de la actividad en una de las canteras de Lanzagrava, concretamente la que está ubicada al sur de Güime, dentro del expediente que el Consistorio abrió contra la empresa. Entre otras cosas, ese expediente concluye que Lanzagrava ocupa suelo que es de propiedad municipal y que desarrolla esta actividad "sin título habilitante y previa calificación y licencia municipal urbanística", en "suelo rústico de protección de valor natural ecológico El Jable y parque urbano".
Hace casi un año, en noviembre de 2014, el Ayuntamiento decidió remitir ese expediente a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, así como al Cabildo de Lanzarote y a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), que son quienes tienen las competencias para aplicar sanciones en materia de medio ambiente y de infracciones urbanísticas, respectivamente.
Sin embargo, según sostiene la resolución firmada el pasado mes de julio por el secretario del Consistorio, José Manuel Fiestas, y por la alcaldesa de San Bartolomé, María Dolores Corujo, "al día de la fecha no consta a esta administración local que por parte de dichas administraciones públicas se hayan adoptado las medidas que correspondan, ni que se hayan puesto en marcha los procedimientos de restablecimiento o sancionadores que procedan". En esa resolución, el Consistorio decide actuar ordenando esta medida cautelar ante la "inactividad" del Ejecutivo regional y del Cabildo.
Proteger la ordenación y sancionar, potestades "de ejercicio inexcusable"
Según se explica en la resolución, inicialmente el Ayuntamiento optó por dar traslado del expediente a esas administraciones para que fueran ellas quienes ordenaran la suspensión de la actividad, paralelamente a la incoación de un expediente sancionador. Sin embargo, "al mantenerse la inactividad de las administraciones con competencia sancionadora", la resolución señala que el Ayuntamiento debe cumplir las leyes de ordenación del territorio en vigor. Entre otras cosas, esas leyes establecen que "las potestades de protección de la ordenación y de sanción de las infracciones a la misma, serán de ejercicio inexcusable".
El expediente contra Lanzagrava se inició por el litigio sobre la propiedad del suelo, ya que el Consistorio sostiene que durante años la empresa fue ampliando su cantera y ocupando terrenos que pertenecían al Ayuntamiento. De hecho, se planteó incluso la posibilidad de cobrar un canon e incluso exigir una parte de los beneficios obtenidos por Lanzagrava durante estos años.
Sin embargo, paralelamente también se descubrió que se estaba llevando a cabo "una actividad extractiva sin título habilitante, o cuando menos incumpliendo las condiciones de dicho título, al exceder notoriamente el ámbito espacial para el que fue concedida la autorización de la Dirección General de Industria el 21 de octubre de 1986". Por eso, el expediente concluía que la prioridad era regularizar la actividad e incluso dar cuenta a las administraciones competentes en materia de sanciones.
San Ginés pidió "dejar sin efecto el expediente"
En el caso del Cabildo, no consta que haya abierto un expediente sancionador, pero lo que sí hizo fue pedir al Ayuntamiento que archivara el suyo. Según se expone en la resolución de la alcaldesa, en febrero de 2014 el presidente, Pedro San Ginés, envió un escrito al Consistorio defendiendo que "el Cabildo es el legítimo propietario de los terrenos donde se asienta la cantera" de Lanzagrava y que habían interpuesto un recurso contencioso.
En ese escrito, San Ginés pedía además que el Consistorio dejara "sin efecto el expediente, al no ostentar derecho alguno en Ayuntamiento sobre la explotación de los terrenos donde se asienta la cantera".
Según los informes municipales con los que cuenta el Consistorio, efectivamente la empresa también habría ocupado terrenos de la primera institución insular, además de los que sostienen que pertenecen al Ayuntamiento.
Respuesta parcial y tardía del Gobierno
En cuanto al Gobierno de Canarias, en junio de 2013 el Consistorio pidió un informe a la Dirección General de Industria sobre los permisos con los que contaba Lanzagrava. Meses después, el Ayuntamiento tuvo que repetir su solicitud al no recibir respuesta y finalmente obtuvo contestación en noviembre de ese año. Y en esa respuesta, desde el Gobierno no respondían a dos de las cuestiones planteadas por el Consistorio, alegando que esa petición de información "no se sustancia en ningún procedimiento administrativo reglado".
Respecto a la tercera cuestión, relativa a la conveniencia o no de mantener la explotación activa, la Dirección de Industria respondía con frases como "el autoabastecimiento de materias primas minerales es un objetivo prioritario a nivel de la Unión Europea, debiéndose impulsar el mismo dentro de un marco medioambiental sostenible", o "la existencia de una determinada industria, ya sea extractiva o de cualquier otra clase, en un municipio, es siempre fuente de riqueza directa e indirecta para el mismo".
Beneficios millonarios durante años
Dentro del expediente, también se han recabado informes sobre los ingresos que habría obtenido Lanzagrava por esa explotación de una cantera que según el Ayuntamiento ocupa suelo público. Y según el informe elaborado por los técnicos del Consistorio, la empresa podría haber obtenido un beneficio industrial de entre 1,3 y 3,6 millones de euros.
En base a esas cifras, los técnicos estimaban que el Ayuntamiento podría reclamar un canon a Lanzagrava de 67.983 euros anuales, al margen de la posibilidad de exigir una compensación por los ingresos de todos los años anteriores. Por su parte, desde la empresa respondieron alegando que su beneficio industrial anual asciende a 20.535 euros, por lo que consideraban excesiva esa cifra. Sin embargo, sí mostraron su disposición a "considerar el pago de un canon por el arrendamiento de la cantera", según plantearon ya en febrero de 2014 en un escrito dirigido al Ayuntamiento. Eso sí, agregaban que eso no podía "interpretarse" como una "renuncia a los derechos que puedan derivarse de los procedimientos judiciales" abiertos por la titularidad del suelo.
Al dar traslado del expediente al Cabildo y al Gobierno de Canarias hace casi un año, el Ayuntamiento proponía entre otras cosas, además de la apertura de posibles expedientes sancionadores contra la empresa y la clausura de la actividad, que ésta fuera regularizada en caso de ser posible y que se firmara "el correspondiente contrato de arrendamiento de los terrenos, proponiéndose a tal efecto la coordinación entre las distintas administraciones".
En caso de incumplimiento, a Fiscalía
Tras enviar el expediente en noviembre de 2014, el pasado mes de abril el Consistorio volvió a reiterar el contenido del acuerdo adoptado por su Junta de Gobierno a las mismas administraciones, sin obtener respuesta. Por eso, decidió actuar ordenando la suspensión y el precinto de la actividad. Además, acordó dar traslado de nuevo de esta resolución al Cabildo y a la Apmun, que es el organismo "competente para la incoación, instrucción y resolución del correspondiente procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística y en su caso sancionador".
En su resolución, el Ayuntamiento advierte también de que en caso de incumplimiento de la orden de suspensión de la actividad por parte de la empresa, el Consistorio impondrá "hasta diez multas coercitivas" y dará cuenta al Ministerio Fiscal para que se depuren posibles responsabilidades penales.
Para la empresa, ésta es la segunda orden de suspensión de su actividad a la que se enfrenta en poco tiempo. La anterior se produjo el pasado mes de junio y afecta a su cantera de Tías, en la zona conocida como "Las Majadas" y "Corral Prieto". En este caso, el Ayuntamiento ordenó paralizar la actividad en una de las tres zonas de la cantera, por estar explotándose en suelo protegido "sin la preceptiva licencia municipal".
